El Parlamento Vasco acaba de aprobar una ampliación del endeudamiento público por valor de 1.000 millones de euros, destinados a financiar lo que el Gobierno denomina “transformación económica e industrial” a través de un nuevo instrumento denominado Indartuz, gestionado por el Instituto Vasco de Finanzas. Una operación de gran calado presupuestario, acompañada de promesas de innovación, competitividad y colaboración público-privada. Pero detrás de este aparente impulso transformador se esconde un interrogante de fondo que muy pocos están dispuestos a plantear en voz alta: ¿hasta qué punto es responsable seguir endeudando a las futuras generaciones en nombre de un presente políticamente cómodo?

Es cierto que el País Vasco mantiene una deuda moderada en comparación con otras comunidades autónomas —un 11,6% de su PIB frente al 101% nacional—. También es cierto que los bajos niveles de deuda permiten, en principio, cierto margen de maniobra para impulsar proyectos estratégicos. Sin embargo, conviene recordar una verdad que rara vez ocupa titulares: la deuda pública no es dinero gratuito, ni tampoco una fuente inagotable. Es un compromiso firmado con el dinero de todos, que pagarán nuestros hijos en forma de impuestos más altos, menos margen para el gasto social y mayor exposición a los vaivenes de los mercados internacionales.

En este contexto, resulta inquietante la facilidad con la que las instituciones vascas —también en el País Vasco— recurren al endeudamiento como solución preferente. Lo hacen sin un verdadero debate ciudadano, sin mecanismos claros de control, y sin una rendición de cuentas efectiva sobre los resultados reales de los proyectos financiados. El discurso oficial invoca palabras como “transformación”, “resiliencia” o “transición energética”, pero rara vez se acompaña de una explicación precisa sobre a qué sectores se destinan los fondos, quiénes se benefician realmente y cómo se evalúa el retorno de la inversión para la sociedad vasca.

Además, este tipo de operaciones suelen blindarse en la opacidad de la tecnocracia financiera. Las decisiones se toman en despachos alejados de la ciudadanía, con la complicidad de mayorías parlamentarias que, en lugar de ejercer una fiscalización rigurosa, se limitan a refrendar sin discusión los planes del Gobierno. Así, la deuda deja de ser una herramienta excepcional de política económica para convertirse en un mecanismo estructural de poder institucional, con escasos, por no decir ninguno, contrapoderes efectivos.

La historia económica europea está repleta de ejemplos de regiones y países que hipotecaron su futuro en nombre de grandes planes de inversión que no llegaron nunca a consolidarse. La deuda no siempre genera desarrollo. A veces, simplemente enriquece a unos pocos mientras estrangula al conjunto de la población ya extorsionada por las haciendas territoriales. Por eso, endeudarse debe ser siempre la última opción, no la primera. Y cuando se hace, debe ir acompañado de un plan claro, cuantificable y auditable.

El País Vasco necesita inversiones, sin duda. Pero necesita aún más una cultura de responsabilidad fiscal, donde el principio de prudencia sustituya al impulso cortoplacista, y donde la transparencia no sea una palabra vacía. El desarrollo no se mide solo en millones presupuestados, sino en su impacto real sobre la vida de los ciudadanos, especialmente los más vulnerables.

Hay que exigir al Gobierno Vasco que explique con claridad qué proyectos concretos se financiarán con estos 1.000 millones de euros, qué empresas o entidades gestionarán los fondos, qué criterios se utilizarán para su asignación y qué mecanismos se implantarán para garantizar su seguimiento y evaluación pública. Es lo mínimo que puede exigirse en una democracia madura y en una comunidad que presume de buena gestión.

Porque endeudarse puede ser necesario en ocasiones. Pero convertir el endeudamiento en costumbre es un signo claro de decadencia institucional. Y de eso, en el País Vasco, sabemos mucho.