El mismo Gobierno que es responsable político de la muerte de no menos de 65.000 personas en España víctimas de la pandemia del Covid-19 está aprovechando el ruido y el caos generado por la expansión del coronavirus para multiplicar sus ataques a la libertad de expresión y potenciar su actividad censora. Así, a través del Ministerio de la Presidencia en manos de Carmen Calvo, el Ejecutivo de extrema-izquierda ha impulsado un plan para autoproclamarse responsable de decidir lo que es "desinformación" y lo que no lo es y para actuar contra lo que, bajo su criterio, constituye una "difusión deliberada a gran escala y sistemática de mensajes falsos» que «persiguen influir en la sociedad con fines interesados y espurios".

El nuevo paso del Gobierno bolivariano de PSOE-Podemos para frenar la libertad ha sido publicado ya en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y se argumenta con la misma excusa falsaria que siempre han utilizado las dictaduras fascistas o comunistas para acallar las voces disidentes: autoproclamarse los poseedores absolutos de la verdad para, consecuentemente, arrogarse la defensa de "la libertad de expresión y el derecho a la información que se consagran como derechos fundamentales".-

El plan permitiría, en caso de que se considere necesario, realizar campañas de comunicación pública dirigidas por la Secretaría de Estado de Comunicación para "frenar" la "desinformación" detectada. Para elaborar el proyecto, el Ejecutivo asegura tomar como punto de partida el Plan de Acción contra la Desinformación del Consejo Europeo de 2018, que reclama una acción coordinada de los estados miembros para atajar la desinformación. Así, el Ejecutivo crea un Sistema Nacional para la prevención, la detección, la alerta, el seguimiento y respuesta a este fenómeno.

La estructura para "la lucha contra la desinformación" está formada por el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de Situación, la Secretaría de Estado de Comunicación, la Comisión Permanente contra la desinformación, las Autoridades públicas competentes y el sector privado y la sociedad civil.

Por parte del Consejo de Seguridad Nacional, según consta en el BOE, le corresponde asistir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además, la denominada Comisión Permanente contra la desinformación estará coordinada por la Secretaría de Estado de Comunicación, que es la responsable de la coordinación de la política informativa del Gobierno.

Las «autoridades públicas competentes» que se integrarán en ese mecanismo son asimismo la Secretaría de Estado de Comunicación, la Presidencia del Gobierno, el Centro Nacional de Inteligencia y los Gabinetes de comunicación de Ministerios y «otros organismos relevantes».

Esas autoridades competentes serán las que podrán solicitar la colaboración del sector privado y la sociedad civil, entre los que se citan los medios de comunicación, las plataformas digitales, el mundo académico, el sector tecnológico, las organizaciones no gubernamentales y la sociedad en general.

El plan de actuación contra la desinformación establece cuatro niveles. El primero es la detección, la alerta temprana y la notificación del problema. El segundo nivel comprende la convocatoria de la alerta y la realización de una campaña de comunicación pública sobre la desinformación, entre otras medidas.

Un tercer escalón conllevaría dar información a nivel político-estratégico por parte de la Secretaría de Estado de Comunicación y hacer seguimiento y evaluación de la alerta, mientras que el cuarto estadio sería la coordinación de la respuesta a nivel político por parte del Consejo de Seguridad Nacional en caso de atribución política de una campaña de desinformación a un tercer estadio.

La puesta en práctica de este procedimiento, según recoge el BOE, se probará y entrenará tanto en ejercicios nacionales como en simulacros realizados conjuntamente con otros países e instituciones de la Unión Europea.