El Gobierno de Pedro Sánchez, contra la mujer: cuando el poder socialista blanqua el velo islámico
Hay documentos que no se limitan a describir una realidad: la construyen. El informe «¡Con eso no! Discriminación de las jóvenes musulmanas con hiyab en el sistema educativo», promovido por el Gobierno de extrema izquierda de Pedro Sánchez a través del Instituto de las Mujeres y financiado con fondos públicos, pertenece a esa categoría. No estamos ante un estudio académico neutral, sino ante una pieza ideológica con vocación normativa, destinada a redefinir qué debe entenderse por igualdad, libertad, laicidad y discriminación en la escuela española.
Bajo una falsaria retórica de derechos y victimización, el documento ejecuta una operación inquietante: transforma un símbolo religioso totalitario y profundamente controvertido en un derecho intocable, y convierte cualquier cuestionamiento del mismo —jurídico, cultural, pedagógico o feminista— en una forma de racismo o “islamofobia de género”. El resultado es un relato cerrado, blindado frente a la crítica, que no analiza el fenómeno del velo islámico: lo sacraliza.
El informe parte de una premisa tremendamente falsa, pero que no se discute, sino que se impone: que el hiyab es siempre una elección libre, individual y emancipadora. Desde ahí, todo encaja. Las normas internas de los centros pasan a ser “normativas fantasma”; la neutralidad religiosa, una máscara represiva; el profesorado crítico, un agente discriminador; y la escuela pública, un espacio sospechoso que debe ser “reeducado”. No hay lugar para el matiz, la duda o el conflicto legítimo entre derechos. Solo hay culpables y víctimas.
Especialmente grave es el ataque frontal que el documento lanza contra el principio de neutralidad institucional. El Estado español no es confesional, pero tampoco es un actor militante de las religiones. Sin embargo, el informe exige que los centros educativos adapten activamente sus reglamentos, su pedagogía y su discurso para garantizar la visibilidad del hiyab. Esto no es proteger la libertad religiosa: es promover una práctica religiosa concreta, con marcados tintes machistas y totalitarios, desde el poder público socialista.
Más aún: el texto deslegitima de forma explícita a las corrientes feministas que consideran el velo un símbolo de subordinación sexual. Las despacha como “feminismo salvacionista”, negándoles autoridad moral o intelectual. Resulta paradójico —y profundamente revelador— que un organismo público dedicado a la igualdad de las mujeres impulse un discurso que invalida a las mujeres críticas (muchas veces asesinadas) con una prenda impuesta en numerosos países por ley, presión familiar o coerción social.
El informe tampoco se detiene en una cuestión esencial: la protección del menor. No analiza el posible conflicto entre libertad religiosa y autonomía personal en niñas y adolescentes. No se pregunta por el peso de la familia, la comunidad o la tradición. No contempla la posibilidad de que la escuela deba ser un espacio de emancipación frente a normas identitarias rígidas. El menor desaparece como sujeto de protección y se convierte en estandarte ideológico para esta basura islamoizquierdista.
Las recomendaciones finales del documento son aún más alarmantes. Se propone modificar reglamentos escolares, formar ideológicamente al profesorado, establecer protocolos de detección de “islamofobia”, intervenir en medios de comunicación y articular campañas públicas. Todo ello desde una concepción del Estado que ya no arbitra, sino que toma partido a favor de la islamización de nuestra sociedad. No frente a la discriminación real —que debe combatirse siempre—, sino frente al disenso legítimo.
Que este informe emane de una institución dependiente del "Ministerio de Igualdad" no es un detalle menor. Revela una deriva preocupante: el uso del aparato público para redefinir culturalmente la sociedad, imponiendo una visión cerrada de la diversidad, la religión y el feminismo, en la que disentir equivale a discriminar.
La escuela pública no puede convertirse en un laboratorio ideológico de la extrema-izquierda ni en un espacio de excepción religiosa. La igualdad no se defiende blindando símbolos, sino protegiendo a las personas. Y la libertad no consiste en obligar a callar a quien pregunta, duda o discrepa.
Este informe no combate la discriminación: la instrumentaliza. Y al hacerlo, erosiona uno de los pilares fundamentales de una sociedad plural: la neutralidad del Estado frente a las creencias religiosas.
Hay documentos que no se limitan a describir una realidad: la construyen. El informe «¡Con eso no! Discriminación de las jóvenes musulmanas con hiyab en el sistema educativo», promovido por el Gobierno de extrema izquierda de Pedro Sánchez a través del Instituto de las Mujeres y financiado con fondos públicos, pertenece a esa categoría. No estamos ante un estudio académico neutral, sino ante una pieza ideológica con vocación normativa, destinada a redefinir qué debe entenderse por igualdad, libertad, laicidad y discriminación en la escuela española.
Bajo una falsaria retórica de derechos y victimización, el documento ejecuta una operación inquietante: transforma un símbolo religioso totalitario y profundamente controvertido en un derecho intocable, y convierte cualquier cuestionamiento del mismo —jurídico, cultural, pedagógico o feminista— en una forma de racismo o “islamofobia de género”. El resultado es un relato cerrado, blindado frente a la crítica, que no analiza el fenómeno del velo islámico: lo sacraliza.
El informe parte de una premisa tremendamente falsa, pero que no se discute, sino que se impone: que el hiyab es siempre una elección libre, individual y emancipadora. Desde ahí, todo encaja. Las normas internas de los centros pasan a ser “normativas fantasma”; la neutralidad religiosa, una máscara represiva; el profesorado crítico, un agente discriminador; y la escuela pública, un espacio sospechoso que debe ser “reeducado”. No hay lugar para el matiz, la duda o el conflicto legítimo entre derechos. Solo hay culpables y víctimas.
Especialmente grave es el ataque frontal que el documento lanza contra el principio de neutralidad institucional. El Estado español no es confesional, pero tampoco es un actor militante de las religiones. Sin embargo, el informe exige que los centros educativos adapten activamente sus reglamentos, su pedagogía y su discurso para garantizar la visibilidad del hiyab. Esto no es proteger la libertad religiosa: es promover una práctica religiosa concreta, con marcados tintes machistas y totalitarios, desde el poder público socialista.
Más aún: el texto deslegitima de forma explícita a las corrientes feministas que consideran el velo un símbolo de subordinación sexual. Las despacha como “feminismo salvacionista”, negándoles autoridad moral o intelectual. Resulta paradójico —y profundamente revelador— que un organismo público dedicado a la igualdad de las mujeres impulse un discurso que invalida a las mujeres críticas (muchas veces asesinadas) con una prenda impuesta en numerosos países por ley, presión familiar o coerción social.
El informe tampoco se detiene en una cuestión esencial: la protección del menor. No analiza el posible conflicto entre libertad religiosa y autonomía personal en niñas y adolescentes. No se pregunta por el peso de la familia, la comunidad o la tradición. No contempla la posibilidad de que la escuela deba ser un espacio de emancipación frente a normas identitarias rígidas. El menor desaparece como sujeto de protección y se convierte en estandarte ideológico para esta basura islamoizquierdista.
Las recomendaciones finales del documento son aún más alarmantes. Se propone modificar reglamentos escolares, formar ideológicamente al profesorado, establecer protocolos de detección de “islamofobia”, intervenir en medios de comunicación y articular campañas públicas. Todo ello desde una concepción del Estado que ya no arbitra, sino que toma partido a favor de la islamización de nuestra sociedad. No frente a la discriminación real —que debe combatirse siempre—, sino frente al disenso legítimo.
Que este informe emane de una institución dependiente del "Ministerio de Igualdad" no es un detalle menor. Revela una deriva preocupante: el uso del aparato público para redefinir culturalmente la sociedad, imponiendo una visión cerrada de la diversidad, la religión y el feminismo, en la que disentir equivale a discriminar.
La escuela pública no puede convertirse en un laboratorio ideológico de la extrema-izquierda ni en un espacio de excepción religiosa. La igualdad no se defiende blindando símbolos, sino protegiendo a las personas. Y la libertad no consiste en obligar a callar a quien pregunta, duda o discrepa.
Este informe no combate la discriminación: la instrumentaliza. Y al hacerlo, erosiona uno de los pilares fundamentales de una sociedad plural: la neutralidad del Estado frente a las creencias religiosas.
