En la madrileña cárcel de Soto del Real, Santos Cerdán lleva más de cien días contando las horas. El que fuera secretario de Organización del PSOE —el número tres del partido que gobierna España— ingresó el 30 de junio de 2025 acusado de liderar una trama de mordidas en adjudicaciones de obra pública. Sus intentos por salir de prisión han sido sistemáticamente rechazados. El último no hace ni 48 horas: el juez Leopoldo Puente argumentó que aún le faltan "pruebas relevantes" que está trabajando "intensamente" para conseguir.

La celda de Cerdán es apenas un espejo distorsionado de los despachos de Ferraz, donde la cúpula socialista contempla el peor escenario posible: que el Tribunal Supremo impute al PSOE como persona jurídica por delitos de financiación ilegal. No sería la primera vez que un gran partido español se enfrenta a esta perspectiva, pero la magnitud de lo que investigan la UCO y el juez Puente no tiene parangón en la democracia reciente.

Todo comenzó con unas mascarillas. En febrero de 2024, la Audiencia Nacional ordenó una operación contra una presunta trama de comisiones ilegales en contratos de material sanitario durante la pandemia. El nombre clave: Koldo García, un ex escolta reconvertido en asesor del entonces ministro de Transportes José Luis Ábalos. El caso se conocería como "caso Koldo", aunque pronto quedaría claro que Koldo era apenas la punta visible de un iceberg mucho más profundo.

Los contratos investigados sumaban 54 millones de euros en mascarillas, pero la red se extendía mucho más allá: rescates a aerolíneas, comisiones de obra pública, cuentas en paraísos fiscales. Entre los protagonistas emergió Víctor de Aldama, empresario, expresidente del Zamora CF y, según la investigación, el "nexo corruptor" entre el poder político y el empresarial.

En noviembre de 2024, Aldama declaró voluntariamente ante la Audiencia Nacional. Lo que contó estremeció a La Moncloa: pagos en efectivo a ministros, comisiones por contratos públicos, entregas de dinero en sobres. Según su testimonio, José Luis Ábalos habría recibido 650.000 euros; Koldo García, 300.000 euros. Y Santos Cerdán, 15.000 euros en un sobre entregado en su presencia.

Pero fue un informe de la UCO de la Guardia Civil, fechado el 5 de junio de 2025, el que abrió la caja de Pandora. Quinientas páginas de conversaciones intervenidas, seguimientos, análisis patrimoniales. Y una palabra que se repetiría hasta la náusea en los días siguientes: "el impuesto".

La escena es del 15 de marzo de 2022. Koldo García escribe a Javier Herrero, entonces director general de Carreteras del Ministerio de Transportes: "Perdona que te moleste. Me pide tu teléfono al gerente del partido. Te puedo llamar 15 segundos". Y añade: "Creo que te van a pedir el impuesto".

Una hora después, Koldo pregunta si ya le han llamado desde Gerencia. Herrero confirma: le han enviado un formulario, pero sin especificar la cuantía. La UCO concluye que desde la Gerencia del PSOE —entonces dirigida por Ana María Fuentes, propuesta para el cargo por el propio Santos Cerdán— se solicitó a Herrero "que realizase algún tipo de aportación económica".

El Gobierno y el PSOE se apresuraron a explicar que "el impuesto" es simplemente el nombre coloquial con que se denomina internamente a las cuotas que los cargos públicos aportan voluntariamente al partido, una práctica recogida en los estatutos y fiscalizada por el Tribunal de Cuentas. En 2023, el partido ingresó cerca de 10 millones de euros por estas aportaciones, que suelen rondar el 10% del salario de los cargos.

Sin embargo, la investigación judicial apunta en otra dirección. Los agentes de la UCO identificaron un patrón sospechoso: aportaciones económicas vinculadas a contratos públicos que podrían haberse canalizado de forma encubierta hacia el partido. En las conversaciones intervenidas, los implicados se referían al PSOE como "la ganadería", y discutían sobre empresas que debían quedar "fuera del baile" o "dentro del baile" de las adjudicaciones.

El poder en la sombra

Santos Cerdán emerge en el informe de la UCO como la figura central del entramado. Los audios intervenidos a Koldo García lo sitúan como "la persona encargada de gestionar los presuntos pagos" de las mordidas. En una de las grabaciones más reveladoras, el constructor valenciano José Ruz —vinculado a Levantina Ingeniería y Construcción— le pide a Koldo hablar directamente con Santos, "el navarro", preocupado porque algunas empresas habían quedado fuera de las adjudicaciones, lo cual "no sería conveniente para la ganadería".

La UCO subraya que "estas conversaciones discurrían siempre por la exigencia de la cantidad de dinero que se les adeudaba: Ábalos, y por extensión Koldo, generaban la deuda con Acciona por presuntas adjudicaciones fraudulentas, y Santos Cerdán se encargaba presuntamente de gestionar el monto y los pagos".

El juez Puente identificó en su auto de prisión un patrón que le llevó a considerar a Cerdán como líder de la organización criminal: era él quien reclamaba las cantidades adeudadas, quien las recaudaba y quien las hacía llegar después a Ábalos y García. Todo ello mientras ejercía como secretario de Organización del PSOE, el cargo que controla la maquinaria territorial del partido y que tradicionalmente ha sido considerado como el verdadero motor de poder de Ferraz.

Los sobres de Ferraz

El último capítulo de esta investigación se escribió hace apenas dos días. El 3 de octubre de 2025, la UCO remitió al Tribunal Supremo un nuevo informe sobre el patrimonio de José Luis Ábalos. El documento analiza "desembolsos" de 95.437 euros que procederían de "ingresos no declarados" y describe con fotografías cómo el PSOE entregaba dinero en efectivo a Ábalos y Koldo García en sobres con el membrete del partido.

Las imágenes no dejan lugar a dudas: sobres blancos con el logotipo del PSOE, cantidades anotadas a mano, entregas que se realizaban en la propia sede de Ferraz. Las secretarias de Ábalos y Cerdán —Celia y Cova— eran las encargadas de entregar los sobres con billetes.

El PSOE respondió de inmediato con un comunicado contundente: todos los pagos a Ábalos fueron "vía caja" con comprobantes de gastos justificados y auditados por el Tribunal de Cuentas. "No ha habido financiación ilegal", sentenciaron. "Afirmar que el PSOE ha pagado de forma irregular a José Luis Ábalos o a cualquiera es una calumnia".

Pero hay un problema. Según el informe de la UCO, en uno de los sobres con el membrete del PSOE aparecían 826,73 euros, cuando según los datos facilitados por el partido debía contener solo 321,29 euros. El PSOE explicó que se trataba de un error de interpretación: el sobre incluía 321 euros en concepto de gastos de Ábalos y otros 505 euros de gastos de manutención de su equipo. Ambos conceptos, recalcaron, estaban debidamente registrados.

La imputación que viene

Fuentes judiciales, policiales y políticas consultadas por diversos medios coinciden en el mismo diagnóstico: el juez Puente tiene ya "indicios suficientes" para imputar al PSOE por un delito de financiación ilegal de partidos. La decisión, señalan estas fuentes, podría anunciarse en las próximas semanas.

Un indicio clave apunta al presunto desvío de fondos hacia el PSOE en forma de donaciones realizadas por los implicados en la trama. Estos fondos procederían de comisiones ilegales, lo que fundamenta la sospecha de financiación irregular. La UCO ha elaborado informes patrimoniales sobre Ábalos y Santos Cerdán que revelarían un "descuadre" entre las cantidades declaradas en la Agencia Tributaria y las cantidades donadas al partido.

El propio auto de prisión de Cerdán, dictado en junio, ya hablaba de un "botín millonario" y apuntaba a la futura imputación de "personas físicas y jurídicas". La referencia a personas jurídicas no pasó desapercibida: en el lenguaje jurídico, significa partidos políticos, sindicatos o empresas.

De prosperar la imputación, el PSOE podría enfrentarse a sanciones que van desde multas millonarias hasta la suspensión de actividades o, en el peor escenario, la disolución. El artículo 304 bis del Código Penal, que tipifica el delito de financiación ilegal, prevé la responsabilidad penal de los partidos como personas jurídicas.

El tirano socialista Pedro Sánchez ha negado categóricamente cualquier irregularidad. En una rueda de prensa, el presidente del Gobierno fue tajante: "Si nos atenemos a lo que dice el informe de la UCO, no hay ninguna derivación o señalamiento de una supuesta financiación irregular del PSOE. Me están preguntando por cosas que ni la UCO está señalando". El presidente, que ve cómo la corrupción se extiende como una sombra negra a su alrededor de la mano de su esposa y de su hermano, insistió en que las aportaciones de los cargos públicos son "voluntarias" y están recogidas en los estatutos del partido: "No es financiación irregular, al contrario, lo que hace es evitarla porque estamos contribuyendo con nuestros propios recursos a la financiación de la estructura de nuestra organización".

Pero desde la oposición, el discurso es radicalmente opuesto. Cuca Gamarra, portavoz del PP, lo resumió con una frase lapidaria: "La imagen del sanchismo son los sobres con el logo del PSOE llenos de billetes que recibía Ábalos". Alberto Núñez Feijóo ha exigido la dimisión de Sánchez y elecciones anticipadas, argumentando que "un Gobierno bajo investigación judicial carece de legitimidad moral".

La investigación avanza en múltiples frentes. El Tribunal Supremo ha solicitado al PSOE información exhaustiva sobre cuotas de afiliación, aportaciones voluntarias, liquidaciones de gastos y retribuciones desde 2014 hasta la actualidad. También ha requerido información bancaria a 35 entidades financieras en nueve países —Marruecos, Ecuador, Brasil, entre otros— donde la UCO rastrea el dinero de las presuntas mordidas.

Los registros realizados en junio en domicilios de Ábalos, Cerdán y varios empresarios vinculados a la trama han aportado documentación que ahora está siendo analizada. En casa de José Ruz, constructor valenciano, se encontró un pendrive con el rótulo "Gobierno de Cantabria. Consejería de Obras Públicas y Vivienda". La Guardia Civil sospecha que Ruz fue un cauce de presuntas mordidas hacia el PSOE.

Entretanto, José Luis Ábalos —expulsado del PSOE y ahora diputado del Grupo Mixto— mantiene su inocencia. Ha declarado ante el Supremo negando haber recibido dinero ilícito y asegurando que todos los pagos que recibió del partido estaban justificados. Koldo García, por su parte, se ha acogido a su derecho a no declarar.

Y Santos Cerdán, desde su celda en Soto del Real, confía en salir pronto. Según ha revelado su compañero de celda, el exsecretario de Organización del PSOE repite que es inocente, que "Koldo y Aldama me han utilizado" y que "Ábalos también tendrá lo suyo". Lee el libro Yo acuso: La defensa en juicios políticos, escrito por uno de sus abogados. Y espera.

El plazo máximo de su prisión provisional se cumple el 30 de diciembre de 2025. Para entonces, si el juez Puente no ha encontrado las "pruebas relevantes" que busca, Santos Cerdán podría comer las uvas en su casa de Milagro, en Navarra. Pero todo indica que la investigación avanzará mucho antes de esa fecha.

Lo que está en juego

No es solo el futuro político de unos cuantos dirigentes lo que está en juego. Si el Tribunal Supremo imputa finalmente al PSOE por financiación ilegal, sería un hito sin precedentes en la democracia española. Otros partidos han sido investigados y condenados por corrupción —el PP con el caso Gürtel, Convergència con el caso Palau— pero ninguno se ha enfrentado a una acusación de estas dimensiones mientras gobierna España.

El propio Sánchez ha puesto en marcha la maquinaria de defensa del partido. Ha reorganizado la cúpula de Ferraz tras la dimisión de Cerdán, ha reforzado el equipo jurídico y ha activado la estrategia de comunicación para contrarrestar lo que desde Moncloa califican como una "campaña de la derecha política y mediática".

Pero los hechos son tozudos. Los audios existen. Los sobres con dinero, también. Las conversaciones sobre "el impuesto", sobre "la ganadería", sobre empresas que debían quedar dentro o fuera del "baile" de las adjudicaciones públicas están ahí, grabadas, transcritas, incorporadas al sumario.

Y mientras Ferraz batalla por mantener su ya nula credibilidad, el juez Leopoldo Puente trabaja "intensamente" en su despacho del Tribunal Supremo. Las pruebas que busca, las que le faltan para completar el rompecabezas, podrían cambiar el mapa político de España en las próximas semanas. O confirmar, definitivamente, que todo fue legal, transparente y auditado, como insiste el PSOE.

La historia se escribe estos días entre los muros de Soto del Real, los pasillos de Ferraz y las togas del Supremo. Y España entera observa, expectante, cómo se desarrolla una investigación que, sea cual sea su desenlace, ya ha dejado una marca indeleble en la política española del siglo XXI.

(*) Reportaje elaborado con información de fuentes judiciales, informes de la UCO y declaraciones públicas hasta el 4 de octubre de 2025