El jefe de la Delegación de Vox en Europa, Jorge Buxadé, se ha desplazado hasta Burgos, donde ha atendido a los medios de comunicación, y les ha mostrado su sorpresa después de que el líder de los populares, Alberto Núñez Feijoó, llamase a la "lealtad con Euskadi". «Lo que queremos- en VOX- es lealtad con España, con todas y cada una de las provincias de España y, por tanto, con todas y cada una de las provincias de Castilla y de León", ha explicado.

Buxadé también ha querido hablar de vivienda, y ha recordado que las competencias las tienen "quienes gobiernan las comunidades autónomas". Y ha reivindicado una política de vivienda pensada para las familias, y el crecimiento demográfico, pensando en "la prioridad nacional por encima de todo". Así, la vivienda de protección oficial iría a los españoles que lo necesitan.

En este sentido, ha apostado por la "ciudades amables", que son todo lo contrario a las que tienen la imposición de las Zonas de Bajas Emisiones, e "imponen sanciones a los nacionales para circular en el territorio de nuestras propias ciudades". » Y también la ordenación del territorio es competencia de las comunidades autónomas», ha recordado.

Buxadé no ha dejado pasar la cuestión de la seguridad, en una ciudad donde, en el último año, los delitos contra la libertad sexual han crecido un 20%. Frente a esas cifras: «Queremos deportaciones inmediatas; queremos que las órdenes de expulsión se puedan ejecutar de forma inmediata; queremos que sea un delito entrar ilegalmente en el territorio nacional; queremos que aquellos que cometen dos o más delitos sean deportados inmediatamente del territorio nacional; queremos que toda condena por un delito superior a dos años de prisión lleve aparejada inmediatamente la expulsión del territorio nacional; queremos centros de retorno de los inmigrantes ilegales; queremos tenerlos concentrados a la espera de la expulsión, centros de retorno donde puedan estar en un régimen de régimen cerrado, sin salir, sin perturbar la vida y la convivencia de los vecinos, seis meses, siete meses, diez meses, doce meses, los que sean necesarios para que vuelvan a sus países de origen».

Y ha apostado por la «prohibición de entrada en el territorio nacional», que, además, «queremos se extienda a todo el territorio de la Unión Europea y que dure el tiempo que sea preciso, incluso una prohibición permanente, cuando esa persona la hemos expulsado por suponer un riesgo a la seguridad nacional».

Para concluir, ha abogado por que «toda orden de expulsión lleve inmediatamente aparejada la prohibición de percibir prestaciones sociales, de percibir ayudas sociales». Algo que, ha recordado Buxadé, es de competencia autonómica».