El comportamiento del hombre frente a la enfermedad aún no ha acabado de sorprendernos, máxime cuando este hombre detenta un poder omnímodo sobre sus conciudadanos.

La historia nos ha dejado ejemplos loables de acción política y humana contra las epidemias, como el de Aureliano, y de otros cuyo calificativo merecería un estudio a parte, como es el caso de Sánchez en España o el de Macrón en Francia.

La respuesta francesa

La larga lista de actos de gobierno contrarios al espíritu democrático, y llevados a cabo por Pedro Sánchez, exigiría un estudio profundo, legal y sociológico, para el que estas reducidas líneas resultan insuficientes. La respuesta francesa, sin embargo, por su dureza, con tintes de un pasado negro, vivido en los años 30/40 del pasado siglo, que muchos quisieran olvidar, pero que el Ejecutivo francés se esfuerza en resucitar, nos parece más apta para un sucinto análisis de prensa.

Francia, como España, es un país donde el turismo y el sector del ocio representan una parte importante del PIB, por lo que la posibilidad de que se produzca un nuevo estallido de insuficiencia sanitaria antes y durante el periodo estival, ha hecho palidecer las arcas de su Hacienda y reaccionar a su Gobierno con una ya característica capacidad de imprevisión, que es lo que menos se parece al tan admirado espíritu cartesiano del pueblo Galo. 

Así, el 21 de julio fue presentado el proyecto de Ley de Medidas Urgentes contra el Covid basadas en la instauración de un Certificado o Pasaporte Sanitario "Made In France" cuyo objetivo no declarado es convertirse en precursor de la obligación, para todos los franceses, de dejarse inocular, bajo la apelación de vacuna, un tratamiento experimental basado en una nueva tecnología llamada de "ARN mensajero", tratamiento que en el marco de la experimentación científico-legal, como han reconocido sus fabricantes, aún no ha superado la fase de análisis clínico, sin la cual, dicha terapia no podría ser aplicada o ensayada en ningún ser humano sin su consentimiento.

La urgencia sanitaria y el corte de libertades. Estigmatización de una parte de la población francesa.

Sin embargo, la más alta autoridad del Estado francés, sin concertación previa y echando abajo todas las enmiendas presentadas por la oposición, decidió -bajo el principio de urgencia sanitaria - saltarse todos los principios legales y morales de prudencia pues si, como el propio gobierno reconoce, la inoculación del ARN mensajero no es obligatoria, las contingencias provocadas por el Certificado Sanitario son de tal envergadura que imposibilitan la vida social y laboral, exigiendo a los profesionales de la restauración que ejerzan de controladores jurados del porte del Certificado Sanitario por cada uno de sus clientes, bajo amenaza de importantes multas o incluso de suspensión de empleo y sueldo a los trabajadores de ciertos sectores si rechazan la exigencia de inocularse la terapia experimental que llaman vacuna y basada en el ARN mensajero, estigmatizando de esta manera a una parte de la población y convirtiéndola en paria.

Esta forma de operar va contra la moral, polariza la sociedad, convirtiendo en parias, como en su época fueron los agotes, a todos aquellos que por preservar su integridad física y moral, rechacen el imperativo legal de inocularse un agente patógeno cuyos beneficios están lejos de ser demostrados. 

Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea

El derecho de la Unión Europea ha dado un nombre a este tipo de medidas. Las llama "Medidas de Efecto Equivalente", pues aunque tengan un carácter administrativo y de aplicación global, es decir, indistintamente aplicables, producen un efecto discriminatorio en cuanto a derechos, ya sean de tránsito, de asueto o de trabajo.

Por ejemplo, en el conocido "caso Dassonville", se puede observar claramente el efecto discriminatorio de una medida indistintamente aplicable, pues el Gobierno francés, necesitado de dinero, había decidido incrementar exponencialmente la viñeta o tasa de circulación para todos los vehículos de fabricación nacional o extranjera que superasen los 16 caballos  de potencia fiscal. La medida no parecía discriminatoria, pero sí lo era pues en Francia, en la época, no se fabricaban coches con potencia superior a los 16 caballos, por lo tanto se estaba claramente discriminando a los vehículos extranjeros, al cargarles un impuesto netamente superior al sufrido por los vehículos nacionales, convirtiendo la medida en ilícita.

Algo similar había pasado con la sentencia Ley de Pureza de la Cerveza, pues al decidir el Gobierno alemán que toda cerveza, para poder ser comercializada en suelo alemán, debía estar fabricada según la norma alemana, por motivos de salud pública, el Gobierno alemán estaba discriminando el tráfico de toda cerveza fabricada según las normas de otros países y protegiendo su mercado interior de manera ilícita.

Todas estas, que eran medidas de efecto équivalente prohibidas por el Tratado de Roma, presentan una gran similitud con lo que hoy en día llamamos Certificado o Pasaporte Sanitario. Por si fuera poco, existe numerosa jurisprudencia de la Unión Europea que explica que las medidas que, como el Certificado Sanitario, contingentan nuestra libertad, deben, para no caer inmediatamente en la ilegalidad, respetar 3 principios:

1/ Proporcionalidad entre el coste incurrido y el objetivo perseguido: ¿es proporcional el supuesto beneficio sanitario de estas medidas al coste que representa la pérdida de libertad, la discriminación apoyada por la estigmatización y la ruptura de los principios democráticos?.

2/ La Justificación (¿podemos, en el estado actual del conocimiento científico, justificar las medidas restrictivas de libertad?).

3/ Legitimidad (¿puede légitimarse una acción gubernamental que, basada en el principio de seguridad y salud pública, se realiza contrariamente a todos nuestros valores filosóficos, espirituales y políticos?)

Hecho este inciso sobre las consideraciones legales del Derecho de la Unión Europea y teniendo en cuenta las tensiones legales y sociopolíticas que esta crisis está produciendo, ¿no debiera el Gobierno francés darse el tiempo de madurar sus análisis y sus medidas de contención de la crisis sanitaria?

A pesar de nuestras dudas y de las de muchos otros actores sociales, el Gobierno - frente a la contestación ciudadana, en crecimiento exponencial, y a la oposición del Senado - ha decidido pisar el acelerador en un camino que le lleva directo al precipicio.

Con este comportamiento, a todas luces histérico, es legítimo preguntarse ¿será la situación sanitaria realmente tan grave y desesperada?

Analicemos los datos con realismo

La tasa de mortalidad del virus que ha provocado este caos social y político es inferior a la de muchas otras enfermedades que la historia nos recuerda. Sin embargo, este virus es extremadamente contagioso cuando no respetamos los gestos barrera o de profilaxis social. Asimismo, el virus ha sufrido tantas mutaciones o re-combinaciones que al día de hoy, lo que el Gobierno llama vacuna no impide ni el contagio pasivo ni el activo. 

En tales circunstancias, lo lógico, lo racional, debería conducir la acción gubernamental hacia las medidas profilácticas, completadas con tratamientos y terapias tendentes a reducir la carga viral cuando una persona es contaminada, con el fin de que nuestro organismo realice en trabajo de protección por sí mismo, pues sabemos que los gestos barrera funcionan y los tratamientos - aunque el gobierno los haya prohibido a la medicina liberal - existen

¿Cuál es entonces el problema, desconocido o escondido, que nos conduce inexorablemente hacia esta histeria colectiva?

A través de la prensa internacional y nacional, hemos podido constatar que desde hace ya dos meses, todas las instituciones internacionales y los gobiernos de los Estados de la UE nos sumergen de informaciones propagandísticas explicando la extrema necesidad de portar, solidariamente, el pasaporte o certificado sanitario, lo que para muchos implica vacunarse y para otros la realización de tests que certifiquen la capacidad para viajar y mantener contactos sociales sin peligro de contaminación. Es por lo tanto normal que preparando las vacaciones, para evitar el riesgo de rechazo discriminatorio en frontera, tanto en la UE como en los países con los que ésta guarda relaciones, muchos de sus ciudadanos se hayan hecho test masivamente y en poco tiempo, para obtener el pasaporte sanitario y circular libremente durante las vacaciones.

Ahora bien, como todos sabemos, sin necesidad de ser especialistas en Estadística, el incremento masivo en la realización de tests conlleva un aumento bruto y porcentual de la aparición de positivos de Covid, pero no porque haya muchos más casos realmente, sino porque se constatan más de los ya existentes, lo que hace saltar todas las alarmas de nuestra hipertrofiada sociedad de la seguridad. Dicho de otra manera, si el pasaporte sanitario, convertido en salvoconducto de todo viaje, no hubiese hecho aparición, millones de personas hubieran preparado sus vacaciones sin realizar masivamente tests anti Covid y no se hubiera registrado un incremento significativo de contaminados, de los cuales muchos son asintomáticos.

Dicho de otra manera, una cierta normalidad, con prudencia pero sin miedo, se hubiera asumido y casi consolidado, sin tanto grito de alarma y sin polarización social.

Y si he dicho casi consolidado es porque el incremento de población foránea y por lo tanto de los contactos, en verano, es siempre un factor de riesgo. Por ejemplo, cuando en una ciudad de 100.000 habitantes, el flujo turístico la hace ascender a 200.000 personas, habiendo entre los foráneos una representación de más de 10 países con situaciones sanitarias diferentes, la probabilidad de contagio, teniendo en cuenta que el territorio sigue siendo el mismo y que, lógicamente, habrá más contactos de proximidad, es más que proporcional al incremento del número de habitantes. 

Por lo que, tanto el anuncio de la obligación del pasaporte sanitario como el incremento poblacional generado por el turismo, son dos factores determinantes en el incremento estadístico del número de personas contaminadas.

¿Podría deducirse de lo dicho que el número de defunciones provocadas por el Covid y asociadas a este incremento de contaminados, sigue la misma proporción?

Según los datos estadísticos en nuestra posesión, NO

El aumento del número de defunciones es proporcionalmente inferior al incremento del número de contagiados, lo que tanto para la prensa como para los Gobiernos debiera ser un signo positivo que ayudase a calmar los espíritus y permitiría una búsqueda serena de soluciones para estabilizar las economías y el comportamiento, tanto del ciudadano de a pie como del mundo político. 

¿Cómo acompañar este proceso?

Insistiendo en la aplicación de gestos barrera, en una mejor alimentación y en la necesidad de continuar investigando la posibilidad de encontrar terapias o tratamientos médicos, que sabemos que existen y que podrían llegar a ser la principal solución a esta epidemia, sin bloquear ni el factor social ni el político económico.

Existen especialistas en genética como el Dr. Christian Velot, en Francia o como el profesor Arkin, en Israel, que consideran la búsqueda de nuevos tratamientos, acompañados de una mejora alimenticia y medioambiental, como la mejor aproximación a la solución de esta crisis covidiana.

Según un reciente estudio realizado en Israel, por no nombrar los estudios ya realizados por el profesor Raoult, en Francia, y de eficacia probada, la búsqueda de uno o varios tratamientos combinados es la buena manera de abordar el tema.

Un equipo de científicos israelíes ha anunciado haber identificado tres medicamentos eficaces contra el Covid-19. En los ensayos de laboratorio, el éxito obtenido con los tres tratamientos fue del 100%. El director del equipo, el profesor Isaiah Arkin, bioquímico de la universidad hebraica de Jerusalén,  explica que examinando más de 3.000 medicamentos existentes para verificar si eran apropiados contra el Covid, se apercibió que tres de los 3.000 analizados presentaban resultados esperanzadores. Se trata del Darapladib, que trata la ateroesclerosis, del Flumatinib, un medicamento contra el cáncer, y un tercer medicamento contra el VIH.  

Los tres tratamientos han mostrado que podían proteger las células del ataque del virus con una eficacia próxima al 100%, lo que quiere decir que casi el 100% de las células atacadas por el virus sobrevivieron a la infección gracias al tratamiento, según declaró Arkin a The Times of Israel. 

Para llegar a estas conclusiones, el científico abordó cada una de las experiencias con perspectivas diferentes a las habitualmente empleadas. Por eso, mientras muchos de los investigadores concentraban sus esfuerzos en el estudio de la proteína Spike del virus, que tiene forma de punta y que permite infectar las células, el equipo de Arkin se concentraba en la proteína que envuelve al virus y que tiene la particularidad de no cambiar mucho de una variante a otra, lo que la hace eficaz frente a las mutaciones del virus. Arkin identificó, además, una proteína situada en las membranas de todos los organismos, gracias a la cual, y sobre todo a su estructura, los medicamentos seleccionados podían actuar con eficacia. Esta pista, seguida por el equipo de Arkin, presenta la doble ventaja de ser ya ampliamente explotada por la industria farmacéutica para atacarse a otras patologías como por ejemplo la hipertensión arterial o las anginas. Arkin recordó que gracias a estos medicamentos se podría completar la acción de la vacuna, y que de esta manera, las autoridades sanitarias dispondrían de un mejor arsenal para combatir el virus.

Volviendo al pasaporte aanitario, se observa que su implantación casi dictatorial levanta serias, y a veces violentas, oposiciones. Ya se ha convertido en un conflicto social mayor y está poniendo en duda la credibilidad de las instituciones, al sentir la población que no se están respetando los Derechos Humanos. Sobre todo, cuando los poderes públicos, con la política de aislamiento del pasaporte sanitario, pretenden inocular en el cuerpo de sus ciudadanos sanos, y contra su voluntad, un tratamiento experimental que los propios fabricantes como Pfizer o Astrazeneca reconocen como tal, lo que puede explicar todos los rumores que circulan sobre las cláusulas contractuales de responsabilidad concernientes a los efectos colaterales del tratamiento. En realidad, lo pactado explicita que si el producto vendido es defectuoso, la responsabilidad contractual y penal es del laboratorio, ahora bien, teniendo en cuenta que ningún laboratorio ha tenido tiempo para realizar la fase de análisis clínico donde se hubieran podido observar los efectos a largo plazo de la "vacuna", los términos contractuales explicitan que si hay efectos indeseables derivados de la vacuna, que no podían ser identificados y el laboratorio puede demostrar que era imposible saber de estos efectos indeseables con anticipación, entonces no se hace responsable de los efectos colaterales (se pueden escuchar las declaraciones de 16 de noviembre en France Info, realizadas por Agnès Pannier-Runacher, Ministro de Industria).

Resumiendo, en caso de efectos imprevisibles de la vacuna a medio y largo plazo, teniendo en cuenta su carácter experimental, los laboratorios no se hacen responsables del problema y las víctimas, que ya ha habido, serán cubiertas por el Office National D' Indemnisation des Accidents Medicaux (ONIAM), en ciertos casos, como precisa la página web del Ministerio.

En definitiva, las indemnizaciones no serían pagadas por los laboratorios sino por los Presupuestos Generales del Estado, lo que en última instancia quiere decir, por las propias víctimas. ¿Cómo puede el Ejecutivo pensar que con este comportamiento no se producirá un levantamiento social contestatario?

Cualesquiera que sean los argumentos del Ejecutivo, se constataque hay una clara indefensión del ciudadano frente a las grandes multinacionales y a la capacidad coercitiva del Estado. En tales circunstancias, el pasaporte sanitario puede convertirse en el factor desencadenante de una violenta explosión social.