En una decisión que sacude los cimientos de la opacidad institucional que caracteriza a la Comisión Europa (CE) de Ursula Von der Layen, el Tribunal General de la Unión Europea ha sentenciado que la CE actuó "de forma improcedente" al negar el acceso a los mensajes de texto intercambiados entre su presidenta, Ursula von der Leyen, y el consejero delegado de Pfizer, Albert Bourla, en plena pandemia de Covid-19.

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La sentencia da la razón a la periodista Matina Stevis-Gridneff, corresponsal de The New York Times en Bruselas, quien solicitó acceder a los mensajes en virtud del derecho europeo a la información pública. La Comisión alegó no disponer de dichos mensajes, escudándose en una vaga declaración de no posesión. Pero el Tribunal ha sido contundente: esa explicación “no permite comprender cómo se llevó a cabo la búsqueda ni por qué no se localizaron los documentos solicitados”.

El demoledor fallo califica de insuficiente y poco transparente la actuación de la Comisión, y recuerda que el principio de buena administración exige conservar y gestionar adecuadamente cualquier documento que pueda tener valor administrativo, especialmente en decisiones de tan alto impacto como la adquisición masiva de millones de  vacunas.

“La transparencia no es una opción, es una obligación legal en la Unión Europea”, sentencia el Tribunal.

Este caso no es menor. Durante meses, organizaciones civiles, eurodiputados y periodistas han denunciado la falta de claridad en los contratos de compra de vacunas, muchos de ellos parcialmente censurados. Ahora, por primera vez, un tribunal europeo reconoce que incluso los mensajes personales entre líderes institucionales pueden estar sujetos a la normativa de acceso a documentos si tratan asuntos de interés público.

La Comisión deberá revisar su decisión y justificar de manera adecuada qué esfuerzos ha hecho —y cuáles no— para recuperar esos mensajes, y si realmente pueden considerarse fuera del ámbito documental.

Diversas organizaciones de transparencia han celebrado la sentencia como “una victoria ciudadana frente a la opacidad tecnocrática”. Desde Transparency International hasta Corporate Europe Observatory, la presión ha sido constante para esclarecer cómo se negociaron contratos multimillonarios con empresas farmacéuticas, en circunstancias de emergencia pero también de enorme concentración de poder.

Por su parte, la Comisión aún no ha emitido una respuesta oficial, aunque fuentes internas reconocen que el fallo supone un "golpe serio" a su "política" de gestión documental y su cultura institucional.

El fallo no obliga aún a publicar los mensajes, pero sí a reabrir el procedimiento y realizar una búsqueda seria y documentada de los mismos. De encontrarse esos mensajes —como todo apunta que es posible—, la Comisión deberá justificar cualquier negativa con argumentos legales sólidos y no con simples excusas administrativas.

Este caso, que parecía un asunto burocrático, se ha convertido en un símbolo. Un recordatorio claro de que la transparencia es la primera vacuna contra el abuso de poder que va caracterinzado a la UE alumbrada por populares, socialistas y liberales.