Con la disculpa de luchar contra la pandemia provocada por el Covid-19, algo que claramente no ha hecho dado que España es el país del mundo donde más personas han fallecido por esta infección por millón de habitantes, el Gobierno totalitario de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias ha acabado de "de facto" con el Estado de derecho. Tras poner a la Fiscalía General y a la Abogacía del Estado a sus pies, después de cerrar a cal y canto el Parlamento y tras abolir numerosos derechos elementales de ciudadanos y empresas, el Ejecutivo comunista y bolivariano ha decidido poner a la Guardia Civil a trabajar para acabar con la libertad de expresión. Así lo ha reconocido el Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil, el general José Manuel Santiago, que, preguntado sobre la lucha contra las "informaciones falsas", ha señalado que la Benemérita trabaja para “minimizar ese clima contrario a la gestión de la crisis por parte del Gobierno”. (Ver vídeo) 

Tras el escándalo derivado de estas palabras, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha matizado esa declaración afirmando que “ha sido un lapsus”, pero las palabras del General Santiago eran tan claras y reveladoras que han provocado un inmenso terremoto político y mediático.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha asegurado que "la Guardia Civil no está para minimizar el clima contrario a la gestión de crisis por parte del Gobierno". "Pedro Sánchez debe explicar si ha ordenado a los Cuerpos de Seguridad coartar la libertad de expresión de los ciudadanos en redes sociales para tapar sus errores.

Por su parte, la portavoz parlamentaria del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, ha explicado que las declaraciones de uno de los principales responsables de la Guardia Civil son "una prueba dramática de la capacidad del Gobierno para pudrir las instituciones". Además, ha exigido la “comparecencia urgente” del General Santiago, del ministro Marlaska, del secretario de Estado de Seguridad y de la directora general de la Guardia Civil. Del mismo modo, el PP, a través de Twitter, ha explicado: “Si das tu opinión a través de las RRSS sobre la nefasta gestión del Gobierno, te interesa saber que el Gobierno de Sánchez ha obligado a trabajar al CNI (Pablo Iglesias), no para buscar test, sino para callarnos y que no se le critique”.

Desde Vox, Santiago Abascal ha lanzado una “alerta democrática”, advirtiendo: “Esto es, de hecho, el inicio de un golpe de Estado del propio Gobierno, que ordena al Instituto Armado que vulnere la Constitución”. El líder de Vox ha añadido que “las Fuerzas de Seguridad de Estado están para perseguir los delitos y no para convertir en delito el ejercicio de la oposición ni para minimizar las críticas al Gobierno. Un Gobierno, en este caso, que con esta orden ilegal ha traspasado todos los límites”. Vox también ha anunciado “acciones judiciales urgentes contra los que han dado esas órdenes y contra cualquier funcionario que las acate, porque son evidentemente ilegales al tratar de proscribir e ilegalizar de facto la oposición y la crítica al Gobierno”.

Ciudadanos también ha reclamado “la comparecencia del Ministro del Interior y del Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil”. El portavoz adjunto de Cs, Edmundo Bal, ha calificado  las palabras del General Santiago como “una declaración gravísima y muy preocupante”. Del mismo modo, Joan Mesquida, exdirector general de la Guardia Civil y actualmente miembro de la Ejecutiva de Ciudadanos, ha afirmado que: “no doy crédito a las palabras del General. Investigar las críticas a la gestión del Gobierno es totalmente inaceptable. Me gustaría saber quién ha dado esta orden claramente inconstitucional y una malversación de recursos públicos”. Mesquida también ha añadido: “Si ha sido un lapsus debe ser cesado inmediatamente, y si ha recibido la orden de alguna autoridad política debe dimitir de inmediato”.