El más que sospechoso silencio del Gobierno Vasco: ¿qué esconde sobre los ex miembros de ETA en sus filas?
El Gobierno Vasco ha decidido colocar un muro de silencio frente a una cuestión que, por su naturaleza, debería abordarse con absoluta transparencia. El pasado 4 de agosto, mediante una solicitud registrada oficialmente, se pidió al Ejecutivo autonómico que informara sobre cuántos ex miembros de ETA, condenados por sentencia firme, trabajan actualmente en sus dependencias, organismos y entes públicos. La petición no era caprichosa ni difusa: se amparaba en la Ley de Transparencia de Euskadi y en la Ley estatal de Transparencia y Buen Gobierno, y exigía un desglose claro por departamentos, funciones y año de incorporación.
El plazo legal para responder venció el 3 de septiembre de 2025. Hoy, más de un mes después, la respuesta sigue siendo la nada: ni información, ni explicaciones, ni justificación del retraso. Un silencio administrativo que, más allá de incumplir la normativa vigente, proyecta una sombra aún más inquietante: ¿qué pretende ocultar el Gobierno Vasco?
La pregunta no es menor. ETA asesinó a más de 850 personas en España. Miles de ciudadanos viven todavía con las secuelas físicas y psicológicas de los atentados. Y en este contexto, la posibilidad de que antiguos terroristas condenados estén trabajando en la propia Administración vasca no es un detalle irrelevante: es un asunto de máxima gravedad política, ética y democrática.
No se trata de venganza ni de negar el derecho de reinserción individual. Se trata de algo mucho más básico: los ciudadanos tienen derecho a saber si quienes un día empuñaron las armas contra la sociedad vasca y española ocupan ahora puestos en las instituciones públicas que deberían representar a todos.
El silencio del Ejecutivo que preside Imanol Pradales no solo viola la ley de transparencia, sino que hiere la confianza pública. En democracia, el ocultamiento de datos tan sensibles no es una opción: es una agresión directa contra el derecho ciudadano a la verdad.
Quien calla, otorga. Y hoy el Gobierno Vasco, al negarse a ofrecer explicaciones, está enviando un mensaje devastador: que la opacidad es más importante que la información clara y transparente, que la comodidad política prevalece sobre la justicia, y que el respeto a las víctimas de ETA queda siempre relegado a un segundo plano cuando depende de partidos políticos como el PNV o el PSE.
En una sociedad que todavía arrastra el peso del terrorismo, esta actitud no es solo un error administrativo. Es una decisión política vergonzosa, grave e indigna, que equivale a dar la espalda a las víctimas, a la democracia y a la verdad.
El Gobierno Vasco ha decidido colocar un muro de silencio frente a una cuestión que, por su naturaleza, debería abordarse con absoluta transparencia. El pasado 4 de agosto, mediante una solicitud registrada oficialmente, se pidió al Ejecutivo autonómico que informara sobre cuántos ex miembros de ETA, condenados por sentencia firme, trabajan actualmente en sus dependencias, organismos y entes públicos. La petición no era caprichosa ni difusa: se amparaba en la Ley de Transparencia de Euskadi y en la Ley estatal de Transparencia y Buen Gobierno, y exigía un desglose claro por departamentos, funciones y año de incorporación.
El plazo legal para responder venció el 3 de septiembre de 2025. Hoy, más de un mes después, la respuesta sigue siendo la nada: ni información, ni explicaciones, ni justificación del retraso. Un silencio administrativo que, más allá de incumplir la normativa vigente, proyecta una sombra aún más inquietante: ¿qué pretende ocultar el Gobierno Vasco?
La pregunta no es menor. ETA asesinó a más de 850 personas en España. Miles de ciudadanos viven todavía con las secuelas físicas y psicológicas de los atentados. Y en este contexto, la posibilidad de que antiguos terroristas condenados estén trabajando en la propia Administración vasca no es un detalle irrelevante: es un asunto de máxima gravedad política, ética y democrática.
No se trata de venganza ni de negar el derecho de reinserción individual. Se trata de algo mucho más básico: los ciudadanos tienen derecho a saber si quienes un día empuñaron las armas contra la sociedad vasca y española ocupan ahora puestos en las instituciones públicas que deberían representar a todos.
El silencio del Ejecutivo que preside Imanol Pradales no solo viola la ley de transparencia, sino que hiere la confianza pública. En democracia, el ocultamiento de datos tan sensibles no es una opción: es una agresión directa contra el derecho ciudadano a la verdad.
Quien calla, otorga. Y hoy el Gobierno Vasco, al negarse a ofrecer explicaciones, está enviando un mensaje devastador: que la opacidad es más importante que la información clara y transparente, que la comodidad política prevalece sobre la justicia, y que el respeto a las víctimas de ETA queda siempre relegado a un segundo plano cuando depende de partidos políticos como el PNV o el PSE.
En una sociedad que todavía arrastra el peso del terrorismo, esta actitud no es solo un error administrativo. Es una decisión política vergonzosa, grave e indigna, que equivale a dar la espalda a las víctimas, a la democracia y a la verdad.
