Los defensores a ultranza del pase de vacunación totalitario impuesto por Emmanuel Macron comienzan a preocuparse por las quiebras que aparecen en sus planes liberticidas. No solamente son los cientos de miles de franceses que todos los sábados, desde hace seis semanas, se manifiestan en decenas de capitales galas contra la obligación administrativa de vacunarse contra el Covid-19 para acceder a un sinfín de locales públicos. Ahora son también las patronales de algunos de los sectores económicos más importantes del país las que se oponen a la implementación socialdemócrata de los “pases de salud”. “Las repercusiones económicas que estamos sufriendo nos hacen exigir que se ponga fin a esta exigencia”, explica Jacques Creyssel, responsable de la Federación de Comercio y Distribución.

Pero hay más. La propia Justicia está tomando cartas en el asunto. En Yvelines, el Tribunal Administrativo de Versalles ha suspendido la orden del prefecto de extender el pase sanitario a todos los centros comerciales del departamento. Una decisión que podría tener fuertes consecuencias si creara jurisprudencia. ¿La explicación dada por el tribunal?: la decisión política de la prefectura de hacer imponer el pase de vacunación “obstaculiza gravemente el acceso de los ciudadanos a cubrir sus necesidades básicas”.