"El Estado mantiene en secreto los avistamientos de objetos voladores no identificados (ovnis), y solo se revelan aquellos incidentes que, según el Ministerio de Defensa, no amenazan la seguridad nacional. Esto es lo que el Ejército del Aire y del Espacio ha expresado a través del portal de Transparencia, negando proporcionar detalles sobre los avistamientos recientes y citando una normativa poco conocida, pero aún vigente de hace 30 años.

Según informa La Voz de Galicia, el portal de Transparencia del Gobierno ha tenido que tratar con asuntos relacionados con los ovnis a raíz de los avistamientos y el derribo de globos espías chinos en Estados Unidos, Reino Unido y otros países de la OTAN en febrero pasado. Posteriormente, una solicitud de información fue enviada al portal de Transparencia de Defensa para obtener información sobre la posible detección de sistemas espías chinos o "globos espías" de otras nacionalidades en España entre 2000 y 2022, así como sobre el número de avistamientos de "objetos aéreos no identificados" durante ese periodo.

El general Alejandro Chueca Ibáñez, en nombre del Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio, ha negado cualquier información sobre los más recientes avistamientos ovni en España, citando la prácticamente desconocida Instrucción General 40-5. Esta Instrucción, que data de marzo de 1992, establece las pautas para la recepción, clasificación, tramitación y custodia de la información relacionada con avistamientos de fenómenos extraños en el espacio aéreo nacional.

Según el Gobierno, esta Instrucción especifica que los archivos sobre ovnis en España están bajo la protección de la Sección de Inteligencia del Mando Aéreo de Combate. Además, esta información se clasifica como "confidencial", que es el tercer nivel más alto de protección, solo superado por "secreto" y "reservado". Por lo tanto, solo los informes "desclasificados" pueden ser conocidos por el público, lo que restringe el acceso a los más recientes.

Este secretismo aplicado por el Gobierno español al tema de los ovnis contrasta sobremanera con lo que está ocurriendo estos días en Estados Unidos. Al otro lado del Atlántico, el Comité Selecto de Inteligencia del Senado (SSCI) ha aprobado por unanimidad una legislación que abre las puertas y exige que cualquier persona que “actual o anteriormente” haya estado trabajando en cualquier entidad gubernamental y que tenga “en su posesión material o información proporcionada por o derivada del Gobierno Federal relacionada con fenómenos anómalos no identificados” debe notificarlo al director de la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO). Además, deberá proporcionar en un plazo máximo de 180 días (seis meses) desde lapromulgación de la ley  "una lista exhaustiva de todo el material de origen no terrestre o exótico de fenómenos anómalos no identificados" que posea y ponerlo a disposición del director de la AARO para su "evaluación, análisis e inspección". La AARO es la oficina del Pentágono creada por el Congreso para llevar a cabo investigaciones sobre fenómenos anómalos no identificados (FANI), nueva nominación para los fenómenos ovni, y recopilar información sobre la actividad actual y pasada del gobierno federal en relación con éstos.

La nueva legislación del Comité de Inteligencia también incluye lo que podría denominarse una disposición de "puerto seguro", que establece que si la persona informadora cumple con los plazos de notificación y puesta a disposición del material, "no podrá entablarse ni mantenerse ninguna acción penal o civil en ningún tribunal federal o estatal contra ella por haber recibido material o información".