Una ley que pretende dotar al Gobierno Vasco de competencias que no tiene, la de limitar el movimiento de personas residentes o no en el País Vasco, la de obligar al uso de la mascarilla también al aire libre, la de imponer la obligatoriedad de la vacuna, la de restringir el ejercicio de la libertad de culto a la que tiene derecho la ciudadanía.

Estos son algunos de los aspectos de más dudosa constitucionalidad de la ley vasca de medidas contra el Covid-19 que hoy han aprobado PNV, PSE y Podemos, y que ya analizan los servicios jurídicos de Vox con el objetivo de recurrir este texto legal ante el Tribunal Constitucional.

Para Amaia Martínez, parlamentaria vasca de Vox, esta es una cuestión fundamental “pero llama aún más la atención la fórmula elegida para la tramitación de la ley y que en el momento de su nacimiento sea ya un marco legal absolutamente innecesario, con la pandemia en firme retroceso, con todos los indicadores a la baja, lo que no deja de ser una doble buena noticia. No ha lugar a la aplicación de una ley inconstitucional porque el retorno a la normalidad parece más cercano”.

Tras meses de desconcierto, de incesante goteo de planes de vacunación, de desescalada, de abordaje de la pandemia, Martínez ha insistido en que “lo que necesitamos es concentrar las competencias sanitarias en el Gobierno de España para que el penoso espectáculo al que hemos asistido no se repita, espectáculo del que han sido responsables el presidente español desnortado y a la ambición indisimulada de presidentes autonómicos empeñados en dejar su huella, entre ellos el señor Urkullu”.