Propuesta de Ley de nacionalistas y socialistas
Confinamientos forzosos, cuarentenas obligatorias y castigos para quienes no se vacunen: así se gestionará la pandemia en el País Vasco tras el fin del Estado de Alarma
El Gobierno Vasco (PNV-PSOE) ha expresado su criterio favorable a la toma en consideración de la Proposición de Ley sobre las Medidas para la Gestión de la Pandemia generada por el Covid-19, que ha sido formulada por el PNV y el PSE y que está siendo ya tramitada con carácter de urgencia en el Parlamento Vasco.
La nueva normativa, que trata de establecer un marco legal que permita la actuación de las autoridades sanitarias autonómicas una vez desaparecido el Estado de Alarma, “ordenar, de manera estructural y duradera” en el País Vasco, “el comportamiento, el compromiso y la responsabilidad de la ciudadanía, las instituciones, administraciones y personas públicas y privadas de cara a poder hacer frente a la pandemia”.
Editorial: La patética incapacidad del Gobierno Vasco para gestionar la crisis del Covid-19
El Gobierno autonómico considera necesario disponer de una regulación legal estable que determine los instrumentos jurídicos y las actuaciones que competen a las Administraciones Públicas vascas. “Todo ello con el objetivo de prevenir y preservar la salud pública, garantizar la seguridad de las personas y sostener las capacidades del sistema sanitario vasco como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del Covid-19”.
La normativa que regulará las medidas para la gestión de la pandemia, que se está tramitando en el Parlamento, establece, dentro del marco de una Emergencia Sanitaria que puede ser declarada por el Lehendakari, la definición de diferentes niveles de alarmas y alertas, muy similares a las existentes actualmente bajo el Estado de Alarma, y su aplicación en diferentes ámbitos territoriales en el marco de la CAV. En sus disposiciones, la nueva ley continúa atribuyendo al Lehendakari, mientras dure la situación de emergencia sanitaria, la dirección única y coordinación de las actividades de la emergencia.
Entre sus aspectos más polémicos, la Proposición de Ley sobre las Medidas para la Gestión de la Pandemia generada por el Covid-19 establece claras limitaciones al derecho fundamental a la propiedad privada al marcar “un régimen de vinculación de los recursos públicos e incluso de los privados que se identifiquen, a la atención de la crisis de salud pública". Además, la norma también obligaría a “hospitales de titularidad privada y otros recursos sanitarios externos al sistema público de salud" a unirse a la lucha contra la pandemia y autorizaría “la disposición de hoteles para cuarentenas de personas que precisen de vivienda alternativa o con viviendas sin condiciones de habitabilidad, con condiciones precarias o de hacinamiento”.
La ley en tramitación imposibilita textualmente “la realización de pruebas diagnósticas de SARS-CoV-2 a grupos de población en función de su residencia u otros criterios delimitadores sin la previa indicación de las autoridades sanitarias”. Además, limita claramente derechos fundamentales de los ciudadanos vascos cuando señala, en cuanto a la realización de pruebas diagnósticas, que “la denegación del consentimiento para la realización de las pruebas por la persona afectada se recogerá por escrito y llevará aparejada como consecuencia la imposibilidad de llevar a cabo el trabajo o la actividad sujeta a la realización de la misma, así como, en su caso, la posibilidad de que se impongan restricciones u obligaciones personalizadas en los términos previstos por esta Ley. Este mismo precepto se aplicará a los efectos de la exigencia de vacunación”.
La nueva Ley establece la obligatoriedad del confinamiento y la cuarentena en virtud de las resoluciones que pudiera adoptar la autoridad sanitaria o como de las actuaciones materiales desarrolladas por los servicios sanitarios para la contención de los brotes epidémicos de la pandemia Covid-19. Así, define la obligación de aislamiento, “en cuya virtud cualquier persona contagiada por SARS-CoV-2 permanecerá en el lugar que se le indique, durante el plazo establecido en cada caso, sin posibilidad de desplazarse ni de relacionarse con otras personas”. También define la obligación de cuarentena, “en cuya virtud cualquier persona o grupo de personas sospechosas de haber sido contagiadas permanecerá en el lugar que se le indique, durante el plazo establecido en cada caso, sin posibilidad de desplazarse ni de relacionarse con otras personas”.
Conscientes del dudoso encaje legal y constitucional de una norma que ataca directamente a los derechos fundamentales de las personas, y para evitar que las medidas puedan ser retrasadas por la actividad judicial, la proposición de Ley establece que cuando “atendida la evolución actual de la pandemia Covid-19 y la imperiosa necesidad de que las medidas para combatirla sean efectivas de inmediato para preservar la vida de las personas, garantizando la eficaz preservación de los intereses generales que exigen la intervención contra la pandemia covid-19 y la preservación de la capacidad asistencial del sistema de salud, se presumirá, salvo prueba en contrario y siempre sin perjuicio de las medidas cautelares que pudiera acordar la autoridad judicial, que concurren circunstancias de urgencia que justifican la inmediata efectividad de las medidas de confinamiento que pudieran acordarse por la autoridad sanitaria y, consecuentemente, la aplicación del régimen de ratificación judicial de dichas medidas”.
El Gobierno Vasco (PNV-PSOE) ha expresado su criterio favorable a la toma en consideración de la Proposición de Ley sobre las Medidas para la Gestión de la Pandemia generada por el Covid-19, que ha sido formulada por el PNV y el PSE y que está siendo ya tramitada con carácter de urgencia en el Parlamento Vasco.
La nueva normativa, que trata de establecer un marco legal que permita la actuación de las autoridades sanitarias autonómicas una vez desaparecido el Estado de Alarma, “ordenar, de manera estructural y duradera” en el País Vasco, “el comportamiento, el compromiso y la responsabilidad de la ciudadanía, las instituciones, administraciones y personas públicas y privadas de cara a poder hacer frente a la pandemia”.
Editorial: La patética incapacidad del Gobierno Vasco para gestionar la crisis del Covid-19
El Gobierno autonómico considera necesario disponer de una regulación legal estable que determine los instrumentos jurídicos y las actuaciones que competen a las Administraciones Públicas vascas. “Todo ello con el objetivo de prevenir y preservar la salud pública, garantizar la seguridad de las personas y sostener las capacidades del sistema sanitario vasco como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por la pandemia del Covid-19”.
La normativa que regulará las medidas para la gestión de la pandemia, que se está tramitando en el Parlamento, establece, dentro del marco de una Emergencia Sanitaria que puede ser declarada por el Lehendakari, la definición de diferentes niveles de alarmas y alertas, muy similares a las existentes actualmente bajo el Estado de Alarma, y su aplicación en diferentes ámbitos territoriales en el marco de la CAV. En sus disposiciones, la nueva ley continúa atribuyendo al Lehendakari, mientras dure la situación de emergencia sanitaria, la dirección única y coordinación de las actividades de la emergencia.
Entre sus aspectos más polémicos, la Proposición de Ley sobre las Medidas para la Gestión de la Pandemia generada por el Covid-19 establece claras limitaciones al derecho fundamental a la propiedad privada al marcar “un régimen de vinculación de los recursos públicos e incluso de los privados que se identifiquen, a la atención de la crisis de salud pública". Además, la norma también obligaría a “hospitales de titularidad privada y otros recursos sanitarios externos al sistema público de salud" a unirse a la lucha contra la pandemia y autorizaría “la disposición de hoteles para cuarentenas de personas que precisen de vivienda alternativa o con viviendas sin condiciones de habitabilidad, con condiciones precarias o de hacinamiento”.
La ley en tramitación imposibilita textualmente “la realización de pruebas diagnósticas de SARS-CoV-2 a grupos de población en función de su residencia u otros criterios delimitadores sin la previa indicación de las autoridades sanitarias”. Además, limita claramente derechos fundamentales de los ciudadanos vascos cuando señala, en cuanto a la realización de pruebas diagnósticas, que “la denegación del consentimiento para la realización de las pruebas por la persona afectada se recogerá por escrito y llevará aparejada como consecuencia la imposibilidad de llevar a cabo el trabajo o la actividad sujeta a la realización de la misma, así como, en su caso, la posibilidad de que se impongan restricciones u obligaciones personalizadas en los términos previstos por esta Ley. Este mismo precepto se aplicará a los efectos de la exigencia de vacunación”.
La nueva Ley establece la obligatoriedad del confinamiento y la cuarentena en virtud de las resoluciones que pudiera adoptar la autoridad sanitaria o como de las actuaciones materiales desarrolladas por los servicios sanitarios para la contención de los brotes epidémicos de la pandemia Covid-19. Así, define la obligación de aislamiento, “en cuya virtud cualquier persona contagiada por SARS-CoV-2 permanecerá en el lugar que se le indique, durante el plazo establecido en cada caso, sin posibilidad de desplazarse ni de relacionarse con otras personas”. También define la obligación de cuarentena, “en cuya virtud cualquier persona o grupo de personas sospechosas de haber sido contagiadas permanecerá en el lugar que se le indique, durante el plazo establecido en cada caso, sin posibilidad de desplazarse ni de relacionarse con otras personas”.
Conscientes del dudoso encaje legal y constitucional de una norma que ataca directamente a los derechos fundamentales de las personas, y para evitar que las medidas puedan ser retrasadas por la actividad judicial, la proposición de Ley establece que cuando “atendida la evolución actual de la pandemia Covid-19 y la imperiosa necesidad de que las medidas para combatirla sean efectivas de inmediato para preservar la vida de las personas, garantizando la eficaz preservación de los intereses generales que exigen la intervención contra la pandemia covid-19 y la preservación de la capacidad asistencial del sistema de salud, se presumirá, salvo prueba en contrario y siempre sin perjuicio de las medidas cautelares que pudiera acordar la autoridad judicial, que concurren circunstancias de urgencia que justifican la inmediata efectividad de las medidas de confinamiento que pudieran acordarse por la autoridad sanitaria y, consecuentemente, la aplicación del régimen de ratificación judicial de dichas medidas”.
