La gestión de la pandemia del Covid-19 en el País Vasco puede resumirse de una forma tan sencilla como contundente: confinamientos tan reiterados como fallidos, libertades individuales diezmadas, hospitales atestados, ucis colapsadas, los datos de contagios entre los más elevados de Europa, la economía destrozada, las empresas paralizadas, los autónomos arruinados y el Gobierno de nacionalistas y socialistas… culpabilizando, amenazando y amedrentando a los ciudadanos por su “mal comportamiento”.

El hecho incomprensible pero cierto de que el lehendakari Iñigo Urkullu (mando único frente al coronavirus) haya dejado el control de la pandemia en Jonan Fernández, alguien cuyo todo bagaje ha sido dedicar tres décadas de su vida profesional a blanquear políticamente a ETA y equiparar a las víctimas de la banda terrorista con sus verdugos, es, sin lugar a dudas, uno de los casos más claros de estulticia y de incompetencia política para resolver problemas, de incapacidad para la autocrítica y de patética insolvencia para ofrecer a los ciudadanos seguridad, apoyo, fortaleza y confianza en el futuro.

Durante estos últimos 18 meses, el Gobierno de nacionalistas y socialistas, con un comportamiento marcadamente totalitario, solamente ha tenido tiempo para desplegar más y más policías autonómicos infructíferos en las calles y carreteras, para pergeñar estrategias para liberarse del obligado control judicial de sus acciones, para aterrorizar a hombres, mujeres y niños con todas las penas del infierno (“lo peor está por llegar”, “habrá que llevar mascarilla siempre”, “la pandemia se quedará muchos meses nosotros”...), para construir intrincados galimatías con los que dictar más y más encierros y para reforzar sucesivos y caóticos toques de queda que, evidentemente, no han servido a nadie para nada o casi nada.

Con los montantes económicos que el Gobierno PNV-PSE ha dedicado durante el último año a potenciar y mantener proyectos baldíos, estrictamente ideológicos, se podrían haber levantado decenas de nuevos hospitales similares al Zendal madrileño en las tres provincias vascas; con el dinero que el Ejecutivo autonómico ha dedicado durante 2020 y 2021 a mantener el gigantismo de una de las Administraciones más ampulosas de la Unión Europea, se hubieran podido crear centenares de nuevas plazas de personal médico; y, en fin, si alguien en el Gobierno Vasco, de verdad, tuviera conciencia de que lo que importan son los ciudadanos y las necesidades de éstos en lo que respecta a su seguridad, su bienestar, su desarrollo y el progreso de sus hijos, la situación hubiera sido muy distinta... Y es que el caos repetido en el Servicio Vasco de Salud (Osakidetza), el absurdo contradictorio de los confinamientos perimetrales, el escabullir el bulto a la hora de apoyar con decisión a pymes y autónomos, la injerencia liberticida en la vida cotidiana de las personas, el mantenimiento de organismos asesores formados mayoritariamente por (comisarios) políticos, la obsesiva culpabilización de la población y, en fin, apostarlo todo a una mayor represión de la actividad socioeconómica como única solución a la crisis del Covid-19, no solamente ha demostrado ser un flagrante fracaso para responder eficazmente a la pandemia sino que, por encima de cualquier otra consideración, lo que ha revelado es un profundo ultraje y desprecio a los ciudadanos vascos, a sus valores, a sus costumbres, a su cotidianidad, a sus necesidades y a su capacidad para construir su vida y la de sus familias en libertad.