Un nuevo informe denuncia la profunda infiltración estratégica de organizaciones vinculadas a los Hermanos Musulmanes en instituciones de la UE
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Un nuevo informe presentado ante el Parlamento Europeo ha encendido todas las alarmas: según sus autores, la Unión Europea ha financiado durante años —de forma directa o indirecta— a organizaciones asociadas a los Hermanos Musulmanes, una de las redes islamistas más influyentes y sofisticadas del mundo. El documento sostiene que parte de estas entidades han utilizado fondos europeos no sólo para reforzar su presencia en el continente, sino también para legitimar una ideología que, bajo una apariencia moderada, persigue “la transformación gradual de Europa hacia un orden social regido por un islam político”. Así lo describen la antropóloga Florence Bergeaud-Blackler y el investigador Tommaso Virgili, autores del estudio Unmasking the Muslim Brotherhood: Brotherism, Islamophobia & the EU.
Nota: Los suscriptores de La Tribuna del País Vasco pueden solicitar una copia del estudio por los canales habituales: [email protected] o en el teléfono 650114502
El informe revela que el entramado europeo de los Hermanos Musulmanes no funciona como una simple organización jerárquica, sino como un ecosistema de asociaciones, centros culturales, ONGs, foros académicos y think tanks que comparten ideología, recursos y objetivos. Los autores lo describen como un “sistema de triple capa”: una primera formada por miembros oficiales y visibles; una segunda integrada por militantes juramentados que niegan públicamente su afiliación; y una tercera más difusa compuesta por aliados que reproducen el discurso islamista sin ser conscientes del proyecto político al que contribuyen. Esta arquitectura, con múltiples niveles de opacidad, habría permitido a la red ganar “una profunda implantación en Europa, reforzada por dinero, influencia y un uso sofisticado de la ideología”.
La acusación central del estudio apunta directamente a la financiación pública europea. Varias organizaciones que operan bajo programas como Erasmus+, CERV, DG ECHO o fondos humanitarios habrían recibido subvenciones mientras mantenían vínculos ideológicos o personales con la hermandad. Entre ellas destaca FEMYSO, un foro juvenil fundado en 1996 que ha percibido más de 288.000 euros entre 2007 y 2019. Su liderazgo incluye figuras relacionadas con familias históricas del movimiento, como Ibrahim El-Zayat —descrito por la inteligencia alemana como “la araña en la red del islamismo”— y miembros de la familia Himmat, vinculada tradicionalmente a la financiación del islamismo político. A pesar de este historial, FEMYSO ha sido invitada regularmente a actos del Parlamento Europeo, campañas impulsadas por la Comisión y actividades organizadas por la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA).
El caso más polémico es el de Islamic Relief, la entidad que más fondos ha recibido: más de 40 millones de euros entre 2007 y 2020, incluyendo aportaciones a filiales nacionales. Todo ello pese a los continuos escándalos de antisemitismo en su dirección y a investigaciones oficiales que han señalado vínculos entre algunos responsables de la ONG y Hamas, el brazo palestino de los Hermanos Musulmanes. El informe subraya que la Comisión Europea llegó a afirmar en 2023 que ya no financiaba a Islamic Relief, una declaración que quedó en entredicho cuando preguntas parlamentarias posteriores demostraron la existencia de subvenciones activas en Alemania bajo el programa Erasmus+.
Más allá del dinero, el informe advierte sobre otro fenómeno igualmente problemático: la legitimación institucional. Organizaciones vinculadas al movimiento habrían logrado participar en foros de política europea, ser consultadas en la elaboración de informes oficiales sobre racismo, derechos humanos o discriminación y promover campañas que acabaron difundidas desde cuentas y departamentos de la propia Comisión Europea. La FRA, el Parlamento y la Comisión aparecen mencionados repetidamente como instituciones que, por desconocimiento o falta de mecanismos de control, han permitido que estos grupos penetrasen en espacios de influencia.
Los autores introducen el término “Brotherismo” para definir la ideología que subyace al movimiento y que combina, de forma calculada, un discurso público moderado con la defensa de una identidad islámica separada de las sociedades europeas, así como una estrategia de cambio social gradualista que evita el uso abierto de la violencia en aquellos lugares donde sería contraproducente. En esta visión confluyen los planteamientos de intelectuales como Yusuf al-Qaradawi y Abu al-A’la al-Mawdudi, dos figuras clave del islamismo moderno. Ambos sostienen que el islam debe entenderse como un “sistema total” que abarca todos los aspectos de la vida y que la instauración de un orden social islámico debe alcanzarse a través de un proceso de transformación lenta pero constante, apoyado en instituciones, educación, movilización juvenil y tácticas de entrada en la política europea.
Una pieza esencial de esta estrategia, según el informe, es el uso del concepto “islamofobia”. Lejos de emplearse únicamente para describir actos discriminatorios contra la población musulmana, el término se habría convertido en un “concepto hermano por excelencia”, diseñado para desactivar críticas legítimas al islamismo político, ganar aliados en la izquierda identitaria y generar un clima de intimidación entre funcionarios que pudieran sospechar de las actividades de estas organizaciones. Los autores documentan campañas europeas, bases de datos, coordinadores oficiales y proyectos financiados por la UE que habrían sido influidos —directa o indirectamente— por entidades alineadas con la hermandad.
En el prólogo del informe, el eurodiputado sueco Charlie Weimers lanza una advertencia contundente: “Si Europa continúa financiando ideologías que buscan socavar sus fundamentos culturales y religiosos, nuestro futuro común está en peligro”. El documento concluye reclamando un corte total de financiación y cooperación con organizaciones vinculadas al movimiento, una supervisión mucho más estricta y la adopción de criterios claros que impidan que subvenciones públicas terminen apoyando, incluso de forma inadvertida, a entidades que promueven un proyecto totalitario incompatible con los valores europeos.
Un nuevo informe presentado ante el Parlamento Europeo ha encendido todas las alarmas: según sus autores, la Unión Europea ha financiado durante años —de forma directa o indirecta— a organizaciones asociadas a los Hermanos Musulmanes, una de las redes islamistas más influyentes y sofisticadas del mundo. El documento sostiene que parte de estas entidades han utilizado fondos europeos no sólo para reforzar su presencia en el continente, sino también para legitimar una ideología que, bajo una apariencia moderada, persigue “la transformación gradual de Europa hacia un orden social regido por un islam político”. Así lo describen la antropóloga Florence Bergeaud-Blackler y el investigador Tommaso Virgili, autores del estudio Unmasking the Muslim Brotherhood: Brotherism, Islamophobia & the EU.
Nota: Los suscriptores de La Tribuna del País Vasco pueden solicitar una copia del estudio por los canales habituales: [email protected] o en el teléfono 650114502
El informe revela que el entramado europeo de los Hermanos Musulmanes no funciona como una simple organización jerárquica, sino como un ecosistema de asociaciones, centros culturales, ONGs, foros académicos y think tanks que comparten ideología, recursos y objetivos. Los autores lo describen como un “sistema de triple capa”: una primera formada por miembros oficiales y visibles; una segunda integrada por militantes juramentados que niegan públicamente su afiliación; y una tercera más difusa compuesta por aliados que reproducen el discurso islamista sin ser conscientes del proyecto político al que contribuyen. Esta arquitectura, con múltiples niveles de opacidad, habría permitido a la red ganar “una profunda implantación en Europa, reforzada por dinero, influencia y un uso sofisticado de la ideología”.
La acusación central del estudio apunta directamente a la financiación pública europea. Varias organizaciones que operan bajo programas como Erasmus+, CERV, DG ECHO o fondos humanitarios habrían recibido subvenciones mientras mantenían vínculos ideológicos o personales con la hermandad. Entre ellas destaca FEMYSO, un foro juvenil fundado en 1996 que ha percibido más de 288.000 euros entre 2007 y 2019. Su liderazgo incluye figuras relacionadas con familias históricas del movimiento, como Ibrahim El-Zayat —descrito por la inteligencia alemana como “la araña en la red del islamismo”— y miembros de la familia Himmat, vinculada tradicionalmente a la financiación del islamismo político. A pesar de este historial, FEMYSO ha sido invitada regularmente a actos del Parlamento Europeo, campañas impulsadas por la Comisión y actividades organizadas por la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA).
El caso más polémico es el de Islamic Relief, la entidad que más fondos ha recibido: más de 40 millones de euros entre 2007 y 2020, incluyendo aportaciones a filiales nacionales. Todo ello pese a los continuos escándalos de antisemitismo en su dirección y a investigaciones oficiales que han señalado vínculos entre algunos responsables de la ONG y Hamas, el brazo palestino de los Hermanos Musulmanes. El informe subraya que la Comisión Europea llegó a afirmar en 2023 que ya no financiaba a Islamic Relief, una declaración que quedó en entredicho cuando preguntas parlamentarias posteriores demostraron la existencia de subvenciones activas en Alemania bajo el programa Erasmus+.
Más allá del dinero, el informe advierte sobre otro fenómeno igualmente problemático: la legitimación institucional. Organizaciones vinculadas al movimiento habrían logrado participar en foros de política europea, ser consultadas en la elaboración de informes oficiales sobre racismo, derechos humanos o discriminación y promover campañas que acabaron difundidas desde cuentas y departamentos de la propia Comisión Europea. La FRA, el Parlamento y la Comisión aparecen mencionados repetidamente como instituciones que, por desconocimiento o falta de mecanismos de control, han permitido que estos grupos penetrasen en espacios de influencia.
Los autores introducen el término “Brotherismo” para definir la ideología que subyace al movimiento y que combina, de forma calculada, un discurso público moderado con la defensa de una identidad islámica separada de las sociedades europeas, así como una estrategia de cambio social gradualista que evita el uso abierto de la violencia en aquellos lugares donde sería contraproducente. En esta visión confluyen los planteamientos de intelectuales como Yusuf al-Qaradawi y Abu al-A’la al-Mawdudi, dos figuras clave del islamismo moderno. Ambos sostienen que el islam debe entenderse como un “sistema total” que abarca todos los aspectos de la vida y que la instauración de un orden social islámico debe alcanzarse a través de un proceso de transformación lenta pero constante, apoyado en instituciones, educación, movilización juvenil y tácticas de entrada en la política europea.
Una pieza esencial de esta estrategia, según el informe, es el uso del concepto “islamofobia”. Lejos de emplearse únicamente para describir actos discriminatorios contra la población musulmana, el término se habría convertido en un “concepto hermano por excelencia”, diseñado para desactivar críticas legítimas al islamismo político, ganar aliados en la izquierda identitaria y generar un clima de intimidación entre funcionarios que pudieran sospechar de las actividades de estas organizaciones. Los autores documentan campañas europeas, bases de datos, coordinadores oficiales y proyectos financiados por la UE que habrían sido influidos —directa o indirectamente— por entidades alineadas con la hermandad.
En el prólogo del informe, el eurodiputado sueco Charlie Weimers lanza una advertencia contundente: “Si Europa continúa financiando ideologías que buscan socavar sus fundamentos culturales y religiosos, nuestro futuro común está en peligro”. El documento concluye reclamando un corte total de financiación y cooperación con organizaciones vinculadas al movimiento, una supervisión mucho más estricta y la adopción de criterios claros que impidan que subvenciones públicas terminen apoyando, incluso de forma inadvertida, a entidades que promueven un proyecto totalitario incompatible con los valores europeos.
