Por su responsabilidad en la muerte de 27.563 personas (hasta el momento de redactar este artículo editorial); por su responsabilidad en convertir a España en el país del mundo con mayor número de muertos por Covid-19 por cada millón de habitantes; por su responsabilidad en la infección por coronavirus de 31.000 hombres y mujeres pertenecientes al ámbito sanitario; por su responsabilidad en la falta de material básico de protección que todavía padecen miles de profesionales médicos y miembros de las Fuerzas de Seguridad; por tolerar durante semanas que una parte muy concreta de la población (los ancianos) fuera diezmada al apenas tener posibilidades de sobrevivir en caso de infección, ya que los recursos hospitalarios eran derivados premeditadamente a otros grupos poblacionales... Por todo esto, y algunas cosas más, el Gobierno de PSOE-Podemos es, efectivamente, un Gobierno presuntamente criminal.

Por ocultar ignominisionamente durante al menos seis semanas todas y cada una de las advertencias que estaban llegando desde diversas instituciones internacionales pidiendo al Estado español que éste se preparara contra la grave pandemia que estaba expandiéndose desde China; por permitir las manifestaciones de extrema-izquierda del pasado 8 de marzo sabiendo que las concentraciones multitudinarias de personas eran una bomba expansiva para la infección vírica; por lavarse las manos durante semanas ante la pandemia de coronavirus pidiendo a los españoles hacer exactamente lo mismo: “lavarse las manos”; por renunciar cínicamente a proteger a los ciudadanos españoles... Por esto, y algunas cosas más, el Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias es un Gobierno presuntamente criminal que podría haber cometidos graves delitos contra la salud pública, de prevaricación con dolo eventual y homicidios y lesiones por imprudencia.

Por bloquear la actividad parlamentaria excediéndose de las atribuciones que le confiere la Ley; por suspender derechos de los ciudadanos cuya prohibición solamente puede llevarse a cabo bajo la proclamación de un Estado de excepción; por evadirse durante semanas del control de la prensa impidiendo a los periodistas acudir físicamente a las ruedas de prensa y filtrando y dirigiendo sus preguntas; por perseguir y amenazar públicamente a los escasos medios de comunicación y a los pocos periodistas que ejercen su trabajo con independencia y espíritu crítico; por utilizar la radiotelevisión pública como una herramienta para la manipulación de los ciudadanos y para el señalamiento y la culpabilización indiscriminada de colectivos concretos de la población (determinadas formaciones políticas conservadoras, determinadas organizaciones sociales, empresarios, entidades financieras, etc.); por ordenar a la Guarda Civil acabar con el pensamiento libre y crítico, situando al país a las puertas de un Golpe de Estado; por alentar y contribuir a que empresas multinacionales, en colaboración con empresas nacionales cercanas ideológicamente al Ejecutivo, conspiren para limitar el derecho a la libertad de expresión de los ciudadanos españoles...  Por esto, y algunas cosas más, el Gobierno de PSOE-Podemos es un Gobierno presuntamente criminal.

Por suspender derechos fundamentales de las personas (de movimiento, de reunión, de manifestación, de culto...); por suspender la libertad de empresa (prohibición de despidos, incautación de producción y materiales, etc.); por anular el derecho básico a la propiedad (prohibiendo, por ejemplo, los desahucios)... Y es que el derecho a una paralización casi absoluta de la economía, como este Gobierno sociocomunista ha impuesto, no está incluido de ningún modo, en el Estado de alarma. Por todo esto, el Estado tiene un responsabilidad patrimonial, y según el artículo 106.2 de la Constitución, los ciudadanos tienen derecho a ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión “sea consecuencia de un determinado funcionamiento de los servicios públicos”... Por esto, y algunas cosas más, el Gobierno de PSOE-Podemos es un Gobierno presuntamente criminal.

Por desviar fondos económicos y dilapidar ingentes recursos de las Fuerzas de Seguridad del Estado a investigar presuntos bulos y “noticias falsas” que en la mayor parte de las ocasiones salen del propio Gobierno miles de españoles mueren un día tras otro por falta de recursos hospitalarios. Por derrochar millones de euros subvencionando a las televisiones ideológicamente amigas (casi todas)... mientras todavía no ha sido capaz de contar con exactitud los miles de muertos que la pandemia ha provocado en España. Por buscar la opacidad de sus actuaciones eliminando el Portal de Transparencia, por tratar de amedrentar cualquier voz discrepante poniendo a la Fiscalía a ser servicio, por legalizar ‘de facto’ la ‘okupación’ de viviendas... Por todo esto, la totalidad de este Gobierno, con su Presidente, sus cuatro vicepresidentes y sus 18 ministros, es una Administración presuntamente criminal que, presuntamente, no se atreve a poner fin al Estado de Alarma porque intuye con acierto que los ciudadanos, una vez libres, le señalarán claramente su ignominioso destino final.