El día del ajuste es una notable novela de Chuck Palahniuk que retrata la división de EEUU en función de los colectivos creados por la nueva ideología woke y las posteriores consecuencias en cada uno de los territorios donde quienes ostentan el poder imponen violentamente sus doctrinas haciéndoselo pagar crudo a los disidentes. La sátira tiene el mérito de reconocer el futuro distópico que nos espera en breve en todo Occidente de no hacer lo que hay que hacer.

Hemos dicho en anteriores ocasiones que el verdadero golpe de Estado no fue el de octubre de 2017 en Cataluña, sino que ésa era sólo una parte, la punta del iceberg del verdadero golpe de Estado en toda la nación, que comenzó en marzo de 2004 encabezado por Zapatero. Recientemente ha circulado un vídeo notable de Cayetana Álvarez de Toledo en el cual dice lo que ya habíamos mantenido desde aquí: que Sánchez no ha gobernado con quien lo ha hecho por necesidad sino ajustándose a un plan preconcebido que nació con Zapatero (el Pacto del Tinell fue el acuerdo constituyente y la forma de acceso al poder de Zapatero en las elecciones de marzo de 2004 el inicio real del proceso).

También se ha comentado que la técnica del golpe de Estado ha cambiado en las últimas décadas. Los asaltos violentos por militares o grupos armados han dado paso a la conquista de las instituciones mediante la intrusión, sin respeto a la legalidad ni a los principios constitucionales, de elementos de ese movimiento que conforman, a medio y largo plazo, una estructura de poder de lo que podemos llamar el Estado profundo que siempre queda enquistado en los engranajes de la nación de modo que ni siquiera un cambio de gobierno, con reformas sólo superficiales, puede cambiar el rumbo. Eso ocurrió durante los años de Rajoy, en los que no se modificaron los cambios estructurales que había realizado Zapatero en las leyes y las instituciones y por eso tal paréntesis del PP de Rajoy fue estéril (alguien lo llamó acertadamente la tercera legislatura de Zapatero) y no supuso mejora alguna de la nación, de modo que Hugo Sánchez no ha tenido sino que continuar la labor iniciada en 2004.

Tal estructura y tales engranajes constituyen el poder real del país. Puede cambiar el gobierno, pero si las instituciones continúan manejadas por los mismos que asisten hoy al régimen sanchista no cambiará nada en los próximos años, sólo estaremos en presencia de un nuevo paréntesis del proceso. Es imprescindible, pues, revertir el cambio de régimen iniciado por Zapatero.

Que el PSOE, ni el de Zapatero ni el de Hugo Sánchez, cree en la democracia lo demuestran sus actos y sus pactos y sus socios y modos de gobierno. Que el PSOE ha abandonado la democracia liberal de forma definitiva tampoco ofrece duda, por lo que es inútil aspirar a revalidar un bipartidismo constitucional que ya sólo existe en la imaginación de algunos o esperar una regeneración de un partido en el cual sus cuadros no alcanzan el nivel mínimo de un bachiller elemental y sus bases ya gritaban que con Rivera no y con Iglesias sí. Es un partido político perdido para la democracia (una derecha inteligente podría contribuir a que emergiera un partido socialdemócrata medianamente digno, pero ese espacio lo ha ocupado el PP).

Nos dice Feijóo que pretende derogar el sanchismo. Lo mismo dice Abascal. Y nos aseguran que derogarán las leyes más llamativas del desastre sanchista: ley de memoria democrática, ley del solo sí es sí, supresión de la sedición, recuperación del delito de malversación de caudales públicos y alguna otra.

Pero esto no es suficiente. Incluso en comunidades con mayoría absoluta del PP vemos que no se derogan las leyes de violencia de género (inconstitucionales), que no se derogan leyes LTGBI, o que se mantienen las subvenciones a los chiringuitos progresistas.

Tampoco es suficiente con realizar una gestión económica decente, como está ocurriendo en Andalucía o Madrid. Porque las cuestiones de fondo, las aguas profundas y podridas de la nación, no se regeneran. Como decimos, eso sólo supone nuevos paréntesis en el proceso, pero no su reversión.

Que se puede cambiar drásticamente un país desde el poder político no ofrece duda. Cuando se quiere y se tienen la convicción y la fortaleza de ánimo para hacerlo. El ejemplo de Bukele es manifiesto. En España muchos tememos un nuevo periodo a lo Rajoy. Ojalá nos equivoquemos.

Pero ningún cambio legislativo podrá ser efectivo si no reparamos lo esencial: en España, los delincuentes no pagan por sus delitos. Pagan los delincuentes comunes, pero no los políticos si son progresistas o nacionalistas. La tolerancia social hacia ellos es proverbial pero lo terrible es que también la tolerancia de la derecha a la vulneración de las leyes cuando provienen de la izquierda ha contribuido a la impunidad de los criminales (hace poco Moreno Bonilla se alegraba de que un delincuente condenado como Griñán no pague por sus delitos). No podemos esperar que las masas de izquierdas y nacionalistas cambien, pero es demoledor comprobar la tolerancia de la derecha "moderada" al crimen cuando lo comete la izquierda.

Si se confirma la victoria conjunta de PP y Vox el próximo 23J no habrá excusa para no hacer lo que hay que hacer. Y más allá de cambiar todas las políticas del sanchismo, habría de iniciarse un proceso severo, implacable, tenaz y definitivo de ajuste si realmente se quiere limpiar España y ofrecer a los españoles una democracia mínimamente digna.

El PSOE de Sánchez ha canibalizado todas las instituciones. No podrá haber una reparación digna de este periodo negro de la historia de España si no se reparan sus defectos sin paliativos. Para ello, es imprescindible iniciar cientos de querellas criminales para perseguir hasta el último indicio de prevaricación en cualquier político, funcionario o empleado público que haya ostentado poder durante el sanchismo. Durante estos cinco años de Sánchez hemos asistido a escándalos en todas las instituciones relevantes: RTVE, CIS, Correos, Fiscalía, INE, EFE, CNI, CSIC, INDRA, Consejo de Estado, Abogacía del Estado, Tribunal de Cuentas, Tribunal Constitucional, Consejo General del Poder Judicial, Marruecos, medios de comunicación... En todos esos escándalos pesan sombras sólidas de posibles prevaricaciones.

Es insoportable el tufo a prevaricación en instituciones como la Fiscalía General del Estado, la anterior y la actual. Una querella contra las personas que han desempeñado ese cargo durante los últimos cinco años es imprescindible para regenerar una institución que hiede. Pero no tendría que limitarse a dos personas sino que tendría que extenderse a todos aquellos miembros de esa institución que han colaborado en llevar a la práctica las órdenes de sus superiores. No puede suponerse una obediencia debida en una institución democrática, pues cualquier orden o iniciativa que vulnere la Ley no puede ser seguida por los restantes miembros del colectivo. Es evidente que hay que apuntar a los jefes de esa institución, pero no pueden irse de rositas otros fiscales de menor enjundia pero que han colaborado en llevar adelante actuaciones, por acción u omisión, que pudieran ser supuestamente prevaricadoras.

Fijémonos, por ejemplo, en el Tribunal de Cuentas. El gobierno realizó un cambio de fichas que supuso que dejaran de perseguirse los bienes de los implicados en el golpe de Estado en Cataluña de 2017 para reparar la malversación de caudales públicos que habían cometido. ¿Se permitirá que quien actuó de acuerdo con las instrucciones prevaricadoras del gobierno se vaya de rositas?

El sanchismo está dejando el Estado convertido en un solar para la democracia y la decencia mínimamente exigibles. Habría que interponer miles de querellas para comenzar un proceso de saneamiento que, de no llevarse a cabo, supondrá que cualquier otra medida no sea plenamente eficaz y se vuelva a incurrir en el error señalado más arriba: su inconsistencia solo supondrá un paréntesis pero más tarde, en una posterior legislatura, los mismos volverán a hacer las mismas cosas. Sencillamente porque prevaricar y delinquir les sale gratis.

Y no puede obviarse en ese ajuste de cuentas a quienes se opongan a tales acciones: hace unos meses se desestimó una querella contra Tezanos por prevaricación. Es necesario saber quiénes fueron los responsables del archivo de la causa sin practicar diligencias siquiera y los motivos que condujeron a esa sorprendente decisión.

Si los políticos y funcionarios progresistas estuvieran acostumbrados a que sus actos tuvieran consecuencias legales no vulnerarían la ley sistemáticamente. Hoy están cómodamente sentados en sus poltronas públicas, cobrando sueldos excelentes y burlándose del pueblo sobre el que gobiernan como auténticos caciques. Es posible cambiar a esa casta de burócratas por gestores cualificados (y el que no lo esté debe ser despedido) en función de sus méritos. Hay que combatir al burócrata progresista, el verdadero lobo para el hombre, implacablemente.

¿Por qué es necesario dirigir el radar también contra los segundos de a bordo y no sólo contra las cabezas visibles de los ministerios y las instituciones? Porque éstos que están en segundo plano continuarán desarrollando su labor, de forma más sorda y subterránea durante un tiempo, pero de una manera que socava los fundamentos de la sociedad puesto que ocupan puestos clave en todos los ámbitos. (Un ejemplo, el subsecretario del Ministerio de Trabajo lleva meses ocultando un dato esencial a los españoles: cuántos empleados fijos discontinuos están parados realmente. Tal ocultación puede ser constitutiva de delito y debería investigarse).

Hay que combatir esa casta dominante como a un plaga.

Pero también hay otras castas no funcionariales a los que es necesario castigar. Y nada mejor para combatirlas que dejarlas sin dinero público. Hemos dicho otras veces que nos hacen daño con nuestro dinero y que es la forma más estúpida de suicidio sostener a nuestros enemigos con nuestro dinero. Si les quitamos el dinero público no serán nada.

No se puede permitir que a "artistas" y supuestos "intelectuales" progresistas estemos financiándoles sus proyectos (en la mayoría de los casos ruinosos). Debemos rebelarnos contra la financiación pública de películas y espectáculos. El que quiera hacer una película que se la pague o busque financiación privada.  Ninguna sociedad necesita películas subvencionadas para seguir adelante. Eso no es cultura, es pesebre.

Del mismo modo, tenemos que exigir que se acaben las subvenciones a las televisiones y radios privadas. Deberían ser declaradas ilegales. Su grosera parcialidad, a veces manipulando información o justificando actuaciones auténticamente criminales no deben quedar impunes. Debe prohibirse que se otorgue un solo euro de dinero público a estas empresas. Debemos exigir que se liberalice el mercado. No hay razón alguna para que la televisión y la radio sean monopolios estatales por concesión y no propiedad privada. Si una de estas televisiones se arruina y acaba en quiebra y concurso es el problema de sus accionistas, no el de la sociedad española. Es una vergüenza que el grupo Prisa, quebrado desde hace décadas, continúe actuando contra la democracia gracias a las subvenciones de nuestro dinero.

Y debemos exigir que también se acabe con la financiación pública de partidos políticos, sindicatos y organizaciones patronales. El que no pueda costearse un partido político que se vuelva a su casa. El sindicato que no pueda sobrevivir con las cuotas de sus asociados no puede tener capacidad de representación de millones de trabajadores.

También es imprescindible tomar medidas sobre otras cuestiones que han traumatizado a nuestra sociedad en estos años. Vemos que en muchos países se está investigando la respuesta de los poderes públicos a una pandemia que ha dejado millones de muertos. En España, hoy, no sabemos la cifra real de muertos porque nos la oculta el gobierno.

Se ha de realizar una investigación exhaustiva de la pandemia y de las medidas que se tomaron, o que no se tomaron, para evitar los desastrosos efectos que pudimos comprobar (y que se hubieran podido atenuar). En este caso, una investigación seria debería conllevar citar a declarar al presidente del gobierno y al entonces vicepresidente para que expliquen el primero por qué no adoptó medida alguna antes del 14 de marzo de 2020 cuando tenía sobre la mesa diez informes del Consejo de Seguridad del Estado alertando de los posibles efectos del virus (informes que sí admitió conocer la inefable Ministra de Trabajo)  y cuyo contenido fue ignorado por el presidente hasta que se realizaron los actos previstos de la agenda feminista de su gobierno; el segundo debería explicar qué medidas adoptó para contener los efectos de la pandemia en las residencias de ancianos tras asumir el mando único. En países menos indecentes que el nuestro sí se está haciendo y el Dr. Fauci está cerca del banquillo de los acusados en EEUU. Sólo podemos imaginar cuánta enfermedad y muerte se hubieran podido evitar.

Es necesario utilizar los servicios de inteligencia para conocer el alcance del chantaje que potencias extranjeras han podido realizar al presidente del gobierno, las causas que lo han motivado y las posibles consecuencias presentes y futuras que decisiones tomadas a consecuencia de ello han tenido y pueden tener para el país.

Es imprescindible investigar el destino de los fondos destinados a la compra de material sanitario durante la pandemia. Fondos para contratos celebrados con empresas de dudosa reputación, siempre vinculadas a los mismos partidos, y que no dieron resultado alguno pues el material o no llegó a su destino o era defectuoso.

Se debe investigar al Ministerio del Interior por las purgas llevadas a cabo, algunas declaradas ilegales, por los informes presuntamente falsificados por agresiones a políticos en alguna manifestación del día del orgullo gay,  por lo ocurrido en la valla de Melilla o por las instrucciones recibidas en la Guardia civil para perseguir las críticas al gobierno.

Es imprescindible investigar el destino de los fondos europeos por los que aún pregunta la UE, pues no se conocen los verdaderos destinatarios finales de miles de millones de euros.

Se hace necesario a estas alturas un nuevo estatuto funcionarial por medio del cual cualquier funcionario de cualquier administración pública, estatal, autonómica o municipal que no cumpla la Ley (especialmente en el ámbito de la lengua española) pueda ser expedientado y expulsado de la labor pública. En dicho estatuto se debe establecer un nuevo sistema de retribuciones a base de incentivos, de modo que no gane lo mismo el trabajador que el inepto. Se debe arbitrar un sistema de medición de productividad y establecer sistemas de despido de empleados públicos parasitarios.

Debemos exigir que se despida a todos los contratados arbitrariamente por este gobierno, que no son verdaderos funcionarios y que ha supuesto un engrosamiento de más de trescientas mil personas en las administraciones públicas que ni son necesarios ni han contribuido a mejorar la eficiencia de una administración pública desastrosa y deficiente. Tenemos que recuperar la soberanía como ciudadanos y dejar de ser súbditos de nuestras administraciones.

Hay que acabar con el sistema de terror fiscal. El Ministerio de Hacienda no puede ser una administración sin más ley que sus propios deseos y métodos. No basta con bajar los impuestos, como han propuesto PP y Vox, es necesario arbitrar un estatuto del contribuyente que sea eficaz, claro y respetado por la Administración, y que ésta se vea obligada a dar cuentas de sus errores, excesos y abusos, debiéndose establecer un sistema de responsabilidad personal para los funcionarios que abusen de su posición y otro sistema de responsabilidad corporativa.

Hay que limitar severamente la inmigración ilegal desde países de cultura incompatible con nuestros valores y nuestro modo de vida. Se les llena la boca a los progresistas hablando de su lucha supuestamente denodada contra las mafias de la inmigración. Es mentira. Esas mafias sólo son el largo brazo de los verdaderos esclavistas: los políticos de brazos abiertos, de apelaciones a la solidaridad para abrir fronteras (lo que provoca efectos llamada). Los verdaderos esclavistas, los verdaderos responsables de las muertes en el Mediterráneo, no están en las playas del norte de África, están en los parlamentos español y europeo.

Y si lo anterior es lo que debemos exigir a nuestros políticos también nosotros debemos hacer algo, y lo primero no puede ser sino perder el miedo a decir la verdad. El respeto a la realidad debe ser la primera y única opción. Debemos renegar de la compasión mal entendida, comprender que existe un derecho individual para ir a cualquier parte pero no existe ningún derecho colectivo para invadir otro país aunque sea pacíficamente (de momento); convencernos de que las necesidades de algunos no son excusa para esclavizar a otros; saber que la institución que salvaguarda de mejor manera la libertad y la solidaridad es la familia y de ahí que se pretenda desde diversos ámbitos progresistas destruirla; empezar a señalar y no aceptar a los que viven a costa de los demás, estigmatizar su inmoralidad; no aceptar estafas de masas como el coche eléctrico o la emergencia climática; no aceptar leyes impuestas desde Bruselas como la ley de restauración de la naturaleza; exigir a nuestro políticos que permitan la explotación de nuestros recursos naturales. Debemos comenzar a creer en nosotros mismos, en la potencia de nuestra voz si la levantamos (ahora se teme a la izquierda porque saldrá a la calle en cuanto haya un gobierno distinto y, sin embargo, no se tiene miedo a la inmensa mayoría de la población que sí tiene el poder que no tienen los sindicatos subvencionados e inútiles). Hay que comprender el valor de la desobediencia civil y hay que hacer como en Suiza (donde instalan vallas con carteles de "Se busca" para mostrar a la población la jeta de los miembros de las élites sin vergüenza): empezar a señalar públicamente a los culpables.

Sé que el anhelo de Justicia en nuestro país es un brindis al sol. Que nada de eso ocurrirá. Que no habrá un Día del Ajuste. Que los políticos de derechas mirarán para otro lado para tener la fiesta en paz. No creo que tengan la menor intención de sanear el país más allá del maquillaje de la derogación de unas pocas leyes nefastas de Sánchez.

Es bonito imaginar el panorama que quedaría de un país donde los prevaricadores pagasen por sus fechorías y donde la laboriosidad y el cumplimiento de las leyes fueran la norma en las administraciones públicas. El aire sería mucho más limpio, pero me temo que nada de lo dicho se hará, que nos tendremos que conformar con la pequeña satisfacción de gritar ¡que te vote Txapote!.

(*) Winston Galt es escritor. Autor de la novela Frío Monstruo