Estados Unidos se ha hartado de los ataques constantes de sus "aliados" europeos a las libertades individuales de los ciudadanos americanos y ha abierto un nuevo frente político y diplomático con la UE. Esta vez no se trata de aranceles, ni de defensa, ni de Ucrania. El campo de batalla es la libertad de expresión en Internet. El Departamento de Estado estadounidense acaba de anunciar la prohibición de entrada en el país a cinco líderes de la UE a los que acusa de haber presionado a empresas tecnológicas norteamericanas para censurar opiniones protegidas por la Primera Enmienda. Washington habla abiertamente de un “complejo industrial global de la censura”.

El anuncio ha sido realizado por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien justificó la medida como una acción defensiva frente a lo que considera una ofensiva extranjera contra derechos fundamentales de los ciudadanos estadounidenses. Según la nota oficial del Departamento de Estado, estos actores europeos habrían utilizado su posición institucional y su influencia política para forzar a compañías como Meta, Google o X a retirar contenidos, limitar cuentas o modificar algoritmos con el objetivo de silenciar determinadas opiniones expresadas desde Estados Unidos.

Entre los sancionados figura Thierry Breton, excomisario europeo y uno de los arquitectos principales de la Ley de Servicios Digitales de la Unión Europea. Washington sostiene que Breton empleó su cargo para amenazar a plataformas tecnológicas con sanciones multimillonarias si no cumplían con los criterios ideológicos y regulatorios establecidos desde Bruselas, aun cuando los contenidos afectados fueran legales según la legislación estadounidense.

La lista incluye también a responsables de organizaciones transnacionales que se autodescriben como dedicadas a la "lucha contra la desinformación", como el Center for Countering Digital Hate o la Global Disinformation Index, a las que Estados Unidos acusa de elaborar listas negras de medios y voces críticas, presionando indirectamente a anunciantes y plataformas para estrangular económicamente a determinados discursos. Según la administración estadounidense, estas prácticas constituyen una forma de censura encubierta, ejecutada a través de ONGs pero alineada con intereses políticos europeos.

La embajada de Estados Unidos en España ha confirmado que, en los próximos días, nuevos nombres podrán añadirse a la lista de altos cargos de la UE que ven bloqueado su acceso a Estados Unidos.

El trasfondo del conflicto es la creciente tensión entre Washington y Bruselas por el control del espacio digital global. La Unión Europea defiende que su legislación, en especial la Ley de Servicios Digitales, es una herramienta necesaria para combatir el odio, la manipulación informativa y la injerencia extranjera. Estados Unidos, en cambio, considera que estas normas han evolucionado hacia un sistema de vigilancia ideológica que traspasa fronteras y termina afectando directamente a ciudadanos y empresas estadounidenses.

La reacción en Europa no se ha hecho esperar. Diversos responsables comunitarios han acusado a Washington de intimidación política y de utilizar el sistema de visados como arma diplomática. Desde París y Bruselas se insiste en que la regulación digital europea es fruto de procesos democráticos y que ningún país externo puede dictar cómo debe gobernarse el ecosistema informativo europeo. Thierry Breton, uno de los afectados, ha comparado la medida estadounidense con una caza de brujas propia del macartismo y ha negado tajantemente cualquier intento de censura.

Sin embargo, para la administración estadounidense el asunto es de principios. La nota del Departamento de Estado es clara: ningún gobierno extranjero, ningún organismo supranacional y ninguna ONG financiada con fondos públicos o privados podrá interferir en la libertad de expresión garantizada por la Constitución de Estados Unidos sin consecuencias. La prohibición de entrada es solo el primer paso de una estrategia más amplia para frenar lo que Washington percibe como una deriva autoritaria en la regulación digital occidental.

El choque marca un punto de inflexión en las relaciones transatlánticas. Por primera vez, Estados Unidos acusa directamente a aliados europeos de vulnerar derechos fundamentales de ciudadanos estadounidenses y responde con sanciones personales. El debate ya no gira únicamente en torno a la desinformación o el discurso del odio, sino sobre quién decide qué puede decirse, quién establece los límites del debate público y hasta dónde llega la soberanía digital de los Estados.

Lo que está en juego no es solo la regulación de las redes sociales, sino el modelo de democracia liberal que Occidente dice defender. Y esta vez, Washington y Bruselas parecen situados en trincheras opuestas.