La dictadura comunista que rige los destinos de la República Popular de China conocía desde diciembre de 2019 la propagación de un virus en el seno de la población de la ciudad de Wuhan, cuya primera manifestación data del 17 de noviembre. Un coronavirus similar al SARS, que habría anidado y mutado en el entorno insalubre de los mercados de mariscos y animales exóticos de dicha población, donde pueden encontrarse en estos últimos, para consumo humano, desde perros a murciélagos, pasando por insectos y reptiles.

A finales del citado mes de diciembre, un médico chino, el doctor Lu Xiaohong, sospechaba de la existencia del letal virus y de su contagio a humanos, pero no hizo público su descubrimiento por temor a las represalias. Más adelante, la doctora china Ai Fen, directora de Urgencias del Hospital Central de Wuhan, el doctor Li Wenglian y otro personal sanitario, comunicaron la situación a sus colegas de profesión a través de WeChat (una suerte de Whatsapp controlado por el Gobierno chino). Finalmente, la doctora Ai Fen (a día de hoy en paradero desconocido, según la televisión australiana), asumiendo gran riesgo,  alertó oficialmente a las autoridades el 11 de enero de 2020. Y, entonces, la dictadura china antepuso silencio y represión a salud y verdad. Se detuvo a los médicos que notificaron la grave situación, acusados de extender falsos rumores. Entre ellos, al doctor Wenglian, que terminaría falleciendo al haberse expuesto desprotegido al virus. Se impuso una verdad oficial, hasta que a finales del mes de enero fue imposible ocultarlo por más tiempo. Mientras tanto, se había perdido un tiempo precioso, tanto para alertar a la comunidad internacional como para compartir el conocimiento adquirido sobre el virus y poder avanzar en tratamiento y contención del Covid-19.

Ya en marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud reconoció oficialmente la pandemia y comenzó la batalla por el relato. La República Popular de China, denunciada en 2019 por Reporteros Sin Fronteras de “tratar de imponer un nuevo orden mundial de la información”, ha lanzado una inmensa campaña de propaganda para lavar su imagen y salir exculpada de sus gravísimas responsabilidades en esta crisis mundial. Una política que incluye donaciones de material sanitario a los países más afectados, por supuesto sin renunciar a las ventas masivas de productos sanitarios. No está sola en su empeño, cuenta con sus candidatos de Manchuria para propagar su mensaje. Cuenta con altavoces mediáticos y un ejército de soldados de terracota en las redes sociales, siempre dispuestos a alabar al régimen chino y sus supuestas bondades. Qué no dirían tantas voces que se alzan en defensa de China comunista, si esta pandemia tuviera su origen en Estados Unidos y se hubiera descubierto una gestión de la información como la practicada por el régimen chino.

La batalla por el relato no puede perderse, pues se homologaría el modelo chino y se perpetuaría la dependencia en términos de manufacturación y distribución que Occidente tiene de la República Popular de China y que no se puede seguir manteniendo por más tiempo. Como ha hecho la organización de Reporteros Sin Fronteras, se ha de señalar de forma inequívoca la culpabilidad del Gobierno chino en esta crisis sanitaria. Y es obvio que las democracias occidentales y orientales no pueden tener un grado de dependencia excesivo de un régimen que como toda dictadura, no es un socio fiable. Y lo han demostrado ocultando una información sensible y, nunca mejor dicho, de vital importancia para la comunidad internacional. No pueden reescribir el relato con éxito. Si lo hacen, engrosaremos sin remedio las filas de sus candidatos de Manchuria. Seremos otro ladrillo de su muralla de silencio.