Iberdrola planta cara al Gobierno y lleva al Supremo el caso del apagón del 28-A
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El pulso entre las grandes eléctricas y el Gobierno sube de temperatura. Iberdrola ha dado un paso decisivo al llevar ante el Tribunal Supremo la investigación oficial sobre el histórico apagón del pasado 28 de abril, un movimiento que amenaza con desmontar el informe del Ministerio de Transición Ecológica y sacudir por completo el tablero energético.
Ya el 30 de mayo, antes incluso de que el Gobierno hiciera públicas sus conclusiones, Iberdrola acudió al Alto Tribunal para exigir un pronunciamiento claro: ¿tenía realmente el Ejecutivo la base legal necesaria para crear el comité que analizó el apagón? Según la compañía, la respuesta es un rotundo no. Afirma que el órgano nació sin la imprescindible declaración previa de «situación de interés para la Seguridad Nacional» por parte del presidente del Gobierno, dejándolo sin cobertura jurídica. Si el Supremo da la razón a Iberdrola, todo el proceso podría saltar por los aires.
La ministra de extrema izquierda Sara Aagesen presentó el 17 de junio el resultado de la macroinvestigación que analizó millones de datos y acabó repartiendo culpas: Red Eléctrica Española (REE), por errores en el diseño del plan de operación; e Iberdrola y el resto de eléctricas, por no mantener sus instalaciones a punto, lo que disparó el riesgo y agravó la caída del sistema. Pero Iberdrola contraataca: denuncia que las actuaciones del comité, desde la solicitud masiva de información hasta la personación en las empresas, pueden quedar en un vacío legal que haga tambalear todo el informe.
El choque frontal entre el operador del sistema, REE —participado en un 20% por el Estado— y las eléctricas ha alcanzado cotas inéditas. Beatriz Corredor, presidenta de REE, no ha dudado en señalar con el dedo a las compañías eléctricas como responsables directas del apagón, mientras estas replican que solo siguieron las instrucciones del operador, que programó una generación mínima de respaldo en un día donde las renovables dominaban el mix y la demanda era inusitadamente baja.
Este duelo no es solo reputacional: está en juego quién paga la factura de unas indemnizaciones millonarias. Mientras el Gobierno estimaba inicialmente los daños en unos 400 millones de euros, la patronal CEOE disparó la cifra hasta los 1.500 millones. Una batalla que, tras la ofensiva legal de Iberdrola, podría decidirse finalmente en los tribunales.
El pulso entre las grandes eléctricas y el Gobierno sube de temperatura. Iberdrola ha dado un paso decisivo al llevar ante el Tribunal Supremo la investigación oficial sobre el histórico apagón del pasado 28 de abril, un movimiento que amenaza con desmontar el informe del Ministerio de Transición Ecológica y sacudir por completo el tablero energético.
Ya el 30 de mayo, antes incluso de que el Gobierno hiciera públicas sus conclusiones, Iberdrola acudió al Alto Tribunal para exigir un pronunciamiento claro: ¿tenía realmente el Ejecutivo la base legal necesaria para crear el comité que analizó el apagón? Según la compañía, la respuesta es un rotundo no. Afirma que el órgano nació sin la imprescindible declaración previa de «situación de interés para la Seguridad Nacional» por parte del presidente del Gobierno, dejándolo sin cobertura jurídica. Si el Supremo da la razón a Iberdrola, todo el proceso podría saltar por los aires.
La ministra de extrema izquierda Sara Aagesen presentó el 17 de junio el resultado de la macroinvestigación que analizó millones de datos y acabó repartiendo culpas: Red Eléctrica Española (REE), por errores en el diseño del plan de operación; e Iberdrola y el resto de eléctricas, por no mantener sus instalaciones a punto, lo que disparó el riesgo y agravó la caída del sistema. Pero Iberdrola contraataca: denuncia que las actuaciones del comité, desde la solicitud masiva de información hasta la personación en las empresas, pueden quedar en un vacío legal que haga tambalear todo el informe.
El choque frontal entre el operador del sistema, REE —participado en un 20% por el Estado— y las eléctricas ha alcanzado cotas inéditas. Beatriz Corredor, presidenta de REE, no ha dudado en señalar con el dedo a las compañías eléctricas como responsables directas del apagón, mientras estas replican que solo siguieron las instrucciones del operador, que programó una generación mínima de respaldo en un día donde las renovables dominaban el mix y la demanda era inusitadamente baja.
Este duelo no es solo reputacional: está en juego quién paga la factura de unas indemnizaciones millonarias. Mientras el Gobierno estimaba inicialmente los daños en unos 400 millones de euros, la patronal CEOE disparó la cifra hasta los 1.500 millones. Una batalla que, tras la ofensiva legal de Iberdrola, podría decidirse finalmente en los tribunales.
