Hay decisiones que no son técnicas. Son políticas. Y, sobre todo, reveladoras. La que hoy rodea a Aena y al Gobierno español es una de ellas.

Mientras los aeropuertos regionales pierden rutas, pasajeros y oportunidades, el Estado celebra un dividendo récord de 834 millones de euros. No es un matiz contable. Es una declaración de prioridades.

Porque detrás de esa cifra hay algo más profundo: una estructura que penaliza a la España periférica en favor de la concentración económica. Aeropuertos semivacíos, con infraestructuras infrautilizadas hasta en un 70%, conviven con una política de tasas que encarece operar en ellos y expulsa a las aerolíneas.

No se trata de un fallo del mercado. Se trata de un diseño.

El Estado controla el 51% de Aena. Decide, por tanto, la política tarifaria. Y, aun así, permite —cuando no impulsa— subidas de tasas que alcanzan el 21% más la inflación en el horizonte regulatorio. En paralelo, observa cómo desaparecen rutas en ciudades que no pueden permitirse perderlas. La consecuencia no es abstracta: menos turismo, menos inversión, menos empleo.

Y, sin embargo, el dinero fluye. Pero no hacia donde se genera.

La inversión en aeropuertos internacionales —Reino Unido, Brasil, Latinoamérica— contrasta con la inacción en territorio nacional. Es difícil sostener que se apuesta por el equilibrio territorial cuando el capital se exporta y la infraestructura doméstica se degrada silenciosamente.

Aquí no hay neutralidad posible. O se utiliza un monopolio público para vertebrar el país o se convierte en una máquina de extracción de rentas.

El argumento de la rentabilidad inmediata es tentador. Pero es, también, profundamente miope. Cada ruta perdida en un aeropuerto regional es una cadena económica que se rompe: hoteles vacíos, restaurantes cerrados, empleo que no llega. El dividendo de hoy puede ser el déficit estructural de mañana. Dinero para hoy y hambre para mañana.

La advertencia de Ryanair no debería leerse solo como la queja de una aerolínea. Es el síntoma de un problema mayor: la pérdida de competitividad de un modelo aeroportuario que, lejos de expandirse, se contrae hacia unos pocos nodos principales.

España no es solo sus grandes capitales. Nunca lo ha sido. Pero decisiones como esta dibujan un mapa cada vez más desigual, donde el acceso —físico, económico, territorial— se convierte en privilegio.

La cuestión es sencilla, aunque incómoda: ¿Está el Gobierno radical y extremista de Pedro Sánchez gestionando Aena como una herramienta de cohesión nacional o como una fuente de ingresos a corto plazo? Porque no se pueden sostener ambas cosas al mismo tiempo.

Y el país —especialmente el que queda fuera del foco— empieza a pagar el precio.