El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido evadirse de su responsabilidad y dejar en manos de las comunidades autónomas las nuevas medidas para controlar la pandemia de Covid-19 una vez decaiga el Estado de alarma el próximo 9 de mayo. Además, la última palabra sobre las restricciones autonómicas la tendrá ahora el Tribunal Supremo en lugar de los tribunales autonómicos, tal y como ocurría hasta el momento.

Cinco días antes del fin del Estado de alarma, el Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto-ley que permitirá a las autonomías recurrir en casación ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo la presunta vulneración de derechos fundamentales en sus medidas de control de la pandemia, lo que a juicio del Gobierno central “mejorará la seguridad jurídica”.

En el País Vasco, donde la pandemia, a pesar de la represión de los derechos fundamentales que se mantiene desde casi año y medio, sigue avanzando como el primer día, el Gobierno PNV-PSE encabezado por el lehendakari Iñigo Urkullu está preparando un nuevo decreto liberticida que, a partir del próximo domingo, tratará de mantener el confinamiento de los vascos en su región, así como los toques de queda y las cuarentenas obligadas. A todas luces, será una de las primeras normativas autonómicas que podría acabar en la mesa del Tribunal Supremo.