Se detiene a ciudadanos españoles por portar banderas nacionales
El Gobierno de PSOE y Podemos ordena a la Policía Nacional infiltrarse en las manifestaciones pacíficas que decenas de miles de españoles realizan contra Pedro Sánchez
Según ha podido saber La Tribuna del País Vasco, el Ministerio del Interior ha ordenado a la Policía Nacional identificar, controlar y minimizar las cada vez más numerosas protestas, manifestaciones, caceroladas y concentraciones que ciudadanos anónimos están organizando para protestar contra las actuaciones del Gobierno de extrema-izquierda de PSOE-Podemos alrededor de la pandemia del Covid-19.
Desde hace varios días, el Ejecutivo de Sánchez e Iglesias, que ya utiliza a la Guardia Civil para restringir la liberdad de expresión de los ciudadanos, ha comenzado a emplear a la Policía Nacional, cada vez más parecida a la Guardia Nacional bolivariana según la oposición, a vigilar determinadas conductas morales de los españoles, entre las que, al parecer, se encuentra la crítica a la Administración de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
![[Img #17733]](https://latribunadelpaisvasco.com/upload/images/05_2020/1802_captura-de-pantalla-2020-05-12-a-las-192123.png)
A tenor de lo informado por algunas organizaciones policiales, la excusa empleada por el Gobierno para mandar a las Fuerzas de Seguridad a reprimir "caceroladas" y para ordenar que no se permita a los ciudadanos pasear con banderas nacionales, es "vigilar las medidas sanitarias" y "controlar las aglomeraciones". Pero, por ejemplo, Serafín Giraldo, portavoz de la Unión Federal de Policía (UFP), ha denunciado en una entrevista radiofónica que la Policía Nacional está recibiendo “órdenes políticas” desde las delegaciones del Gobierno.
Giraldo ha reconocido que “esto no es un estado de alarma, esto hay que llamarlo de otra manera”. “Me parece más un estado de excepción donde se prohíben derechos fundamentales tan básicos como el derecho a manifestarse. Estamos llegando a situaciones límite”, ha subrayado. El portavoz de la UFP tampoco entiende que se imponga “un toque de queda a las 11 de la noche. Yo no sé por qué a las 11 de la noche todo el mundo tiene que estar metido en su casa. Hay cosas ilógicas”.
“Cuando se conculcan derechos de ciudadanos, cuando se vulneran derechos fundamentales, que son los mayores derechos que tenemos, yo creo que los tribunales de justicia deberían dar un paso adelante también… no la Policía, sino los tribunales de justicia”, ha explicado Giraldo.
En este punto, hay que recordar también que hace dos años, el Pleno de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo dictó una sentencia en la que establecía que, en un sistema democrático, no cabe, para los militares y guardias civiles, la exención de responsabilidad por razón de obediencia debida, por lo que están obligados a incumplir órdenes que sean ilegales.
Según la sentencia, "el sistema legalmente establecido obliga al no cumplimiento de una orden que constituya delito o infrinja el ordenamiento jurídico". Esto es, "no caben en nuestro ordenamiento jurídico mandatos antijurídicos obligatorios, entendiendo por ello cualquier mandato que vaya contra la Ley o el Derecho".
Según ha podido saber La Tribuna del País Vasco, el Ministerio del Interior ha ordenado a la Policía Nacional identificar, controlar y minimizar las cada vez más numerosas protestas, manifestaciones, caceroladas y concentraciones que ciudadanos anónimos están organizando para protestar contra las actuaciones del Gobierno de extrema-izquierda de PSOE-Podemos alrededor de la pandemia del Covid-19.
Desde hace varios días, el Ejecutivo de Sánchez e Iglesias, que ya utiliza a la Guardia Civil para restringir la liberdad de expresión de los ciudadanos, ha comenzado a emplear a la Policía Nacional, cada vez más parecida a la Guardia Nacional bolivariana según la oposición, a vigilar determinadas conductas morales de los españoles, entre las que, al parecer, se encuentra la crítica a la Administración de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.
A tenor de lo informado por algunas organizaciones policiales, la excusa empleada por el Gobierno para mandar a las Fuerzas de Seguridad a reprimir "caceroladas" y para ordenar que no se permita a los ciudadanos pasear con banderas nacionales, es "vigilar las medidas sanitarias" y "controlar las aglomeraciones". Pero, por ejemplo, Serafín Giraldo, portavoz de la Unión Federal de Policía (UFP), ha denunciado en una entrevista radiofónica que la Policía Nacional está recibiendo “órdenes políticas” desde las delegaciones del Gobierno.
Giraldo ha reconocido que “esto no es un estado de alarma, esto hay que llamarlo de otra manera”. “Me parece más un estado de excepción donde se prohíben derechos fundamentales tan básicos como el derecho a manifestarse. Estamos llegando a situaciones límite”, ha subrayado. El portavoz de la UFP tampoco entiende que se imponga “un toque de queda a las 11 de la noche. Yo no sé por qué a las 11 de la noche todo el mundo tiene que estar metido en su casa. Hay cosas ilógicas”.
“Cuando se conculcan derechos de ciudadanos, cuando se vulneran derechos fundamentales, que son los mayores derechos que tenemos, yo creo que los tribunales de justicia deberían dar un paso adelante también… no la Policía, sino los tribunales de justicia”, ha explicado Giraldo.
En este punto, hay que recordar también que hace dos años, el Pleno de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo dictó una sentencia en la que establecía que, en un sistema democrático, no cabe, para los militares y guardias civiles, la exención de responsabilidad por razón de obediencia debida, por lo que están obligados a incumplir órdenes que sean ilegales.
Según la sentencia, "el sistema legalmente establecido obliga al no cumplimiento de una orden que constituya delito o infrinja el ordenamiento jurídico". Esto es, "no caben en nuestro ordenamiento jurídico mandatos antijurídicos obligatorios, entendiendo por ello cualquier mandato que vaya contra la Ley o el Derecho".
