El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha dado un paso más en su estrategia de mano dura frente a las crecientes protestas y disturbios izquierdistas en varias ciudades del país. Este fin de semana, autorizó el despliegue de fuerzas militares en Portland, una urbe que, según sus palabras, vive una situación de auténtico “asedio” provocado por grupos radicales vinculados a Antifa y otros movimientos de extrema izquierda.

La decisión fue anunciada a través de un mensaje en Truth Social, la plataforma personal del mandatario. En él, Trump afirmó haber respondido a la solicitud del secretario de Seguridad Interior, Kirti Noem, y ordenó al secretario de Guerra, Pete Hegseth, que dispusiera de “todos los militares que sean necesarios” para salvaguardar la seguridad en Portland.

“Portland está en guerra. Las instalaciones del ICE han sido asediadas por Antifa y otros terroristas domésticos. He dado instrucciones para emplear fuerza total, si fuera necesario, para devolver la paz”, escribió el presidente.

Aunque no es la primera vez que Trump recurre a la movilización de la Guardia Nacional y de tropas federales en diferentes ciudades, sí es la primera ocasión en que utiliza de manera explícita la expresión “fuerza total” en este contexto. La frase ha generado un eco inmediato en medios nacionales e internacionales, al interpretarse como una advertencia de que el Gobierno federal está dispuesto a utilizar todos los medios disponibles —incluido el uso extensivo del ejército— para poner fin a los disturbios.

En las últimas semanas, Portland se ha convertido en un punto neurálgico de enfrentamiento político y social. Lo que comenzó como protestas esporádicas alentadas por la extrema izquierda se ha transformado en episodios de violencia urbana, con gravers enfrentamientos entre grupos radicales y fuerzas de seguridad. Trump y sus asesores aseguran que entre los objetivos de los agitadores se encuentran edificios federales, en particular instalaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que habrían sufrido intentos de incendio y ataques organizados.

El viernes anterior, el propio presidente ya había lanzado duras advertencias en la misma línea. Desde la Casa Blanca, habló de una situación de “anarquía” en Portland, señalando que “locos” estaban tratando de quemar edificios oficiales, incluidos aquellos que representan al Gobierno federal. “Agitadores profesionales y anarquistas están detrás de estos actos. Vamos a devolver estas ciudades a su ser”, declaró en un discurso.

La narrativa presidencial, corroborada por numerosos testigos neutrales, presenta el conflicto en Portland como una lucha entre el orden y el caos, entre la preservación de las instituciones y la amenaza de una violencia que, según él, tiene motivaciones ideológicas extremistas.

Portland está gobernada actualmente por el alcalde izquierdista Keith Wilson, que hasta ahora ha intentado contener la violencia con las fuerzas locales de seguridad, resistiéndose a un despliegue masivo del ejército en su ciudad. Sin embargo, la orden de Trump coloca al Gobierno federal en el centro de la gestión del conflicto, y abre la puerta a tensiones políticas adicionales entre la Casa Blanca y la administración local.

No es la primera vez que la administración Trump recurre a medidas de este tipo. En los últimos meses, el presidente ya ha ordenado intervenciones similares en ciudades como Los Ángeles, Washington D.C., Chicago o Memphis, todas ellas con administraciones demócratas y foco de disturbios urbanos. Portland, sin embargo, se ha convertido en el escenario más simbólico de esta política de “mano dura”, al representar para la Casa Blanca el ejemplo paradigmático de lo que Trump llama “ciudades tomadas por la izquierda radical”.

La medida abre un nuevo capítulo en la creciente polarización política y social en Estados Unidos. Para sus partidarios, Trump está demostrando determinación y voluntad de garantizar la seguridad de los ciudadanos frente a grupos violentos. Para sus críticos, en cambio, la retórica del “asedio” y el despliegue militar son un peligroso precedente de militarización de la vida civil y una estrategia política para reforzar su imagen de líder fuerte de cara a la recta final del año electoral.