El Gobierno de España, a través del Ministerio para la Transición Ecológica, ha anunciado que va a enviar a la Fiscalía el preocupante incremento de la virulencia en los ataques y los discursos de odio relacionados con el Cambio Climático. El ciberespacio y las redes sociales se han convertido en una jungla sin ley donde cabe todo y donde la agresividad, los insultos gratuitos y las descalificaciones más groseras están a la orden del día. Por lo tanto, debieran ser bienvenidas estas medidas que intentan corregir la impunidad actual, si no fuera por algunos matices.

La iniciativa  ministerial se ha centrado en los ataques y los discursos de odio contra los divulgadores climáticos, meteorólogos, climatólogos y divulgadores climáticos, lo que también debe ser calificado como una iniciativa loable porque son muchos los especialistas en estas materias que están sufriendo este tipo de acoso. Pero las dudas surgen cuando, al avanzar en el texto del comunicado, se descubre que  el objetivo real de esta medida no es proteger a todos los divulgadores que emiten opiniones sobre el clima, sino tan sólo a aquellos que defienden las doctrinas oficiales, quedando excluidos los científicos que discuten los riesgos y las causas del cambio climático.

Las razones que inducen este filtro selectivo, a la aplicación de diferentes varas de medir, están claramente expresadas al manifestar que se intenta combatir aquellos mensajes que no aportan datos ni hacen referencia a la fuente o que, en las pocas ocasiones en las que se aportan datos, estos son presentados de forma confusa o incorrecta, aludiendo a argumentos extraídos de discursos científicos negacionistas que presentan teorías parciales o alternativas al consenso internacional o con un claro conflicto de intereses debido a las actividades que desempeñan (sic). Pero, ¿definen correctamente estas frases la situación actual del debate científico sobre las causas del cambio climático?

A nivel global existen miles de científicos que son autores de numerosos libros, ensayos o artículos y que han firmado manifiestos proponiendo hipótesis alternativas a las tesis del IPCC. Estas siglas corresponden, en inglés, al Panel Internacional  del Cambio Climático, cuyas tesis sobre el origen antrópico del calentamiento global han sido adoptadas como válidas por numerosos gobiernos, entre ellos el español. Estos libros y ensayos, que están basados en observaciones documentadas y criterios científicos argumentados, aportan las fuentes bibliográficas correspondientes, abriendo un debate científico imprescindible para el progreso de la ciencia y el conocimiento del funcionamiento climático de la Tierra. Y son innumerables los científicos opuestos a las tesis del IPCC, veamos algunos ejemplos.

Cuando Federick Seitz, presidente de la Academia Americana de Ciencias, denunció la manipulación, a espaldas de sus autores, del primer informe del IPCC, donde se suprimieron conclusiones importantes establecidas por el comité de expertos ¿se puede decir que realizó esta acusación sin aportar datos? El comité directivo del IPCC se vio obligado a reconocer la veracidad de los hechos denunciados, aceptando que fueron consecuencia de presiones políticas.

Cuando Ivar Giaever, Nobel de Física y exintegrante del IPCC, en una presentación realizada durante la reunión anual de premios Nobel, expuso las presiones existentes para que no se publiquen en las revistas científicas más importantes los artículos que contradigan las tesis oficiales, que deben ser consideradas como una doctrina, una pseudoreligión, ¿estaba presentando datos de forma confusa?

Cuando Antonio Zichichi, presidente de la Sociedad Europea de Física y de la Federación Mundial de Científicos, afirmó que la radiación solar controla el 95% del proceso del cambio climático y que atribuir a las actividades humanas el calentamiento global, carece de fundamento científico, ¿estaba presentando una teoría parcial o refiriéndose a una interpretación  integral?

Cuando Patrick Moore, uno de los fundadores de Greenpeace, ha declarado que las tesis oficiales sobre el cambio climático se basan en falsas narrativas, y que la teoría del apocalipsis ambiental busca el poder y el control político utilizando el miedo y la culpa de la gente, ¿está incurriendo en conflicto de intereses por las actividades que desempeña?

Cuando John Clauser, premio Nobel de Física de 2022, ha declarado que la situación actual no puede calificarse de crisis climática, acusando al IPCC por difundir información errónea, ¿está realizando estas afirmaciones sin conocimiento de causa y de forma incorrecta?

También tenemos investigadores nacionales que han llegado a conclusiones parecidas. Así, cuando el profesor Carlos Madrid, de la Fundación Gustavo Bueno, en su riguroso estudio gnoseológico y estadístico sobre el cambio climático, afirma que las posibilidades de que se cumplan las predicciones del IPCC son del 50% (es decir, siguiendo las estrictas leyes del azar, cara o cruz), ¿no está aportando datos?

Y, cuando Javier Vinós (así como los comunicados de la recientemente constituida Asociación de Realistas Climáticos), afirma que no hay emergencia climática, que no hay necesidad de reducir las emisiones de CO₂ y que la Ciencia está atrapada en falso paradigma que tardará décadas en ser corregido, ¿no se están haciendo referencias a las abundantes fuentes bibliográficas utilizadas?

La lista de manifestaciones similares sería interminable, pero valga esta pequeña muestra para demostrar que, en las antípodas del cacareado consenso científico, existe un  imprescindible debate que está siendo escamoteado o silenciado ante la opinión pública. Y que los partidarios de estas hipótesis alternativas a la tesis oficial también están siendo acosados en las redes sociales, con la misma virulencia que los defensores de las tesis oficiales. Entonces, ¿por qué las notificaciones a la Fiscalía, con un claro filtro unidireccional, no incluyen también el acoso a los críticos de las tesis oficiales? Es evidente que para el Ministerio de Transición Ecológica sólo existe una verdad monolítica, absoluta e indiscutible, como un dogma que debe ser defendido, a espaldas del más elemental espíritu científico. Utilizando el mismo lenguaje del comunicado ministerial, podríamos preguntar: ¿Quiénes adoptan una postura más sesgada, incorrecta, parcial y confusa, quienes argumentan científicamente hipótesis alternativas a las tesis oficiales o quienes quieren silenciarlas combatiéndolas con estrategias similares a las que utilizó la Inquisición para combatir las herejías?

Recientemente, ha visto la luz una novela (2064, Un Mundo No tan Feliz), inspirada en las famosas distopías de Orwell y Huxley, donde se abordan las posibles consecuencias de las políticas climáticas actuales inspiradas en las tesis del IPCC. Como autor de dicha novela, no estoy calificado para realizar cualquier comentario objetivo sobre la misma, pero aludiendo a la historia que allí se narra, sí me atrevo a decir que, conceptualmente, con esta iniciativa ministerial nos aproximamos un poco a su trama. En ese ficticio mundo no tan feliz y remedando al Ministerio de la Verdad y a la Policía del Pensamiento de Orwell, estamos un poco más cerca de un Ministerio del Clima y de una Policía Climática. 

Dejando aparte la imperiosa necesidad de poner orden en las redes sociales y corregir la desbocada mala educación y violencia verbal que circula con impunidad, ¿no será que la iniciativa ministerial expresa una creciente preocupación porque está aumentando el número de escépticos climáticos, los mal llamados negacionistas, porque la tozuda realidad no cesa de contradecir a los catastróficos pronósticos del IPCC?

(*) Enrique Ortega Gironés, geólogo y coautor de Cambios Climáticos