Las declaraciones en el Parlamento Europeo y bajo juramento de una alta directiva de Pfizer asegurando que esta compañía no testeó sus vacunas contra el Covid-19 antes de ponerlas a la venta convierten en algo espantosamente real lo que algunos (muy pocos) venimos repitiendo desde que los burócratas de la Unión Europea, apoyados por el coro de nuevos tiranos socialdemócratas nacido alrededor de la pandemia, decidieron, a través de leyes coercitivas, pasaportes sanitarios, propaganda y desinformación, imponer de hecho la vacunación obligatoria a millones de ciudadanos del viejo continente: que con la excusa de combatir un virus poco más grave que el de la gripe, y amparándose en la impunidad otorgada por una permanente e inventada “situación de emergencia”, las élites políticas y económicas occidentales han orquestado e impulsado ‘manu militari’ a lo largo de casi tres años un gigantesco experimento médico y psico-social que les ha permitido calibrar el grado de obediencia de la gente a las normas liberticidas más absurdas, comprobar cómo el terror puede ser una excelente maquinaria de poder e insertar en la población un gigantesco conjunto de mandatos totalitarios que serán muy difíciles de anular.

En este periódico ya denunciamos en su momento que la pandemia de Covid-19 se creó artificialmente en base a una utilización falsaria, torticera y manipuladora de los test PCR, pero es que, además, los mismos políticos incendiarios, las mismas compañías farmacéuticas amorales, las mismas instituciones doblegadas a la autocracia liberal-progresista y, por supuesto, los mismos medios de comunicación del sistema, esos que a lo largo de los últimos meses han convertido el periodismo en activismo de izquierdas, la crítica en insulto y el análisis sosegado en pancarta vocinglera, todos ellos que en conjunto se inventaron una epidemia global, también han sido los impulsores después, con diferentes grados de responsabilidad, de que la vacuna de Pfizer, no probada, apenas estudiada, elaborada sobre investigaciones sesgadas y vendida por millones de unidades a la UE a través de contratos opacos incluso para los propios diputados, acabara inyectada impunemente en los cuerpos de millones de ciudadanos.

"Respecto a la cuestión de si sabíamos si nuestra vacuna contra la transmisión del Covid era efectiva antes de que entrara al mercado, no, no lo sabíamos. Teníamos que movernos a la velocidad de la ciencia para entender lo que estaba ocurriendo en el mercado de las vacunas". Esta respuesta que Janine Small, una de las directivas de Pfizer de rango más elevado, daba hace unos días en el Parlamento Europeo a la pregunta del congresista holandés Robert Roos (“¿Se testó la vacuna Pfizer contra el contagio y transmisión del Covid antes de que entrara en el mercado?) supone, de hecho, el descalabro más absoluto de los cimientos sobre los que se asienta nuestra libertad.

Y es que esta escueta pero rotunda contestación de la representante de Pfizer implica que millones de ciudadanos europeos han sido inoculados con un medicamento experimental, que según los datos que manejan las propias instituciones comunitarias, puede estar provocando un importante incremento de la mortalidad y de enfermedades graves en la población. La rotunda afirmación de la representante de Pfizer implica que las principales instituciones políticas de la muy democrática Unión Europea no dudaron en utilizar a los propios europeos, adultos, niños e incluso bebés, como cobayas al servicio de una serie de experimentos de una (o varias) compañías farmacéuticas y biotecnológicas. La respuesta de la representante de Pfizer significa que, si la justicia y la libertad tuvieran todavía algún significado en esta Europa distópica que tan bien representa alguien como Ursula von der Leyen, los tribunales deberían encontrarse en estos mismos momentos rebosantes de demandas y denuncias no solamente contra los máximos directivos de Pfizer, sino también contra la Comisión Europea y contra las diferentes instituciones nacionales (Gobiernos centrales y Ejecutivos autonómicos, especialmente) que no dudaron en imponer vacunaciones prácticamente obligatorias de sus ciudadanos chantajeando a éstos con la amenaza de graves restricciones de sus derechos y libertades. La aseveración de la representante de Pfizer implica, en fin, la rotunda comprobación de que, sin ningún control judicial, sin límites normativos y sin freno moral alguno, las élites políticas de la UE y de cada uno de los Estados miembros que han permitido, alentado y justificado esta barbaridad que solamente encuentra parangón en los ensayos clínicos llevados a cabo por los nazis con centenares de miles de presos, no han dudado un ápice a la hora de echar a los leones a sus súbditos basándose solamente en impulsos ideológicos, en estrategias más políticas que científicas, en intereses económicos todavía desconocidos y en falsarias arengas “solidarias” y “sostenibles”. Todo ello, adornado con una repugnante propaganda, difundida a través de medios comprados y serviles, con la que se ha estigmatizado, señalado, insultado, marcado y despreciado a las escasas personas, empresas y organizaciones que han osado dudar del discurso oficial impuesto alrededor de un virus real, de una pandemia inventada a golpe de PCR y de una(s) vacuna(s) experimentales.

La rotunda afirmación de la representante de Pfizer implica que las principales instituciones políticas de la muy democrática Unión Europea no dudaron en utilizar a los propios europeos, adultos, niños e incluso bebés, como cobayas al servicio de una serie de experimentos de una (o varias) compañías farmacéuticas y biotecnológicas

Desde la Segunda Guerra Mundial no se había vivido en Europa una situación parecida en la que millones de ciudadanos han sido secuestrados en confinamientos ilegales, empobrecidos por aberrantes decretos político-económicos, acallados con tapabocas calzados hasta las cejas, constantemente aterrorizados por los sicarios mediáticos de las élites progresistas y acorralados con leyes que les impiden expresarse en libertad. Y ahora sabemos que todo era tan falso y manipulador, y que todo estaba milimétricamente orquestado hasta el punto de que en estos momentos cientos de millones de personas desconocen la inmundicia que se han inyectado en sus cuerpos y en el de sus hijos. Y sí, con el permiso, la alevosía y el mandato de la Unión Europea y la aquiescencia de desequilibrados absolutos y mentirosos compulsivos como, entre otros muchos, Pedro Sánchez, Emmanuel Macron, Íñigo Urkullu (contra quien un grupo de ciudadanos vascos ya prepara acciones legales por su gestión totalitaria de la pandemia), Alberto Núñez Feijoó y tantos y tantos otros tiranos repartidos a lo largo y ancho de la UE.

Millones de ciudadanos han sido secuestrados en confinamientos ilegales, empobrecidos por aberrantes decretos político-económicos, acallados con tapabocas calzados hasta las cejas, constantemente aterrorizados por los sicarios mediáticos de las élites progresistas y acorralados con leyes que les impiden expresarse en libertad

"Respecto a la cuestión de si sabíamos si nuestra vacuna contra la transmisión del Covid era efectiva antes de que entrara al mercado, no, no lo sabíamos”, ha dicho Janine Small, en nombre de Pfizer, y esta afirmación supone que ha llegado la hora de la petición de responsabilidades. Sí, ha llegado el momento de que políticos inmorales, científicos cobardes, médicos silentes, responsables de medios de comunicación indecentes, periodistas vendidos y tantos otros que trataron y consiguieron promover un experimento médico-social de corte totalitario sean puestos a disposición de la Justicia. Los culpables han comenzado ya a borrar pruebas, pero su apuesta por la destrucción de la democracia, el cataclismo institucional que han provocado, los daños morales, físicos y psicológicos que han causado a millones de ciudadanos con sus inoculaciones experimentales (según datos de la UE) y su fascinación y empeño por alumbrar un nuevo totalitarismo transhumanista, están a nuestro alrededor y en los Boletines Oficiales del Estado. Sí, esta gente debe ser legalmente castigada con tanta dureza como dura será por décadas la vida de centenares de millones de ciudadanos europeos que habrán de continuar su transcurrir vital siempre pendientes de las consecuencias que pueda tener en su salud un medicamento que se les inyectó a granel en vacunódromos infames avalados por las autoridades políticas, médicas y científicas. Y glosados por una miríada de miserables desde un púlpito televisivo, un micrófono radiofónico, una columna “periodística” o una cuenta de Twitter. Sí, ha llegado la hora.