La Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), ante la publicación del Real Decreto-Ley de 4 de mayo, por el cual, entre otras cosas, se reforma la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa creando una suerte de "recurso de casación exprés" en el Tribunal Supremo contra las resoluciones de los Tribunales Superiores de Justicia en materia sanitaria, ha emitido un comunicado en el que recuerda que “las asociaciones judiciales tenemos como finalidad principal la defensa de los intereses de los miembros de la carrera judicial, pero también el marco normativo que nos regula nos impone el deber de defender los valores constitucionales y el Estado de Derecho”.

En este sentido, la Asociación AJVF denuncia que, en la actualidad, la mayoría de las modificaciones legislativas (o, al menos, las más relevantes) se están haciendo por Decreto-Ley del Gobierno, lo cual supone "una perversión del sistema constitucional que atribuye al Ejecutivo potestad legislativa solo en casos de extrema y urgente necesidad”.

Esta asociación, integrada por casi un millar de jueces y magistrados, considera que “se ha convertido la excepcionalidad en norma, sustrayendo la actividad legislativa a la soberanía popular”. De hecho, añade la AJVF, en el caso del Real Decreto-Ley 8/2021 de 4 de mayo, “la urgencia y necesidad alegadas son ficticias, ya que el Estado de Alarma tenía fecha prevista de finalización y las dudas sobre la suficiencia del marco legal existente para afrontar la actual situación de pandemia no son nuevas”.

Para la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, hechos como la falta de renovación del CGPJ demuestran “la subordinación servil del Legislativo al Ejecutivo”. Y añade que “las Cámaras no han sido convocadas para la renovación de los vocales del CGPJ, pese a que el proceso de remisión de candidaturas previsto en la de la Ley Orgánica del Poder Judicial está finalizado. No se controla la acción del Gobierno. Tenemos un Estado de Alarma de seis meses de duración sin ningún tipo de control parlamentario. No se celebra el debate sobre el Estado de la nación y apenas hay debates sobre política general del país. La única materia de la que se trata es la electoral”.

En este sentido, la AJFV señala que “el Tribunal Constitucional está desaparecido de manera consciente, evitando resolver recursos de inconstitucionalidad contra leyes que afectan a derechos fundamentales, hasta el punto de que cuando el Tribunal Constitucional se pronuncie, la declaración de inconstitucionalidad -si se produce- será ineficaz, al haber desplegado la ley anulada todos sus efectos. El Tribunal Constitucional, con su inacción, contribuye a la liquidación del sistema, al actuar de forma opaca en cuanto a los tiempos que maneja para la resolución de asuntos: no se sabe por qué unos van más rápidos que otros. No sólo no garantiza, por tanto, los derechos fundamentales de los ciudadanos, sino que constituye un obstáculo para su defensa”.

Todo esto, la pasividad del Legislativo, la falta de impulso del Ejecutivo y un Tribunal Constitucional incumplidor, “han obligado a los órganos judiciales a decidir sobre limitaciones de derechos fundamentales a partir de interpretaciones extensivas de normas pensadas para otros supuestos, con el riesgo que eso implica para los derechos fundamentales de la ciudadanía”.

El Real Decreto-Ley de 4 de mayo “supone la confirmación de la dejación de funciones del Legislativo, de la omnipotencia del Ejecutivo y de la elusión de responsabilidades de este último a la hora de tomar iniciativas legislativas eficaces. Nuevamente se descarga en los jueces la gestión de un problema de índole nacional grave, como es la pandemia, judicializando la vida pública y subvirtiendo el orden natural constitucional”.