La administración sociocomunista colapsa ante la tramitación de ERTEs y pensiones
La Administración en manos de la coalición PSOE-Podemos se encuentra en un estado de severo colapso debido a las consecuencias derivadas de la pandemia así como a las producidas por una gestión incompetente prolongada durante meses. Según un informe elaborado por Vox, "la tramitación del IMV (Ingreso Mínimo Vital) así como otras prestaciones que se abonaban en un plazo de dos semanas están encontrándose hoy con unos plazos que exceden los treinta días".
A juicio de la formación de Santiago Abascal, esta situación de colapso en la tramitación de prestaciones así como una exigua respuesta de los organismos, desbordados en gran parte, "amenaza también la tramitación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de los trabajadores españoles, muchos de ellos abocados a la incertidumbre ante los planes del Gobierno, cuyas medidas dejarían fuera a más de medio millón de personas.
La multiplicación exponencial que se ha producido en el número de solicitudes del IMV ha traído aparejado una ralentización de otros procesos tales como los relacionados con la jubilación o la viudedad, que ha provocado retrasos en los pagos o tramitaciones, algo que ha afectado significativamente a muchas familias.
La Administración en manos de la coalición PSOE-Podemos se encuentra en un estado de severo colapso debido a las consecuencias derivadas de la pandemia así como a las producidas por una gestión incompetente prolongada durante meses. Según un informe elaborado por Vox, "la tramitación del IMV (Ingreso Mínimo Vital) así como otras prestaciones que se abonaban en un plazo de dos semanas están encontrándose hoy con unos plazos que exceden los treinta días".
A juicio de la formación de Santiago Abascal, esta situación de colapso en la tramitación de prestaciones así como una exigua respuesta de los organismos, desbordados en gran parte, "amenaza también la tramitación de los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) de los trabajadores españoles, muchos de ellos abocados a la incertidumbre ante los planes del Gobierno, cuyas medidas dejarían fuera a más de medio millón de personas.
La multiplicación exponencial que se ha producido en el número de solicitudes del IMV ha traído aparejado una ralentización de otros procesos tales como los relacionados con la jubilación o la viudedad, que ha provocado retrasos en los pagos o tramitaciones, algo que ha afectado significativamente a muchas familias.




















