Una institución que exige transparencia a los Estados miembro, así como a las empresas y ciudadanos europeos, no puede permitirse actuar como si estuviera por encima de las normas que ella misma impone. La sentencia del Tribunal General de la Unión Europea, que obliga a la Comisión a revisar su negativa a entregar los mensajes de texto entre Ursula von der Leyen y el CEO de Pfizer para la compra de millones de vacunas, pone en evidencia no solo un caso de mala administración, sino algo mucho más grave: una cultura institucional que desprecia el control democrático.

Durante los meses más oscuros de la pandemia, mientras millones de ciudadanos se enfrentaban al miedo, la enfermedad y el confinamiento, se negociaban contratos millonarios con las grandes farmacéuticas en condiciones de absoluta opacidad. El escándalo no es que los líderes europeos hablaran con ejecutivos del sector. El escándalo es que lo hicieran sin dejar rastro, sin actas, sin documentos accesibles, sin responsabilidad alguna ante los ciudadanos que pagan sus sueldos y las vacunas que compran.

Que la Comisión Europea alegue no “poseer” los mensajes entre su presidenta y el máximo responsable de Pfizer es, sencillamente, inaceptable. La excusa técnica —no están registrados como documentos oficiales— es jurídicamente débil y moralmente ofensiva. Porque esos mensajes, si existieron, trataban sobre decisiones que comprometieron miles de millones de euros del erario público, acuerdos contractuales a espaldas del Parlamento Europeo, y prioridades sanitarias que afectaron a 450 millones de personas.

¿Desde cuándo los responsables políticos pueden negociar políticas públicas mediante mensajes privados y luego fingir que nunca existieron?

La sentencia del Tribunal General no exige de momento la entrega de los mensajes. Pero sí exige algo aún más poderoso: una explicación coherente, razonada, verificable. Una rendición de cuentas. Y en eso, la Comisión de Ursula Von der Layen ha fracasado, nuevamente, de forma estrepitosa.

Este caso no es una anécdota. Es un síntoma. Un síntoma de una burocracia totalitaria que se considera invulnerable, que desprecia el escrutinio y que olvida que su legitimidad no procede de los lobbies de Bruselas, sino de los ciudadanos europeos. Cuando la transparencia se convierte en una molestia y no en una norma, la democracia empieza a vaciarse desde dentro.

El fallo judicial es una victoria para el periodismo, para los defensores de la información pública y para todos aquellos que aún creen que Europa debe construirse sobre la verdad, no sobre el borrado selectivo de conversaciones incómodas. También hay que preguntarse la razón por la que ha tenido que ser el periódico norteamericano The New York Times quién haya pedido explicaciones a la Comisión Europea y haya recurrido a la Justicia para ello. ¿Dónde estaban los grandes medios de comunicación europeos, siempre tan alertas ante las amenzas de una inexistente "extrema derecha", para fiscalizar el poder omípodo de los socialistas europeos, tanto los de verdad como los que se camuflan bajo las siglas del PP europeo?. Callados, ocultos, sumisos, como lo estuvieron durante toda la pandemia del Covid-19.

La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE es también una advertencia. Porque si las instituciones europeas no son capaces de mirarse al espejo y corregirse, será la confianza pública la que desaparezca. Y eso no se recupera con vacunas ni con vacuos comunicados de prensa.