La resolución del Gobierno Vasco sobre la presencia de exterroristas de ETA en la Administración pública no es un simple documento administrativo. Es un síntoma. Un síntoma grave.

Durante décadas, la sociedad vasca ha sufrido el terrorismo, la violencia, el silencio impuesto, el miedo y la fractura moral de un país que convivía con la amenaza totalitaria permanente. Hoy, con ETA disuelta, la memoria sigue viva… o debería seguirlo.

Pero esta resolución apunta en la dirección contraria.

La Administración vasca, en manos del PNV-PSE, declara, con naturalidad burocrática, que no controla si personas condenadas por terrorismo trabajan en sus instituciones. No lo controla porque no le parece necesario. No lo registra porque no lo exige la normativa. Y lo más preocupante: utiliza ese vacío administrativo como excusa para negar información a la ciudadanía.

La transparencia no consiste en repetir mecánicamente artículos legales. La transparencia es una actitud. Una voluntad. Un compromiso moral.

Si el Gobierno nacionalsocialista vasco quisiera saber si tiene exterroristas entre su personal, podría averiguarlo. Bastaría un cruce de datos con el Registro de Penados, o un requerimiento puntual. Pero no lo hace. Y lo que es peor: no quiere saberlo ni que otros puedan preguntar.

Esta resolución evidencia una cultura política que prefiere no saber, porque saber obligaría a explicar. Y explicar obligaría a asumir responsabilidades. En lugar de blindar la verdad, se blinda la opacidad.

En un país que ha sufrido lo que ha sufrido, esto no es una anécdota administrativa. Es un profundo fracaso ético. Uno más en una sociedad cuya altitud moral apenas se levanta por encima del nivel marcado por las cloacas.

La ciudadanía vasca merece saber quiénes gestionan su dinero público, administran sus instituciones y ocupan puestos de confianza o responsabilidad. Y merece saberlo sin oscuridades, sin silencios, sin cortafuegos legales y sin maniobras de cierre en falso.

El terrorismo no puede normalizarse. Tampoco su rastro.
La opacidad no puede convertirse en política de Estado.
Y la memoria no puede relegarse a pie de página de una resolución administrativa.

Euskadi merece más.