El silencio culpable del PNV ante la corrupción
Hay silencios que gritan más fuerte que mil discursos. Y el silencio del PNV ante el escándalo que empieza a cercar a sus hombres de confianza es ensordecedor. Mientras en Madrid el PSOE se revuelca en las cloacas del ‘caso Cerdán’, en el País Vasco la formación nacionalista guarda un silencio digno de quien teme que, al abrir la boca, pueda delatar algo mucho más turbio que un simple error político: la connivencia.
Porque lo que ha destapado el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, no son meras sospechas, ni habladurías de la plaza pública: son hechos con nombres, cargos y participaciones societarias. Iñaki Alzaga, un empresario estrechamente ligado al PNV, expresidente de Euskaltel y hoy máximo responsable de Nortegas —empresa donde el Gobierno vasco tiene la sartén por el mango—, comparte acciones y domicilio fiscal con Alonso Egurrola, testaferro directo de Santos Cerdán, el muñidor de una trama de corrupción que empieza a oler tan mal que ni en Ferraz pueden seguir tapándose la nariz.
No hablamos de chanchullos menores. Hablamos de contratos públicos de millones de euros adjudicados a empresas en las que confluyen los intereses de este selecto club de amigos del poder. Alegure, la firma donde Egurrola y Alzaga convergen con un 4% en manos del hombre de confianza del PNV, se llevó 2,6 millones para las obras del colegio público de Arbizu. ¿Qué hacía allí el PNV? ¿Por qué situó a uno de sus hombres clave en esa operativa? ¿Por qué el domicilio social de la empresa de Alzaga es el mismo que el de la sociedad beneficiada por las mordidas?
Las preguntas se amontonan como piedras en un camino embarrado. Pero el PNV, siempre tan digno, tan asquerosamente moralista, tan dispuesto a dar presuntas elecciones de moderación y buena gestión, calla. O se refugia en desmentidos automáticos, con la misma frialdad con que durante años se alineó con el PSOE para que nadie preguntara demasiado por las licitaciones, las adjudicaciones y los sobres que iban y venían.
Hoy sabemos que Santos Cerdán ha mencionado ante el Tribunal Supremo la existencia de un «nexo» entre su trama y el PNV. Y aún así, los nacionalistas no parecen sentir la urgencia moral de aclarar nada. ¿Es este el famoso «cuanto peor en España, mejor para el PNV» de los nacionalistas? ¿O se trata simplemente de un cálculo electoral, frío y despiadado, para no dinamitar los puentes con el tirano Pedro Sánchez y seguir cobrando su peaje en Madrid?
Mientras tanto, los vascos asisten atónitos a un espectáculo donde la corrupción parece estar institucionalizada, donde las élites políticas y económicas cruzan sus intereses con una naturalidad obscena, y donde los grandes partidos se reparten el silencio como si fuera un botín más.
No, esto no va solo del PSOE. Va también de toda la basura extremistas que le mantiene en el poder. Y vad del PNV, de su élite económica, de sus consejeros colocados estratégicamente en empresas semipúblicas, y de un modelo clientelar que —si las investigaciones avanzan— amenaza con derrumbarse bajo su propio peso.
Por eso el PNV, por una vez, debe hablar. Debe explicarse. Debe rendir cuentas a la ciudadanía vasca, que merece saber si su Gobierno autonómico y su partido hegemónico están tan limpios como pretenden. Y si no lo hacen por dignidad, que lo hagan por puro instinto de supervivencia política. Porque la verdad, tarde o temprano, se abre paso, a pesar del silencio estruendoso de tantos medios cómplices y comprados. Y entonces no habrá red de complicidades ni silencios cómplices que pueda salvarles.
Hay silencios que gritan más fuerte que mil discursos. Y el silencio del PNV ante el escándalo que empieza a cercar a sus hombres de confianza es ensordecedor. Mientras en Madrid el PSOE se revuelca en las cloacas del ‘caso Cerdán’, en el País Vasco la formación nacionalista guarda un silencio digno de quien teme que, al abrir la boca, pueda delatar algo mucho más turbio que un simple error político: la connivencia.
Porque lo que ha destapado el presidente del PP vasco, Javier de Andrés, no son meras sospechas, ni habladurías de la plaza pública: son hechos con nombres, cargos y participaciones societarias. Iñaki Alzaga, un empresario estrechamente ligado al PNV, expresidente de Euskaltel y hoy máximo responsable de Nortegas —empresa donde el Gobierno vasco tiene la sartén por el mango—, comparte acciones y domicilio fiscal con Alonso Egurrola, testaferro directo de Santos Cerdán, el muñidor de una trama de corrupción que empieza a oler tan mal que ni en Ferraz pueden seguir tapándose la nariz.
No hablamos de chanchullos menores. Hablamos de contratos públicos de millones de euros adjudicados a empresas en las que confluyen los intereses de este selecto club de amigos del poder. Alegure, la firma donde Egurrola y Alzaga convergen con un 4% en manos del hombre de confianza del PNV, se llevó 2,6 millones para las obras del colegio público de Arbizu. ¿Qué hacía allí el PNV? ¿Por qué situó a uno de sus hombres clave en esa operativa? ¿Por qué el domicilio social de la empresa de Alzaga es el mismo que el de la sociedad beneficiada por las mordidas?
Las preguntas se amontonan como piedras en un camino embarrado. Pero el PNV, siempre tan digno, tan asquerosamente moralista, tan dispuesto a dar presuntas elecciones de moderación y buena gestión, calla. O se refugia en desmentidos automáticos, con la misma frialdad con que durante años se alineó con el PSOE para que nadie preguntara demasiado por las licitaciones, las adjudicaciones y los sobres que iban y venían.
Hoy sabemos que Santos Cerdán ha mencionado ante el Tribunal Supremo la existencia de un «nexo» entre su trama y el PNV. Y aún así, los nacionalistas no parecen sentir la urgencia moral de aclarar nada. ¿Es este el famoso «cuanto peor en España, mejor para el PNV» de los nacionalistas? ¿O se trata simplemente de un cálculo electoral, frío y despiadado, para no dinamitar los puentes con el tirano Pedro Sánchez y seguir cobrando su peaje en Madrid?
Mientras tanto, los vascos asisten atónitos a un espectáculo donde la corrupción parece estar institucionalizada, donde las élites políticas y económicas cruzan sus intereses con una naturalidad obscena, y donde los grandes partidos se reparten el silencio como si fuera un botín más.
No, esto no va solo del PSOE. Va también de toda la basura extremistas que le mantiene en el poder. Y vad del PNV, de su élite económica, de sus consejeros colocados estratégicamente en empresas semipúblicas, y de un modelo clientelar que —si las investigaciones avanzan— amenaza con derrumbarse bajo su propio peso.
Por eso el PNV, por una vez, debe hablar. Debe explicarse. Debe rendir cuentas a la ciudadanía vasca, que merece saber si su Gobierno autonómico y su partido hegemónico están tan limpios como pretenden. Y si no lo hacen por dignidad, que lo hagan por puro instinto de supervivencia política. Porque la verdad, tarde o temprano, se abre paso, a pesar del silencio estruendoso de tantos medios cómplices y comprados. Y entonces no habrá red de complicidades ni silencios cómplices que pueda salvarles.
