Este artículo es un ejercicio de imaginación y también de presunción, porque algunas de las personas que voy a mencionar podrían no estar de acuerdo con la agenda gubernamental que propongo. Pero como imaginar es gratis, les paso cuál sería, más o menos, el gobierno ideal que desearía para España en este momento. Un gobierno que sería el primer paso para convertir a España en lo que aún no existe (pero a lo que se encamina Argentina, si la dejan).

Frente a la hipertrofia criminal bolivariana de Hugo Sánchez, mi propuesta es clara: un gobierno honrado y mínimo (si es que eso puede existir), destinado a dejar en la raspa la administración pública y la intromisión de los poderes gubernamentales en la sociedad. Un gobierno reducido a lo esencial, con ministros escogidos por su competencia y con una agenda decidida a devolver la libertad a los ciudadanos y a desmontar el Estado como mecanismo de control y expolio. Como la abolición de lo público, que es lo deseable, está aún en el marco de la utopía (Utopyc.net), veamos qué sería posible.

El presidente ideal de un gobierno español decente sería don Alejo Vidal Cuadras, un señor del máximo prestigio, y que fue miembro del PP y cofundador de Vox, por lo que aunaría lo mejor de ambos (lo mejor que ya casi no le queda a ninguno, por cierto). Además, es hombre de principios liberales y firme, algo esencial para conducir un gobierno desde la tiranía actual a la libertad.

Isabel Díaz Ayuso y Santiago Abascal serían los vicepresidentes. La primera, como representante de la gotita de liberalismo que hay en el PP, y Santiago Abascal, encargado de desmontar la Agenda 2030 y de plantar cara a las imposiciones de Bruselas.

Para que no estén ociosos, Ayuso tendría la cartera de fomento, pues parece que sabe rodearse de gente útil, no como la mayoría de los políticos, y tendría que sustituir el sistema de concurso de obra pública por el de subasta, para evitar, en la medida de lo posible, la corrupción galopante que ha instaurado el PSOE.

Abascal se encargaría del Ministerio del Interior para poner un poco de orden en un país consumido por el crimen y comenzar a dar trigo en lugar de solo predicar.

Aunque el mejor ministro de economía es el que no existe, para la transición nombraría a Daniel Lacalle, con la misión de liberalizar al máximo la economía española. El ministerio de industria y agricultura, fusionados, sería para Iván Espinosa de los Monteros, para expandir la agenda liberal y cesar en las ayudas a las empresas que viven del sector público aportando una competencia completamente libre y centrándose en la defensa del campo español frente a la competencia desleal extracomunitaria y abortar toda idea de la agenda 2030 en el sector.

Marcos de Quinto sería el ministro de Hacienda, para restaurar la legalidad en esta mafia y reducir los impuestos a la mínima expresión, de modo que el día de nuestra liberación, el que dejamos de trabajar para el Estado, no sea en agosto, sino en enero o, como mucho, febrero.

A ellos se sumaría un Ministerio de Justicia, dirigido por alguien independiente de los partidos tradicionales, con el fin de garantizar la reforma profunda de un poder judicial hoy colonizado por intereses políticos (se admiten propuestas, pues no caigo en nadie con el suficiente nivel para ocupar el cargo). La cartera de exteriores sería para Juan Carlos Girauta, que parece que ya sabe decirles a los europeos que se metan sus cositas donde les quepan y para mostrarles un día sí y otro también que en España no se acepta imposición alguna de la agenda 2030.

El ministerio de defensa sería para el General Pérez de los Cobos, por poner a alguien íntegro y que sepa de qué va la cosa.

¿Y el resto de ministerios? Motosierra. Igualdad, Cultura, Universidades, Consumo, Derechos Sociales, vivienda, Juventud, Agenda 2030, Transición Ecológica, Transportes... todos desaparecerían como carteras políticas. Su lugar lo ocuparían direcciones generales (de transportes sí, de transición ecológica desde luego que no) reducidas al mínimo, gestionadas por funcionarios de carrera, cuya única misión sería aplicar una política de desregulación y simplificación normativa.

Javier Milei, al llegar a la Casa Rosada, redujo de golpe el número de ministerios de 18 a 9. Fue el gesto inaugural de su "motosierra", y con ello transmitió un mensaje inequívoco: el Estado ya no será el gran botín de la política. España necesita ese mismo gesto, pero mucho más duro.

Milei ha planteado además una estrategia de "shock": eliminar subsidios, terminar con el despilfarro y liberalizar la economía. En nuestro caso, ese shock debería incluir medidas aún más radicales:

·         Abolir todas las leyes aprobadas desde 2018, que han convertido España en un laboratorio de ingeniería socialista, woke y burocrática, y en un régimen antidemocrático bolivariano, cuya alma es la corrupción y el saqueo, como buenos socialistas.

·         Reducir la regulación y los controles a menos del 20% del nivel actual, devolviendo libertad a autónomos, empresarios y ciudadanos.

·         Eliminar todas las subvenciones, sin excepción: ni a sindicatos, ni a partidos, ni a empresas, ni a ONGs...

·         Devolver la administración al 40% de su tamaño actual, externalizando servicios y fomentando la gestión privada.

·         Eliminar paguitas y subsidios (así, el concejal del PSOE que hace poco preguntó quién limpiaría el culo de nuestros viejos tendría respuesta a su inquietud: él, cuando no pudiera vivir de la política ni de paguitas).

·         Quien pueda cobrar un subsidio de desempleo o de cualquier otro tipo (si no pudieran eliminarse al principio) no tendría derecho a votar, para acabar así con la peor de las corrupciones: la compra de votos con nuestro dinero.

·         Vender todas las empresas públicas y eliminar las participaciones del gobierno en las privadas. Por supuesto, eso incluye TVE. De hecho, se prohibiría que hubiera televisiones ni radios públicas, ni del Estado ni de las comunidades autónomas ni de ayuntamientos (todas cerradas a cal y canto). Por supuesto, habría libertad absoluta para crear una televisión, emisora de radio o lo que se quiera, sin estar sometidas a concesión (gracia) estatal.

·         El trabajador recibirá el sueldo íntegro y tendrá que ser él quien pague a Hacienda (y se vayan concienciando nuestros conciudadanos socialistas de lo que les cuesta soportar la esclavitud).

Hay que luchar contra cuatro décadas de socialdemocracia disfrazada de consenso. No basta con recortar, hay que reescribir las reglas de juego: Nadie debe vivir a costa del Estado; nadie tiene derecho a vivir del trabajo de otro.

La Constitución española ha servido como marco de convivencia hasta que los socialistas la han apuñalado por la espalda, pero también como escudo del poder político frente al ciudadano. Es hora de abrirla y cambiarla para blindar principios verdaderamente liberales:

1.      Propiedad privada inviolable frente al Estado.

2.      Eliminación del ambiguo "interés general" como justificación de cualquier atropello.

3.      Listas abiertas y circunscripciones uninominales, para que cada voto valga lo mismo y cada diputado responda ante su electorado, no ante el jefe de su partido.

4.      Limitación estricta del gasto público y prohibición constitucional de déficit salvo en emergencias excepcionales, con redacción de un nuevo tipo penal de cárcel para el político, de cualquier nivel, que incurra en déficit, con un mínimo de 10 años y sin posibilidad de indulto.

Un gobierno liberal-libertario no significa un gobierno débil. Al contrario: la defensa del individuo exige seguridad y reglas claras. Por eso es imprescindible:

·         Cerrar las fronteras a la inmigración ilegal.

·         Expulsión inmediata de quienes no trabajen y devoluciones en caliente permanentes. Si los países de origen no los quieren, la marina los deja en sus aguas territoriales (sean menas o no).

·         Cambio en la legislación sobre nacionalidad: no bastará con nacer en territorio español para ser ciudadano.

·         Autorización expresa a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para utilizar las armas de fuego en defensa de la ley.

·         Independencia real de la Fiscalía y reforma del funcionariado: quien no cumpla, podrá ser expulsado de la función pública (y sueldos según productividad).

·         Cambio radical en la educación para volver a elevar su nivel e implantación de la meritocracia como criterio de avance, incluyendo materias de educación financiera (así, si aprenden algo, será que el socialismo es la roña de la economía).

·         Y la propuesta más revolucionaria: arbitrar una manera de escapar del Estado para los ciudadanos que lo pidan (no pagar impuestos, aunque no se "disfrute" de nuestros maravillosos servicios públicos – se puede llevar a cabo aunque haya que hacer un esfuerzo de imaginación).

·         Y, por último, un dulce y perverso sueño: un referéndume para expulsar a Cataluña y el País Vasco de España, sin pagarles ni un céntimo de deuda pasada, presente o futura. (¿Qué creen que saldría ganador en el referéndum, el sí o el no?)

Estamos en una encrucijada histórica. Ésta no es una legislatura normal, no se puede hablar de gestión. Es una cuestión de principios, de libertad y de supervivencia de nuestro país y de nuestra civilización. O hacemos algo o en dos generaciones estaremos muertos salvo que lleguemos a la guerra civil que ya se atisba en el Reino Unido o en Irlanda (y que ya predije en Frío Monstruo).

Aún se puede evitar: basta con evitar la inmigración ilegal (un gobierno puede hacerlo si quiere); con expulsar a los ilegales, con no regularizar a ninguno y, sobre todo, con no darles ayudas (el que pueda vivir de su trabajo que lo haga y el que no, lo sentimos mucho). Sin nuestro dinero, no podrán sobrevivir aquí y cambiar nuestra demografía y nuestra cultura. Estamos pagando nuestro final, nuestra desaparición, conducidos y  traicionados para ello por nuestros políticos. Es lo que hay, o nos plantamos o nos hundimos. Es una cuestión de supervivencia para nuestros hijos y nietos.

O seguimos atrapados en el estatismo, con un Estado obeso que nos roba la iniciativa y la riqueza y nos anula como individuos y que nos va a aniquilar como civilización, o damos el paso hacia un gobierno mínimo, libertario, que ponga al individuo por encima del Leviatán estatal y que nos permita recuperar nuestro modo de vida y nuestra civilización. No hay término medio. Cualquiera que le diga que hay que ser razonables, transigir y llegar a acuerdos, ser tolerantes... ése es el traidor.

Pero no creo que hagamos nada. Siempre hay ganado para un mal pastor.

No obstante, lo dicho: soñar es gratis.

Eso sí, seguramente me he quedado muy corto en mis propuestas.

Se aceptan sugerencias.