Víctimas del terrorismo
Denuncian la concesión de terceros grados «fraudulentos» a los asesinos etarras Mikel Otegui y Ana Belén Egües
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El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha denunciado la concesión de nuevos terceros grados a los etarras Mikel Otegui y Ana Belén Egües, ambos todavía vinculados a la izquierda abertzale a través de su inclusión en las listas oficiales de Etxerat, donde son tratados como «presos políticos». Para COVITE, se trata de una nueva muestra de la amnistía encubierta que el Gobierno Vasco está aplicando a los presos de ETA, progresando al tercer grado a un número cada vez mayor de etarras condenados sin que estos cumplan con el requisito legal fundamental para progresar al tercer grado, que es el arrepentimiento. «Al contrario de lo que dicen los portavoces de la Consejería de Justicia del Gobierno vasco, la ley sí que exige el arrepentimiento como condición indispensable para progresar al tercer grado, y ese requisito no se está cumpliendo», ha criticado Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE.
El artículo 90 del Código Penal, tras la reforma de la Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, establece lo siguiente: «Asimismo, en el caso de personas condenadas por delitos de terrorismo de la sección segunda del capítulo V del título XXII del libro II de este Código, o por delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales, se entenderá que hay pronóstico de reinserción social cuando el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista y además haya colaborado activamente con las autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la banda armada, organización o grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado».
Lejos de estar arrepentidos, ambos etarras siguen siendo exhibidos y tratados como héroes por la izquierda abertzale. En el caso de Mikel Otegui, en octubre de 2023 el Ayuntamiento de Itsasondo organizó, en colaboración con SARE, una exposición de sus pinturas en un espacio municipal. Para mayor escarnio, Itsasondo es precisamente la localidad donde Otegui asesinó a sus víctimas, los ertzainas José Luis González Villanueva e Ignacio Jesús Mendiluce Echevarría. Además, durante la última Korrika, en 2024, se portaron pancartas con sus fotos junto a las de otros etarras como Imanol Miner, Asier Badiola e Ibon Iparraguirre. Pese a la gravedad de estos hechos, la entidad organizadora de la Korrika, la AEK, no condenó la exhibición de fotos de terroristas durante la carrera.
Por otro lado, Ana Belén Egües sigue apareciendo en las listas de Etxerat como «presa política», lo que refleja su falta de desvinculación del entorno de la izquierda abertzale, y de arrepentimiento por los crímenes cometidos. COVITE ha recordado que en las redes sociales solo se puede documentar una pequeña parte de estos actos de apoyo a etarras, y que, en localidades pequeñas como Elduain, de donde es originaria Egües, es más difícil rastrear todos los actos o manifestaciones de apoyo público que puedan organizarse en su favor.
La presidenta de COVITE ha insistido en que «si estos presos etarras están en la órbita de la izquierda abertzale, que les prohíbe expresamente el arrepentimiento desde hace años, y son tratados como héroes o ‘presos políticos’, no hay mayor prueba de que no se han arrepentido. Por tanto, hablamos de terceros grados fraudulentos». «Si el Gobierno vasco continúa a este ritmo de concesiones de terceros grados y la Fiscalía de la Audiencia Nacional no los recurre, pronto veremos cómo se vacían las cárceles de presos de ETA, y además en los términos en que siempre ha querido la izquierda abertzale: sin arrepentirse de sus crímenes», ha advertido Ordóñez.
COVITE ha censurado, una vez más, que el Gobierno Vasco sustente el cumplimiento del requisito del arrepentimiento en «cartas manuscritas que nunca se hacen públicas, mientras los etarras siguen dejándose instrumentalizar por la izquierda abertzale e imponiendo a las víctimas su exhibición pública constante. Esas cartas son una burla a la ley y un insulto a las víctimas, a las que se nos pide un acto de fe. No se puede estar con la izquierda abertzale y estar arrepentido», ha lamentado Consuelo Ordóñez. «Es vergonzoso que, tanto el Gobierno Vasco como la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que es la única competente para recurrir los terceros grados y quien debe velar por nuestro derecho a la justicia en la fase de ejecución de las condenas, den validez a esas cartas cuyas palabras siempre son desmentidas por los hechos».
Mikel Otegui fue condenado a 25 años de cárcel por el asesinato de los ertzainas José Luis González Villanueva e Ignacio Jesús Mendiluce Echevarría. Ana Belén Egües cumple 30 años de cárcel por varios asesinatos, intentos de asesinato, depósito de armas y explosivos y por causar decenas de heridos. Entre sus víctimas mortales figuran Luis Ortiz de la Rosa, Justo Oreja Pedraza y Pedro Antonio Blanco García.
El Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE) ha denunciado la concesión de nuevos terceros grados a los etarras Mikel Otegui y Ana Belén Egües, ambos todavía vinculados a la izquierda abertzale a través de su inclusión en las listas oficiales de Etxerat, donde son tratados como «presos políticos». Para COVITE, se trata de una nueva muestra de la amnistía encubierta que el Gobierno Vasco está aplicando a los presos de ETA, progresando al tercer grado a un número cada vez mayor de etarras condenados sin que estos cumplan con el requisito legal fundamental para progresar al tercer grado, que es el arrepentimiento. «Al contrario de lo que dicen los portavoces de la Consejería de Justicia del Gobierno vasco, la ley sí que exige el arrepentimiento como condición indispensable para progresar al tercer grado, y ese requisito no se está cumpliendo», ha criticado Consuelo Ordóñez, presidenta de COVITE.
El artículo 90 del Código Penal, tras la reforma de la Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, establece lo siguiente: «Asimismo, en el caso de personas condenadas por delitos de terrorismo de la sección segunda del capítulo V del título XXII del libro II de este Código, o por delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales, se entenderá que hay pronóstico de reinserción social cuando el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista y además haya colaborado activamente con las autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la banda armada, organización o grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, para obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado».
Lejos de estar arrepentidos, ambos etarras siguen siendo exhibidos y tratados como héroes por la izquierda abertzale. En el caso de Mikel Otegui, en octubre de 2023 el Ayuntamiento de Itsasondo organizó, en colaboración con SARE, una exposición de sus pinturas en un espacio municipal. Para mayor escarnio, Itsasondo es precisamente la localidad donde Otegui asesinó a sus víctimas, los ertzainas José Luis González Villanueva e Ignacio Jesús Mendiluce Echevarría. Además, durante la última Korrika, en 2024, se portaron pancartas con sus fotos junto a las de otros etarras como Imanol Miner, Asier Badiola e Ibon Iparraguirre. Pese a la gravedad de estos hechos, la entidad organizadora de la Korrika, la AEK, no condenó la exhibición de fotos de terroristas durante la carrera.
Por otro lado, Ana Belén Egües sigue apareciendo en las listas de Etxerat como «presa política», lo que refleja su falta de desvinculación del entorno de la izquierda abertzale, y de arrepentimiento por los crímenes cometidos. COVITE ha recordado que en las redes sociales solo se puede documentar una pequeña parte de estos actos de apoyo a etarras, y que, en localidades pequeñas como Elduain, de donde es originaria Egües, es más difícil rastrear todos los actos o manifestaciones de apoyo público que puedan organizarse en su favor.
La presidenta de COVITE ha insistido en que «si estos presos etarras están en la órbita de la izquierda abertzale, que les prohíbe expresamente el arrepentimiento desde hace años, y son tratados como héroes o ‘presos políticos’, no hay mayor prueba de que no se han arrepentido. Por tanto, hablamos de terceros grados fraudulentos». «Si el Gobierno vasco continúa a este ritmo de concesiones de terceros grados y la Fiscalía de la Audiencia Nacional no los recurre, pronto veremos cómo se vacían las cárceles de presos de ETA, y además en los términos en que siempre ha querido la izquierda abertzale: sin arrepentirse de sus crímenes», ha advertido Ordóñez.
COVITE ha censurado, una vez más, que el Gobierno Vasco sustente el cumplimiento del requisito del arrepentimiento en «cartas manuscritas que nunca se hacen públicas, mientras los etarras siguen dejándose instrumentalizar por la izquierda abertzale e imponiendo a las víctimas su exhibición pública constante. Esas cartas son una burla a la ley y un insulto a las víctimas, a las que se nos pide un acto de fe. No se puede estar con la izquierda abertzale y estar arrepentido», ha lamentado Consuelo Ordóñez. «Es vergonzoso que, tanto el Gobierno Vasco como la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que es la única competente para recurrir los terceros grados y quien debe velar por nuestro derecho a la justicia en la fase de ejecución de las condenas, den validez a esas cartas cuyas palabras siempre son desmentidas por los hechos».
Mikel Otegui fue condenado a 25 años de cárcel por el asesinato de los ertzainas José Luis González Villanueva e Ignacio Jesús Mendiluce Echevarría. Ana Belén Egües cumple 30 años de cárcel por varios asesinatos, intentos de asesinato, depósito de armas y explosivos y por causar decenas de heridos. Entre sus víctimas mortales figuran Luis Ortiz de la Rosa, Justo Oreja Pedraza y Pedro Antonio Blanco García.