Lo que está ocurriendo con la educación en España ya no admite eufemismos ni matices diplomáticos. No estamos ante una crisis, ni siquiera ante un deterioro progresivo: estamos ante un auténtico proceso de demolición. Un sistema que durante décadas ha sido sometido a la arbitrariedad política, al experimentalismo ideológico y a una irresponsabilidad legislativa difícilmente justificable.

Ocho leyes educativas en cuarenta años no son una anomalía técnica: son la prueba de un fracaso colectivo. Cada gobierno ha utilizado la educación como un instrumento de ingeniería social, imponiendo su visión, desmontando la anterior y dejando tras de sí un sistema cada vez más débil, más fragmentado y más incapaz de cumplir su función esencial: transmitir conocimiento y formar ciudadanos libres.

El resultado es devastador. España no solo pierde posiciones en los rankings internacionales: pierde algo mucho más grave, la cultura del esfuerzo, el respeto al conocimiento y la autoridad del maestro. Se ha construido un modelo que premia la mediocridad, que diluye la exigencia y que convierte el aprobado en un trámite burocrático en lugar de una conquista intelectual.

Mientras tanto, el alumno ha dejado de ser el centro del sistema para convertirse en el pretexto. Todo gira en torno a discursos vacíos —inclusión mal entendida, emocionalidad superficial, pedagogías de moda— que en demasiadas ocasiones sirven para ocultar una realidad incómoda: cada vez se aprende menos. Y lo que es peor, cada vez importa menos que así sea.

El profesorado, convertido en el último dique de contención, soporta el desgaste de un sistema que le exige todo y le respalda en nada. Se le ha arrebatado la autoridad, se le ha cargado de burocracia inútil y se le ha dejado solo frente a aulas cada vez más difíciles. Sin respeto al profesor, no hay educación posible. Y hoy, ese respeto está seriamente erosionado.

A esto se suma una fragmentación territorial que roza lo inaceptable. España ha dejado de tener un sistema educativo para pasar a tener varios, distintos, desiguales y en ocasiones incompatibles entre sí. Currículos divergentes, imposiciones lingüísticas y criterios arbitrarios han convertido el derecho a la educación en una lotería geográfica. Nacer en una comunidad u otra ya no es una circunstancia: es una ventaja o una condena.

El documento impulsado por expertos de la sociedad civil no hace sino confirmar lo evidente: el sistema está roto. Y lo está porque quienes debían protegerlo lo han utilizado. Porque se ha renunciado a la excelencia en nombre de la comodidad, a la verdad en nombre de la ideología y al futuro en nombre del corto plazo político.

La pregunta ya no es si hace falta una reforma. La pregunta es si existe voluntad de asumir el coste de hacerla. Porque reconstruir el sistema exige algo que la política española ha evitado sistemáticamente: renunciar al control ideológico de la educación y aceptar que hay principios que no pueden cambiar cada cuatro años.

Un país que trivializa su educación está cavando su propia decadencia. Un país que no exige a sus jóvenes se está preparando para competir en inferioridad permanente. Y un país que convierte la escuela en un campo de batalla ideológico está sembrando división donde debería construir cohesión.

España no necesita otra ley educativa. Necesita estabilidad, rigor y una recuperación urgente del sentido mismo de educar: enseñar, exigir y formar.

Porque si la educación cae, todo lo demás cae detrás. Y en España, hace tiempo que empezó a caer.