El Gobierno Vasco (PNV-PSE) ha incumplido el plazo legal para responder a una solicitud oficial de información que exigía conocer cuántas personas condenadas por delitos de pertenencia, colaboración o participación en la organización terrorista ETA trabajan actualmente en sus dependencias y organismos públicos.

El pasado 4 de agosto, el periodista Raúl González Zorrilla, director de La Tribuna del País Vasco, presentó, con número de registro 2025RTE01000612, una petición de acceso a la información pública amparada en la Ley 2/2004 de Transparencia de Euskadi y en la Ley estatal 19/2013 de Transparencia y Buen Gobierno. La solicitud planteaba tres cuestiones esenciales:

1. El número de ex miembros de ETA condenados por sentencia firme que trabajan en el Gobierno Vasco, sus departamentos, organismos autónomos, sociedades mercantiles públicas, fundaciones o consorcios dependientes.

2. Los criterios legales y limitaciones vigentes para la contratación de personas condenadas por terrorismo en la Administración vasca.

3. La existencia de informes, análisis jurídicos o debates internos en el seno del Ejecutivo autonómico durante la última década sobre este asunto.

Además, González Zorrilla solicitaba que la información se detallara con datos sobre el año de incorporación al puesto, el departamento o entidad pública en el que trabajan, y el cargo o función desempeñada.

El Ejecutivo autonómico presidido por Imanol Pradales tenía como fecha límite para responder el 3 de septiembre de 2025. Sin embargo, a día de hoy, la Administración no ha remitido ningún tipo de información al solicitante ni ha comunicado los motivos del retraso, pese a que la normativa de transparencia obliga a ello.

Por este motivo, Raúl González Zorrilla se ha vuelto a poner en contacto con los responsables de Transparencia del Gobierno Vasco, con el siguiente mensaje: “Exijo que se me responda a las siguientes preguntas: ¿va a facilitar el Gobierno Vasco la información solicitada? ¿Cuándo lo hará? ¿Cuáles son las razones del retraso? Y, en caso de negativa, cuál es la causa de la misma”.

La falta de respuesta coloca al Gobierno Vasco en una situación comprometida. Por un lado, se cuestiona su cumplimiento de las leyes de transparencia que garantizan el acceso ciudadano a la información pública. Por otro, el silencio afecta a un asunto especialmente sensible en la Comunidad Autónoma Vasca: el eventual acceso de ex terroristas de ETA a puestos de responsabilidad o colaboración en la Administración autonómica. Raúl González Zorrilla explica que "no hay ningún dato al respecto. Yo hice la pregunta porque una fuente anónima se dirigió a nuestro periódico informando de que son varias decenas los exetarras que trabajan en el Gobierno Vasco. Como la fuente era anónima e inidentificable quise comprobar los datos con el propio Ejecutivo, pero, por lo que parece PNV y PSE, los partidos gobernantes, no paren dispuestos a facilitar la información".

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