Vox
El Gobierno socialista es ya una (presunta) mafia: piden la imputación del tirano Pedro Sánchez y de los principales miembros de su Ejecutivo tras la declaración de Aldama
El empresario Víctor de Aldama ha desatado un escándalo de grandes proporciones contra el Gobierno socialista, cuyo funcionamiento parece comparar con la mafia. El principal implicado en el "caso Koldo" ha comparecido ante la Audiencia Nacional y no ha dudado en señalar a varios altos cargos del PSOE y del Consejo de Ministros como artífices de sus negocios con el Gobierno incluyendo al presidente, Pedro Sánchez. Mientras el PP y Vox, principales partidos de la oposición, analizan las impactantes acusacioes de Aldama, la formación liderada por Santiago Abascal ya ha solicitado formalmente la imputación de Sánchez, que ya negado todas las acusacioes, y de otros cuatro ministros del Ejecutivo.
Entre los señalados por Vox se encuentran, además del tirano socialista Pedro Sánchez, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera; la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. También han solicitado que declare como testigo Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE.
Marta Castro, coordinadora del departamento jurídico de Vox, ha afirmado a las puertas de la Audiencia Nacional que Aldama detalló la implicación de estas figuras, respaldando las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Entre las pruebas mencionadas se incluye la existeia de un supuesto sobre con 15.000 euros que habría sido entregado directamente a Santos Cerdán.
"Este caso no puede limitarse a [José Luis] Ábalos", destacó Castro, refiriéndose al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, ya imputado en el caso. Según Castro, las pruebas y declaraciones apuntan a que Ábalos era un hombre de máxima confianza del presidente Sánchez. "Es inverosímil que se crearan estas tramas de negocios ilegales sin el conocimiento del presidente del Gobierno", concluyó.
El empresario Víctor de Aldama ha desatado un escándalo de grandes proporciones contra el Gobierno socialista, cuyo funcionamiento parece comparar con la mafia. El principal implicado en el "caso Koldo" ha comparecido ante la Audiencia Nacional y no ha dudado en señalar a varios altos cargos del PSOE y del Consejo de Ministros como artífices de sus negocios con el Gobierno incluyendo al presidente, Pedro Sánchez. Mientras el PP y Vox, principales partidos de la oposición, analizan las impactantes acusacioes de Aldama, la formación liderada por Santiago Abascal ya ha solicitado formalmente la imputación de Sánchez, que ya negado todas las acusacioes, y de otros cuatro ministros del Ejecutivo.
Entre los señalados por Vox se encuentran, además del tirano socialista Pedro Sánchez, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera; la ministra de Hacienda, María Jesús Montero; y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. También han solicitado que declare como testigo Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE.
Marta Castro, coordinadora del departamento jurídico de Vox, ha afirmado a las puertas de la Audiencia Nacional que Aldama detalló la implicación de estas figuras, respaldando las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Entre las pruebas mencionadas se incluye la existeia de un supuesto sobre con 15.000 euros que habría sido entregado directamente a Santos Cerdán.
"Este caso no puede limitarse a [José Luis] Ábalos", destacó Castro, refiriéndose al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, ya imputado en el caso. Según Castro, las pruebas y declaraciones apuntan a que Ábalos era un hombre de máxima confianza del presidente Sánchez. "Es inverosímil que se crearan estas tramas de negocios ilegales sin el conocimiento del presidente del Gobierno", concluyó.
