Europa ha empezado a hablar en el lenguaje de la supervivencia. La Comisión Europea, a través de un informe impulsado por el expresidente finlandés Sauli Niinistö y respaldado por Ursula von der Leyen, propondrá que los ciudadanos almacenen alimentos, agua y otros bienes esenciales por si estalla una guerra o sobreviene una gran catástrofe. La medida, presentada como una política de "resiliencia civil", se anuncia sin explicar con claridad qué amenazas concretas la motivan. Y eso, precisamente, es lo que la convierte en motivo de seria preocupación.

Porque hay decisiones políticas que, si no se explican con transparencia, terminan oliendo a otra cosa. Y esta huele, directamente, a miedo instrumentalizado, a control social, a paternalismo tecnocrático. A un nuevo paso en la lenta pero sostenida deriva de las democracias europeas hacia un modelo de gobierno donde los ciudadanos ya no son adultos responsables, sino menores tutelados.

Que los gobiernos tengan planes de contingencia es sensato. Que se preparen para lo peor, también. Pero cuando se invita a millones de ciudadanos a actuar como si el desastre fuese inminente —sin haber articulado un relato claro, comprensible y verificable sobre por qué debemos temerlo—, la medida roza el alarmismo institucionalizado.

¿De qué guerra estamos hablando exactamente? ¿Qué tipo de ataque justificaría que todas las familias europeas se encierren con víveres durante 72 horas? ¿Qué clase de amenazas se están manejando en Bruselas que los ciudadanos aún no conocen?

Sin una explicación detallada y transparente, esta campaña de “prevención proactiva” corre el riesgo de convertirse en un nuevo acto de ingeniería del miedo. Una pedagogía del pánico que disciplina al ciudadano sin informarlo, que lo acostumbra a obedecer sin preguntar.

El gran problema de esta medida no es su contenido —tener reservas de emergencia puede ser prudente—, sino su contexto. Llega desde una Comisión cada vez más distante del ciudadano medio, con un historial creciente de decisiones impuestas desde arriba y justificadas en nombre de una seguridad difusa. Llega desde una élite política que no se somete al escrutinio real de sus votantes, pero sí exige de ellos una obediencia cada vez más incondicional.

En tiempos recientes hemos visto cómo los Estados, amparados en la excepción, han normalizado prácticas totalitarias impensables: confinamientos masivos, vigilancia digital, restricciones a la movilidad, y censura informativa disfrazada de "lucha contra la desinformación". El “kit de supervivencia” se inscribe, inquietantemente, en esa misma lógica: preparar al ciudadano para lo peor, sin confiarle la verdad.

En una democracia madura, las políticas de defensa civil deberían ir acompañadas de una conversación pública honesta. Si hay motivos fundados para temer una guerra, una agresión híbrida o un colapso sistémico, deben decirlo. Si no, imponer esta medida es tratar al ciudadano como una pieza más del engranaje, no como un sujeto político con derecho a saber, decidir y disentir.

Este tipo de iniciativas no pueden aceptarse sin una exigencia de rendición de cuentas. Porque en nombre de la protección, Europa está comenzando a erigir un nuevo modelo de ciudadanía: dócil, pasiva y obediente. Y ese modelo no es europeo. Ni libre.