En una resolución aprobada con 324 votos a favor, 155 en contra y 38 abstenciones, el Parlamento Europeo ha pedido incluir el derecho al aborto en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, en el artículo 7, añadiendo que "toda persona tiene derecho a un aborto seguro y legal".

La resolución reitera que los países de la UE “deben asegurar el acceso a servicios de aborto seguros, legales y gratuitos. También deberán garantizar servicios y suministros de asistencia sanitaria prenatal y materna, la planificación familiar voluntaria, métodos anticonceptivos, servicios adaptados a los jóvenes, así como la prevención, el tratamiento, la atención y apoyo ante el VIH, sin incurrir en ningún tipo de discriminación”.

Además, los eurodiputados piden a la Comisión y a los Estados miembros que intensifiquen su apoyo político a quienes define como “defensores de los derechos humanos y a los proveedores de asistencia sanitaria que trabajan para promover la salud y los derechos sexuales y reproductivos”.

La eurodiputada de Vox, Margarita de la Pisa, ha presentado paralelamente una resolución alternativa en favor de la vida en el Parlamento Europeo “con el fin de neutralizar el enésimo texto proabortista que la izquierda planta ante esta cámara”. Lo ha hecho en nombre del grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), al que pertenece Vox, en el contexto del debate sobre la reciente sentencia del Tribunal Supremo de EEUU sobre el aborto, que dictamina que esta práctica no es un derecho constitucional.

La resolución de De la Pisa constituye un hito provida en el Parlamento Europeo, al tratarse del primer texto en décadas que une la defensa de la vida humana desde su concepción en el vientre materno así como la defensa de la soberanía de los Estados miembros de la UE en materia de salud y asistencia sanitaria.

En este sentido, la propuesta del Grupo ECR recuerda que el artículo 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU establece que “toda persona tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad”, que el artículo 168 del Tratado de Funcionamiento de la UE fija que la Unión “respetará las responsabilidades de los Estados miembros por lo que respecta a su política de salud” y que el preámbulo de la Declaración de la Convención de la ONU sobre los Derechos del Niño dicta que “el niño necesita protección y cuidado especiales, incluso la debida protección legal, tanto antes como después del nacimiento”.

Con la histórica sentencia del Tribunal Supremo estadounidense sobre el aborto como telón de fondo, la propuesta de resolución denuncia que la UE, con sus debates y resoluciones sobre este tema, “se extralimita en sus competencias cuando interfiere en las decisiones de los órganos judiciales”, ya sean de terceros países como de los propios Estados miembros, lo cual constituye “una injerencia grave e injustificable en su soberanía”.

Asimismo, el texto habla del orden natural y subraya que este debe “atenerse al orden racional que emana de las verdades universales e inmutables, como hacer el bien y evitar el mal, que han guiado a todos los pueblos a lo largo de la historia”. “La vida tiene un valor infinito y una sociedad sana así ha de reconocerlo”, indica, a la vez que recuerda que la práctica del aborto “tiene un claro ánimo de lucro”.

El texto redactado por De la Pisa critica a su vez el concepto de “salud y derechos sexuales y reproductivos” que usa la izquierda para referirse al aborto y lo tilda de “eufemismo que se ha desarrollado en contra de la defensa de la vida y que socava la dignidad de las mujeres”. Asimismo, defiende el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario –éste sí un verdadero derecho fundamental–, y recuerda que “el acceso al aborto no está reconocido como un derecho humano” en virtud de ningún tratado o derecho internacional ni europeo.