Durante varios meses, entre los años 2005 y 2007, diferentes países de Europa fueron escenario de un ritual poco llamativo. En hoteles más o menos discretos, en salones sin banderas, delegaciones del Estado español (representado entonces por el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero) y de la banda terrorista ETA se sentaron frente a frente con una normalidad que jamás existió en público. No eran encuentros improvisados ni tanteos vagos. Había agendas, documentos, mediadores internacionales y una arquitectura política cuidadosamente diseñada. De un modo éticamente indecente y políticamente suicida, el Gobierno de España, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, había aceptado algo perverso: que la violencia terrorista no era solo un problema policial, sino el síntoma de un "conflicto político" que exigía una salida política. Por todo aquello, ahora, veinte años después, Vox ha presentado una denuncia ante la Fiscalía de Madrid contra el expresidente socialista del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, a quien atribuye presuntos delitos de colaboración con organización terrorista, revelación de secretos y omisión del deber de perseguir delitos.

Los testimonios de aquella infamia lo dejan claro. El reconocimiento de la banda terrorista ETA como interlocutor válido no se proclamó en el Congreso ni en ruedas de prensa. Se produjo en silencio, en la letra pequeña de las actas, en la aceptación de una doble mesa de negociación. Por un lado, una mesa técnica entre el Gobierno y la banda terrorista ETA, que por aquel entonces ya había sesinado a más de 800 personas, donde se hablaría de presos, seguridad, verificación internacional y "desmantelamiento armado". Por otro, una mesa política entre partidos vascos, donde se abordaría el núcleo prohibido: "territorialidad, marco jurídico y derecho a decidir". Rodríguez Zapatero no solo toleró ese esquema. Lo validó. Lo trabajó. Lo sostuvo durante casi dos años.

En esas reuniones, ETA no fue tratada como un interlocutor derrotado, sino como una parte con la que se negociaban garantías mutuas. El Gobierno socialista, que años después supuraría la tiranía actual de Pedro Sánchez, aceptó discutir condiciones de seguridad para los negociadores, incluso fuera del territorio español. Aceptó la presencia de mediadores internacionales y la creación de una comisión de verificación que evaluaría incidentes y responsabilidades de ambas partes. Aceptó, también, que durante el proceso no podía actuar unilateralmente sin ponerlo en riesgo.

Pero donde la negociación adquirió un peso real, tangible, fue en la cuestión penitenciaria. Las actas de aquellos encuentros, en poder de La Tribuna del País Vasco, revelan conversaciones minuciosas sobre presos concretos, con nombres y apellidos. Se habló de acercamientos progresivos a cárceles vascas o limítrofes, de flexibilizar la legislación penitenciaria en fases avanzadas del proceso, de aplicar libertades condicionales y arrestos domiciliarios, de "humanizar" la situación de presas con hijos y de excarcelar a presos gravemente enfermos. En reuniones clave, incluso se manejaron calendarios escalonados de salida de prisión. 

Mientras tanto, en la "mesa política", el Partido Socialista, cuya representación principal recaía en Jesús Eguiguren, aceptó ir mucho más lejos de lo que luego reconocería. Se trabajaron borradores donde se hablaba de un nuevo marco jurídico-político para los "cuatro territorios del sur", del "reconocimiento de Euskal Herria" como sujeto político y "del derecho de la ciudadanía vasca a decidir su futuro". No eran textos definitivos, pero sí suficientemente concretos como para provocar vértigo y vergüenza. En Loyola, durante jornadas maratonianas, las delegaciones pernoctaron juntas intentando cerrar un acuerdo que, de firmarse, habría cambiado la historia constitucional reciente de España.

El equilibrio era frágil. Cada detención, cada operación policial, cada decisión judicial tensaba la cuerda. Por ello, el Gobierno prometió evitar arrestos que pusieran en peligro el proceso, aunque reconocía que no podía hacerlo por escrito y que algunas órdenes ya estaban en marcha. En más de una ocasión, los representantes estatales admitieron que habían dado instrucciones políticas para reducir la presión policial, aunque al mismo tiempo alegaban la autonomía de jueces y cuerpos de seguridad.

La ruptura llegó cuando el Estado decidió replegarse. Tras el atentado de la T-4 de Barajas, el Gobierno declaró el proceso “roto” de cara al público, pero las actas muestran que los contactos continuaron. La banda terrorista ETA llegó a ofrecer mantener el alto el fuego, anular públicamente la "respuesta armada" y desmantelar sus estructuras militares bajo supervisión internacional. Lo que el Ejecutivo ya no estaba dispuesto a hacer era lo esencial: recoger por escrito un escenario político final. Sin ese compromiso, todo lo demás —presos, verificación, distensión— quedaba vacío.

Años después, el relato oficial insistió en que no hubo cesiones. Las actas dicen lo contrario. Lo que hubo fue una negociación real, profunda y peligrosa, en la que el Estado español, en manos del Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero, estuvo dispuesto a conceder a los asesinos mucho más de lo que jamás se atrevió a explicar a los ciudadanos.