“La Delegación del Gobierno tenía conciencia del peligro que suponía la celebración de reuniones y manifestaciones en fechas previas al Estado de Alarma”. Esta es la conclusión principal del informe que remitió la comandancia de la Guardia Civil al juzgado de instrucción 51 de Madrid y que forma parte de la causa por la que ha sido citado a declarar como imputado al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, por autorizar la marcha feminista del 8M a pesar de saber, presuntamente, el riesgo de contagio que se corría en la misma. Partidos políticos y organizaciones policiales consideran además que este informe es por el que ha sido destituido el coronel Diego Pérez de los Cobos. 

El informe cita numerosos argumentos para afirmar que el Gobierno de extrema-izquierda de Pedro Sánchez era conocedor del peligro de celebrar marchas como la del 8 de marzo en las semanas previas al Estado de Alarma. Así, señala las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud que el 29 de ese mes ya aconsejaba “evitar aglomeraciones y no permanecer con frecuencia en espacios cerrados y abarrotados”, así como mantener, “al menos, un metro de distancia” con otras personas.

La Guardia Civil también recoge en su informe entregado a la juez un documento interno de prevención de riesgos laborales que fue hecho llegar a los trabajadores de la Delegación del Gobierno en Madrid el 28 de febrero -actualizado el 5 de marzo- que afirma que “se tiene constancia de la gravedad de la enfermedad” con sus posibles efectos más adversos y recomienda que se “mantenga el distanciamiento social” con al menos un metro de distancia.

El informe realizado por la Benemérita hace un recopilatorio, además, de comunicaciones mantenidas entre distintas autoridades gubernamentales con personalidades internacionales del ámbito de la salud, así como con los Gobiernos regionales, para determinar que desde el mes de enero el Ejecutivo tenía conocimiento de la gravedad de la pandemia. 

Otro de los puntos señalados en el informe revela que el Gobierno pidió suspender un congreso evangélico -que se iba a celebrar entre el 19 y el 21 de marzo- durante una reunión mantenida con los organizadores el 6 de marzo, presentando para ello un estudio que consideraba de riesgo cualquier evento multitudinario. A dicha reunión -precedida por otra un día antes-, acudieron el ministro de Sanidad, Salvador Illa, el coordinador del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, la entonces directora de Salud Pública de la Comunidad de Madrid (Yolanda Fernández) y los representantes de iglesias evangélicas, según testimonios tomados a algunos asistentes. “Ese congreso no se podía celebrar bajo ningún concepto”, habría dicho Fernando Simón, sobre un evento que estaba previsto para 6.000 personas. Así, el informe señala una flagrante contradicción cuando el Gobierno permitió dos después de aquella reunión la celebración del 8M, al que se estima una asistencia de hasta un millón de personas.

El documento también recoge que el día antes de las marchas feministas, el Gobierno prohibió una maratón en Barcelona y, sin embargo, el director del CAES, Fernando Simón, respondió así ese mismo día sobre qué le diría a su hijo en caso de que quisiera acudir al 8M: “Si mi hijo me pregunta si puede ir, le diré que haga lo que quiera”.

Por último, el informe recoge que entre el 5 y el 14 de marzo fueron convocadas 177 manifestaciones, de las cuales 35 acabaron siendo desconvocadas, 20 de ellas por motivos derivados de la situación sanitaria. De hecho, y según explican los investigadores de la Guardia Civil, en muchos casos no fue la Delegación del Gobierno quien suspendió las convocatorias, sino que hubo llamadas por su parte a los responsables de esas manifestaciones para convencerles de que no era conveniente llevar a cabo las marchas con el fin de que las desconvocaran ellos mismos y que así no quedara registrado que había sido la Delegación la que las había cancelado.

Con todas estas consideraciones, el documento concluye que a partir del pasado 5 de marzo "no se debería haber realizado ninguna manifestación o concentración de personas en la Comunidad de Madrid con motivo de la crisis sanitaria del covid-19" porque ya existía un "profundo conocimiento de los riesgos de la enfermedad por parte de los responsables sanitarios, así como del control exhaustivo de la evolución de la misma, cuando menos con fecha 5 de marzo de 2020, y de cómo los mismos evidenciaron que el evento no se podía celebrar, precisamente por los riesgos que comportaba la concentración de personas”.

NUEVA DENUNCIA CONTRA EL GOBIERNO

Así las cosas, La Tribuna del País Vasco ha podido saber que se acaba de interponer una nueva denuncia en el Juzgado de Guardia de Instrucción de Madrid contra el delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Madrid, José Manuel Franco, y "contra cuantos pudieran ser responsables de un presunto delito de prevaricación administrativa por haber autorizado o consentido la manifestación feminista del 8 de marzo de 2020 sin suspender además la celebración de otros eventos multitudinarios, todo ello de forma arbitraria y con plena consciencia del gravísimo riesgo que podía producir en la propagación exponencial del coronavirus, teniendo en cuenta que ya había dos núcleos detectados en la capital y que se habían contabilizado 17 muertos".

La denuncia advierte, además, "sobre la posibilidad de que en el curso de la investigación pudiera detectarse la responsabilidad de otras personas pertenecientes al Gobierno, en cuyo caso se solicita que conforme dispone la ley se eleven las actuaciones al Tribunal Supremo a los efectos que estime pertinentes".