En una jornada que pasará a la historia como una de las más oscuras para la democracia francesa, la inhabilitación judicial de Marine Le Pen ha revelado una peligrosa deriva autoritaria que debería preocupar a todos los que aún creen en el poder del pueblo y en el principio sagrado de la soberanía nacional.

El mismo día en que un sondeo situaba a Le Pen como favorita para las elecciones presidenciales de 2027, un tribunal ha dictado una sentencia que la aparta de la vida política por cinco años, en un proceso cuya oportunidad —y cuyas consecuencias— no pueden ser ignoradas. ¿Casualidad? Difícil de creer. Más bien parece la consumación de un golpe institucional silencioso, ejecutado con toga y mazo, que transforma a la Justicia en un actor político con poder de veto sobre las urnas.

Este tipo de decisiones no se limitan a castigar a una figura pública: se interponen directamente en el derecho de millones de franceses a elegir libremente a sus representantes. ¿Con qué legitimidad puede un tribunal anular la voluntad potencial de una ciudadanía que, hoy por hoy, se decanta mayoritariamente por la alternativa que representa Marine Le Pen? ¿Qué queda del sufragio universal cuando un puñado de jueces, cuya imparcialidad está en entredicho, puede alterar el tablero electoral a su antojo?

No olvidemos que la Justicia es la institución peor valorada por los ciudadanos franceses, según un reciente estudio sociológico. Y no es de extrañar. El poder judicial en Francia —lejos de actuar como contrapeso independiente— ha sido percibido cada vez más como un instrumento al servicio de las élites políticas macronistas, es decir, socialdemócratas, incapaz de disimular su hostilidad hacia las corrientes emergentes que cuestionan el statu quo. La sentencia contra Le Pen no solo refuerza esta percepción, sino que la institucionaliza.

Lo más inquietante de este caso no es la severidad de la condena, sino su carácter preventivo e inmediato. Aunque Le Pen recurra, no podrá presentarse a las elecciones. La Justicia, pues, se ha convertido en una fuerza de censura previa, anulando por adelantado el veredicto de las urnas. Este es un precedente peligroso. Una democracia donde los jueces deciden quién puede y quién no puede presentarse a elecciones, ya no es una democracia: es una simulación, una fachada vacía de contenido popular.

Las implicaciones de esta maniobra son profundas. La democracia francesa, ya debilitada por años de desafección ciudadana, protestas masivas y fractura social, recibe ahora un golpe en su pilar más esencial: la confianza en el sistema electoral. Y con ella, se tambalean también las libertades cívicas que hacen posible la pluralidad política.

El silencio cómplice de muchas instituciones, medios y partidos solo agrava esta situación. La excusa de la legalidad no puede justificar atropellos tan flagrantes contra la soberanía del pueblo. Cuando la ley se usa para suprimir la disidencia, deja de ser justicia y se convierte en opresión.

Hoy ha sido Marine Le Pen. Mañana puede ser cualquier otro candidato que incomode al poder establecido. Esta no es una cuestión de ideologías, sino de principios. Permitir que los jueces excluyan a los candidatos incómodos es entregarles la llave de nuestra democracia. Y una vez entregada, será difícil recuperarla.

Francia, cuna de las libertades modernas, se enfrenta a una encrucijada. O recupera el valor de la soberanía popular, o se resigna a un sistema donde las urnas valen menos que los despachos judiciales.