Las comunidades autónomas españolas se están convirtiendo en peligrosas herramientas liberticidas en manos de socialdemócratas, socialistas y comunistas. Si hace unos días, Galicia (PP) buscaba imponer la vacunación obligatoria a sus ciudadanos y más recientemente el Gobierno regional de Aragón (PSOE) se autoconcedía la potestad de encerrar a sus vecinos allí donde considerase necesario, ahora ha sido el Gobierno de extrema-izquierda de Baleares, presidido por Francina Armengol, también socialista, el que da un nuevo paso en la eliminación de los derechos fundamentales de los ciudadanos: el consejero de Movilidad y Vivienda de esta comunidad, Josep Marí, ha firmado la primera resolución por la que la Administración de las islas inicia, por un plazo de siete años, la expropiación de 56 viviendas inscritas en el registro oficial, con un coste total de 1,8 millones de euros.

Este precio supone una rebaja del 40% respecto a los precios  de mercado en Baleares, con una media de 391 euros mensuales por vivienda. Se trata de 27 viviendas en Mallorca, 23 en Menorca y seis en Ibiza, que, una vez se finalicen los trámites, el Gobierno regional sociocomunista dice que ofrecerá como alquiler social.

Hay que recordar, además, que todo esto se produce mientras desde el Gobierno central (PSOE-Podemos) se alienta, se comprende, se justifica, se minimiza y nunca se castiga el allanamiento y el robo de las viviendas que son las "okupaciones".