El 1 de septiembre de 2025, la Secretaría de Estado de Seguridad firmó una resolución que podría pasar inadvertida en el boletín administrativo, pero cuyo contenido plantea preguntas incómodas. El Ministerio del Interior rechazó detallar qué medidas existen en España para proteger sus infraestructuras críticas frente a pulsos electromagnéticos (EMP), un fenómeno, que puede tener un origen natural o artificial, capaz de inutilizar redes eléctricas, satélites y sistemas de comunicación.

El documento, emitido tras una petición de acceso a la información pública presentada por el periodista Raúl González Zorrilla, director de La Tribuna del País Vasco, se limita a recordar que el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas (CNPIC) es el órgano encargado de supervisar la seguridad de sectores estratégicos, pero subraya que los EMP “no forman parte de las competencias específicas” del organismo. La respuesta omite cualquier referencia a planes de contingencia, tecnologías de blindaje o protocolos de emergencia.

La resolución, firmada electrónicamente por José Antonio Rodríguez González, director general de Coordinación y Estudios, recuerda que el Catálogo Nacional de Infraestructuras Estratégicas —que incluye datos de instalaciones críticas, sistemas de seguridad asociados y operadores responsables— está clasificado como “SECRETO” desde 2007 por acuerdo del Consejo de Ministros.

“Se trata de un registro de carácter administrativo con información completa y actualizada de todas las infraestructuras estratégicas”, señala el documento. Pero sus contenidos, así como los sistemas informáticos y las habilitaciones de seguridad asociadas, son inaccesibles para la ciudadanía e incluso para la mayoría de los organismos oficiales.

La negativa no impidió que el Ministerio recordara qué sectores son considerados críticos para la seguridad nacional: Administración, Espacio, Nuclear, Química, Investigación, Agua, Energía, Salud, TIC, Transporte, Alimentación y Finanzas.

Todos ellos dependen en mayor o menor medida de sistemas electrónicos y digitales, lo que los convierte en blancos potenciales de un ataque EMP, ya sea provocado por un dispositivo militar, un ataque cibernético coordinado o incluso por fenómenos naturales como tormentas solares extremas.

Qué es un pulso electromagnético y por qué preocupa

Un EMP es una ráfaga de energía electromagnética capaz de freír circuitos electrónicos a gran escala. Puede producirse de manera natural —a través de tormentas solares intensas— o de forma artificial, mediante la detonación de armas nucleares a gran altitud o el uso de dispositivos específicos diseñados para generar este efecto.

En la práctica, un EMP de gran magnitud podría dejar sin suministro eléctrico a millones de ciudadanos, bloquear las comunicaciones móviles, interrumpir el transporte aéreo y ferroviario, e incluso afectar al suministro de agua o alimentos, al depender de sistemas informatizados.

En 2017, un informe del Parlamento Europeo ya advertía de que un ataque de este tipo supondría un “desafío existencial” para las sociedades modernas. Estados Unidos, por su parte, lleva años financiando programas de protección y simulacros frente a este riesgo.

La ausencia de respuestas concretas en la resolución del Ministerio abre la pregunta: ¿tiene España medidas reales para enfrentar un EMP?

Fuentes del sector de seguridad privada señalan que algunas instalaciones críticas —centrales nucleares, grandes presas hidroeléctricas o centros de datos estratégicos— cuentan con blindajes electromagnéticos y planes de contingencia, pero no existe constancia pública de una estrategia nacional específica frente a esta amenaza.

“El silencio de Interior no significa necesariamente que no haya planes”, explica un experto en ciberseguridad consultado por este medio. “Pero sí revela que el Gobierno prefiere mantener esa información bajo secreto absoluto, probablemente para no exponer vulnerabilidades. La duda es si ese secretismo encubre fortalezas o carencias”.

En el documento, Interior insiste en que las cuestiones planteadas sobre EMP “no están contempladas” en la legislación vigente de protección de infraestructuras críticas. Esta omisión legislativa deja un vacío llamativo: España reconoce la importancia de proteger sus infraestructuras, pero no menciona explícitamente una de las amenazas tecnológicas más disruptivas.

La contradicción es evidente: mientras países como Estados Unidos y Reino Unido han emitido informes parlamentarios y planes públicos de actuación, en España el tema permanece clasificado y fuera del debate político.

La negativa de Interior, en apariencia burocrática, se convierte así en un síntoma de un problema mayor: la falta de transparencia en torno a la preparación del país frente a riesgos tecnológicos de alto impacto.

“Si mañana una tormenta solar extrema afectara al suministro eléctrico europeo, ¿qué capacidad de respuesta tendría España?”, se preguntan los expertos. “Y si un actor hostil desplegara un arma EMP contra nuestro territorio, ¿podría el país resistir el colapso de sus sistemas esenciales?”.

Preguntas que, por ahora, quedan sin respuesta oficial.