Quince meses después del estallido de la pandemia de Covid-19, el País Vasco, uno de los lugares del mundo donde peor se ha gestionado la crisis, se encuentra padeciendo ésta tan dramáticamente como al primer día: los vecinos confinados, las libertades individuales diezmadas, los hospitales atestados, las ucis colapsadas, los datos de contagios entre los más elevados de Europa, la economía destrozada, las empresas paralizadas, los autónomos arruinados y el Gobierno de nacionalistas y socialistas… culpabilizando, amenazando y amedrentando a los ciudadanos por su “mal comportamiento”.

Iñigo Urkullu (mando único frente al virus), que ha dejado el control de la evolución de la epidemia en alguien cuyo todo bagaje ha sido dedicar tres décadas de su vida profesional a blanquear políticamente a ETA y equiparar a las víctimas de la banda terrorista con sus verdugos, es, sin lugar a duda, uno de los casos más claros de estulticia y de incompetencia política para resolver problemas, de incapacidad para la autocrítica y de patética insolvencia para ofrecer a los ciudadanos seguridad, apoyo, fortaleza y confianza en el futuro.

Durante estos últimos meses, el Gobierno de nacionalistas y socialistas solamente ha tenido tiempo para desplegar más y más policías autonómicos infructíferos en las calles y carreteras, para idear estrategias para liberarse del obligado control judicial de sus acciones, para aterrorizar a hombres, mujeres y niños con todas las penas del infierno (“lo peor está por llegar”, “la pandemia se quedará muchos meses nosotros”...), para construir intrincados galimatías con los que dictar más y más confinamientos y para reforzar los toques de queda que, evidentemente, no sirven para nada o casi nada. A los hechos nos remitimos: más de un año después desde que sucediera lo impensable, los vascos, con todos los esfuerzos del mundo a nuestras espaldas, seguimos exactamente igual de mal que en marzo de 2020, teniendo en cuenta que, además, la comunidad también se ha situado a la cola de España y de la UE a la hora de ofrecer vacunas a los ciudadanos que así lo deseen.

Con los montantes económicos que el Gobierno de Iñigo Urkullu e Idioa Mendía ha dedicado durante el último año y medio a potenciar proyectos baldíos, estrictamente ideológicos, se podrían haber levantado nuevos hospitales similares al Zendal madrileño en las tres provincias vascas; con el dinero que el Ejecutivo autonómico ha dedicado durante 2020 y lo que llevamos de 2021 a mantener el gigantismo de una de las Administraciones más ampulosas de la Unión Europea, se hubieran podido crear centenares de nuevas plazas de personal médico; y, en fin, si alguien en el Gobierno Vasco, de verdad, tuviera conciencia de que lo que importan son los ciudadanos y las necesidades de éstos en lo que respecta a su seguridad, su bienestar, su desarrollo y el progreso de sus hijos, la situación hubiera sido muy distinta.

Y es que el caos repetido en Osakidetza, el absurdo contradictorio de los confinamientos perimetrales, el escabullir el bulto a la hora de apoyar con decisión a pymes y autónomos, la injerencia liberticida en la vida cotidiana de las personas, el mantenimiento de organismos asesores formados mayoritariamente por (comisarios) políticos, la obsesiva culpabilización de la población y, en fin, apostarlo todo a una mayor represión de la actividad socio-económica como única solución a la crisis del Covid-19, no solamente demuestra una flagrante incapacidad para responder eficazmente a la pandemia sino que, por encima de cualquier otra consideración, lo que revela es un profundo ultraje y desprecio a los ciudadanos vascos, a sus valores, a sus costumbres, a su cotidianidad, a sus necesidades y a su capacidad para construir su vida y la de sus familias en libertad.