Una semana después del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), en el que murieron 45 personas y resultaron heridas otras 126, el país sigue asistiendo a un espectáculo tan habitual como indecente: el de un Estado que llega tarde, informa mal y se esconde cuando debe dar explicaciones. Mientras las familias entierran a sus muertos, las instituciones se parapetan tras comunicados ambiguos y promesas genéricas de investigación.

Los hechos son conocidos y, sin embargo, todavía no asumidos políticamente. Un tren de alta velocidad de Iryo, procedente de Málaga, descarriló y arrolló a un convoy Alvia de Renfe que circulaba en sentido contrario entre Madrid y Huelva. Las primeras investigaciones apuntan a un fallo en la soldadura de la vía. Es decir: a un problema de mantenimiento. A una negligencia. A una infraestructura que no estaba en condiciones de garantizar la seguridad mínima.

En este contexto, una decena de víctimas ya se ha personado en el juzgado de Montoro para exigir responsabilidades penales. El Tribunal de Instancia número 2 ha recibido varias denuncias y personaciones, y la Fiscalía prevé que el número aumente en los próximos días. Es el inicio de un proceso largo, doloroso y, previsiblemente, plagado de obstáculos administrativos.

Según el diario El Mundo, entre quienes han dado este paso está Charo Morillo, médica y madre de Mario Jara, uno de los opositores que viajaban a Madrid para realizar las pruebas de acceso a Instituciones Penitenciarias. Su testimonio resume con crudeza lo ocurrido: “A mi hijo lo mataron. No hay otras palabras”. Mario salió de su casa de madrugada. Nunca volvió. Era su cumpleaños.

La tragedia golpeó con especial dureza a decenas de jóvenes opositores que se vieron obligados a desplazarse cientos de kilómetros para realizar un examen que perfectamente podría haberse celebrado en Andalucía. Una decisión burocrática, aparentemente menor, que hoy se revela letal. Centralización, desprecio territorial y logística mal planificada: la combinación habitual.

La indignación de las víctimas no se limita al accidente. Apunta directamente al comportamiento posterior de las instituciones. Horas sin información oficial. Silencio de Renfe. Descoordinación. Falta de atención a las familias. “El Estado nos ha tratado de vergüenza”, denuncia Morillo, profesional de emergencias durante toda su vida. No es una opinión emocional: es una constatación basada en hechos.

Paralelamente a la vía judicial, más de sesenta afectados se han organizado en plataformas digitales para apoyarse mutuamente y coordinar acciones futuras. Algunos de ellos sobrevivieron al accidente y arrastran secuelas físicas y psicológicas. Otros han perdido a padres, hijos o hermanos. Todos comparten una convicción: esto no fue un accidente inevitable. Fue el resultado de una cadena de dejaciones.

El precedente de Santiago de Compostela en 2013 planea sobre Adamuz como una advertencia. Entonces también hubo promesas, homenajes, minutos de silencio y responsabilidades diluidas con el paso del tiempo. Las víctimas actuales lo saben y por eso se asesoran con quienes ya recorrieron ese camino. Saben que, si no insisten, el sistema acabará absolviéndose a sí mismo.

Mientras tanto, los gestos institucionales resultan vacíos. El funeral de Estado, anunciado y pospuesto, no figura entre las prioridades de quienes lo han perdido todo. No buscan actos oficiales ni palabras huecas. Buscan verdad, justicia y garantías de que esto no volverá a ocurrir.

Adamuz no es una excepción. Es un síntoma. El síntoma de un país donde las infraestructuras envejecen, las inversiones se anuncian pero no llegan y la seguridad se sacrifica en nombre de la propaganda. Cuando el Estado falla en lo esencial —proteger la vida de los ciudadanos—, ya no estamos ante un error técnico. Estamos ante una responsabilidad política de primer orden.