Durante los últimos 10 meses han ocurrido tres desastres que han sobrecogido a la opinión pública por sus trágicas consecuencias en vidas humanas y/o daños materiales. A pesar de tratarse de tres calamidades completamente independientes entre sí (las inundaciones producidas por lluvias torrenciales, el colapso de la red de eléctrica y la proliferación de grandes incendios forestales), existe un claro paralelismo en los antecedentes y el desarrollo de esas tres desgracias. Esa convergencia obliga  a preguntarse cuales son las razones para que exista una similitud tan sorprendente entre problemáticas tan distintas.

¿Fenómenos imprevistos o esperables?  

Las DANAS o “gotas frías” son fenómenos periódicos y recurrentes en la costa mediterránea, que aparecen al inicio de cada otoño y que con cierta frecuencia alcanzan dimensiones catastróficas. Durante el último milenio, tan sólo en la costa valenciana, se han contabilizado, como promedio, tres inundaciones catastróficas por siglo. Se trata por lo tanto de fenómenos que se han repetido y se repetirán cada cierto número de años. Por lo tanto, la riada de octubre del 2024 en la Huerta Sur de Valencia no puede calificarse como imprevista.

Durante las semanas anteriores al apagón (abril 2025), la red eléctrica había mostrado signos de inestabilidad cuando la alimentación provenía en un porcentaje significativo de fuentes de energía renovables, especialmente la fotovoltaica. Desde el punto de vista técnico, este problema era perfectamente conocido ya que ese tipo de energía no garantiza la ciclicidad exacta de la corriente eléctrica. Así pues, el colapso que produjo el apagón generalizado era un riesgo conocido que tampoco puede tildarse de imprevisto. 

Por otro lado, los incendios estivales hacen acto de presencia todos los veranos, siendo especialmente virulentos cuando coinciden con las olas de calor, que además se acentúan si la primavera ha sido lluviosa y el monte tiene mucha maleza. Siendo un fenómeno periódico y recurrente, con circunstancias agravantes conocidas, era por lo tanto previsible.

¿Se habían aplicado las medidas preventivas imprescindibles?

Por lo que se refiere a la DANA, estaba propuesto desde hace siglos el desvío de algunos de los cauces afectados y la construcción de presas de laminación (algunas de ellas estaban previstas en el derogado Plan Hidrológico Nacional que incluía el trasvase del Ebro), pero esos trabajos nunca fueron ejecutados. Tampoco, en los años previos, se había realizado adecuadamente la limpieza de los cauces para evitar el excesivo desarrollo de la vegetación.

Por lo que respecta a la red eléctrica, no se habían implementado en la red las mejoras técnicas imprescindibles para corregir las inestabilidades y fluctuaciones asociadas al predominio de las energías renovables.

Respecto de los incendios, en una buen aparte de nuestros montes se han abandonado o prohibido las actividades ganaderas, así como tareas de limpieza de matorrales y sotobosque, lo que ha hecho aumentar tanto los riesgos de incendio como las dificultades para su extinción.

¿Cuáles son las razones por las que no existió una adecuada prevención?

En los tres casos, los objetivos y argumentos ecológicos han jugado un papel determinante para impulsar o frenar, según el caso, las actividades que han conducido al desastre o que hubieran podido minimizar la catástrofe.

En la Dana de Valencia, fueron razones ecológicas las que se esgrimieron para derogar el Plan Hidrológico, paralizar la construcción de los embalses programados y el desvío de algunos barrancos, así como impedir la limpieza de los cauces.

En el caso del apagón, se pretendió alcanzar el hito ecológico de un suministro eléctrico basado totalmente en energías sostenibles, a pesar de los riesgos implícitos que eran bien conocidos por los técnicos.

Por lo que respecta a los incendios, han sido los criterios supuestamente ecológicos los que han inspirado las prácticas actualmente autorizadas en ganadería, silvicultura y cuidado del monte, propiciando así un aumento radical del riesgo de incendios.

¿Han reconocido las autoridades cuales son las verdaderas causas?

En los tres casos, las autoridades estatales han desviado la atención de las causas reales de los desastres, poniendo el foco hacia otros supuestos culpables.

En el caso de la DANA se ha atribuido al cambio climático la responsabilidad de la trágica inundación, afirmando que el calentamiento global origina (a pesar de que los datos estadísticos acrediten lo contrario) temporales de lluvias torrenciales cada vez más intensos y frecuentes.

La entidad responsable de la gestión de la red eléctrica no ha reconocido los errores de planificación que condujeron al apagón, responsabilizando en primera instancia a la existencia de anomalías magnéticas en la atmósfera (que no fueron nunca demostradas), y en segundo lugar culpabilizando a las compañías productoras de electricidad.

Para los incendios, la responsabilidad ha sido atribuida también al cambio climático, que al producir olas de calor con temperaturas cada vez más altas y de mayor duración (aunque las estadísticas también demuestran lo contrario), intentando ocultar las consecuencias de la deficiente gestión silvícola y el origen intencionado de la gran mayoría de incendios.

¿Han reaccionado adecuadamente las administraciones responsables para hacer frente a la crisis?

En el caso de la DANA, han sido evidentes los fallos de todas las administraciones e instituciones responsables, ya que la población no recibió los avisos necesarios con la antelación requerida. Además, el envío de ayudas fue tardío (no se movilizaron a tiempo los enormes recursos disponibles) y descoordinado.

Por lo que se refiere al apagón, hubiese sido perfectamente evitable si no se hubiesen asumido riesgos innecesarios. El restablecimiento del servicio, como consecuencia de los errores cometidos, supuso un enorme esfuerzo que requirió la ayuda  y el apoyo de redes eléctricas extranjeras.

En el caso de los incendios ha ocurrido algo similar a lo que ocurrió inmediatamente después de la DANA, ya que en algunos casos la ayuda ha sido inexistente (algunas poblaciones han quedado totalmente arrasadas) y los medios utilizados han sido insuficientes por falta de previsión, de mantenimiento de los equipos o por movilización tardía.

¿Han aceptado las instituciones su parte de responsabilidad?

En el caso de la DANA, desde el primer instante de la tragedia, se ha iniciado una batalla política entre la administración central, la administración autonómica y las agencias implicadas, especialmente la Confederación Hidrográfica del Júcar y la Agencia Española de Meteorología. Dicha batalla persiste en la actualidad sin que ninguna de ellas reconozca el más mínimo fallo en su gestión.

Por lo que se refiere al apagón, la entidad responsable de la gestión de la red eléctrica no ha reconocido ningún error, ni por la combinación de las energías que dio lugar al apagón, ni tampoco por la falta de previsión en la implementación de la tecnología necesaria para evitar ese tipo de riesgos. La situación ha derivado en una confrontación con las empresas generadoras de electricidad.

El caso de los incendios ha generado una situación muy similar a la de la DANA, el desencadenamiento inmediato de una batalla política entre la administración central, las administraciones autonómicas y las agencias implicadas, sin que ninguna reconozca ningún error.

¿Situación fortuita o sistémica?

Volviendo al primer párrafo de este artículo, la coincidencia de situaciones entre tres calamidades completamente independientes entre sí, dentro del breve intervalo de tiempo de unos meses, obliga  a formular preguntas sobre las razones para que exista esta sorprendente similitud. De acuerdo con nuestro diccionario de la lengua, se entiende por situación fortuita aquella en la que algo sucede de manera inesperada, casual e imprevista. Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, ninguno de los de los desastres descritos puede calificarse como fortuito.

Por otra parte, se puede entender que un conjunto de problemas es sistémico cuando se debe a un fallo del propio sistema, arraigado en sus características intrínsecas, y no  como resultado de causas individuales o aisladas. Atendiendo a las descripciones anteriores, es evidente que las estrechas similitudes entre tres procesos conceptualmente independientes apuntan directamente al carácter sistémico de los fallos detectados. Y esta constatación hace obligatorio preguntarse dónde están los fallos en el sistema.

Una primera aproximación podría sugerir que, como ocurre en todas las problemáticas que han sido objeto de politización, esos errores se deben a la confrontación política. Es decir, a las diferencias entre las posturas ideológicas sobre la ecología (a pesar de su apoyo unánime a la Agenda 2030) que defienden los distintos grupos políticos responsables de las administraciones e instituciones implicadas. Pero esa explicación, sin dejar de ser cierta, es superficial y sólo permite comprender una parte del problema. Somos muchos los ciudadanos convencidos de que, si se hubiese cambiado en cada administración o agencia a los representantes de un partido por sus opositores, no hubiese variado mucho el resultado final.  Es decir, que las raíces del problema sistémico son más profundas y no dependen solamente de la ideología del partido que controla cada administración o agencia.

El verdadero problema, común a todos los partidos políticos, está en los mecanismos por los que se selecciona a las personas que alcanzan los puestos de responsabilidad. ¿Disponemos de los mecanismos de control para garantizar que lleguen hasta ahí personas con conocimientos y experiencia adecuados?  Es evidente que no, como demuestra un simple repaso al currículum de las personas de todo el espectro político que ocupan ministerios, consejerías y  altos cargos. Cuando un partido llega al poder, asigna y reparte los puestos de responsabilidad en función de criterios endogámicos, fidelidad en la militancia y favores debidos. Muchos de los dirigentes que deben responsabilizarse de gestionar las crisis como los tres ejemplos mencionados, nunca hubiesen alcanzado puestos de tanta responsabilidad por su competencia profesional. Y, si lo han conseguido, es exclusivamente gracias a su militancia política.

En la práctica sistémica de nuestra actual partitocracia, las entidades del poder del estado, central o autonómico, se han convertido en simples transmisores de las decisiones adoptadas por los partidos, que se han constituido como una oligarquía que controla la soberanía efectiva. Y esta situación ha permitido, como hemos visto repetidamente a lo largo de los últimos lustros, que seamos gobernados por personas sin ninguna preparación para adoptar las decisiones esenciales sobre los sectores que deben gestionar. Mientras tanto, los verdaderos expertos, los funcionarios que conocen la problemática en profundidad, quedan relegados al papel de meros asesores, a quienes se les hace caso sólo cuando sus consejos van en la dirección políticamente correcta. O lo que es peor, se les utiliza como parachoques contra críticas por los errores cometidos.

Han pasado ya diez meses desde la DANA de octubre de 2024 y se acerca la temporada otoñal de gotas frías. Esperemos que la naturaleza sea benigna y nos conceda unos años de prórroga, porque si vuelven a presentarse lluvias tan torrenciales como las del año pasado, las infraestructuras necesarias para minimizar o reducir sus impactos, siguen pendientes de ejecución. A pesar de las graves consecuencias del apagón ocurrido el pasado mes de abril, las directrices de la política energética no han variado  un ápice. Y por lo que respecta a los incendios (a la fecha de hoy aún siguen algunos activos), es demasiado pronto para saber cómo serán las lluvias de la próxima primavera y el nivel de riesgo que tendrán nuestros bosques el próximo verano. Pero a juzgar por lo que hemos visto y oído hasta ahora, ¿existe alguna esperanza de que se introduzcan cambios significativos en la política de gestión forestal?