Guardias civiles muertos, Gobierno responsable y Estado ausente: el escándalo de una guerra contra el narco librada sin medios
La muerte de dos guardias civiles durante la persecución de una narcolancha frente a las costas de Huelva no es solamente una tragedia. Es también una acusación. Una acusación brutal contra años de abandono político, de discursos vacíos y de una irresponsabilidad institucional que ha permitido que el narcotráfico convierta determinadas zonas del sur de España en auténticos territorios de impunidad.
Mientras los funerales se celebran entre lágrimas, abrazos y banderas a media asta, conviene decir con claridad lo que demasiados responsables públicos llevan años evitando reconocer: los agentes de la Guardia Civil están librando una guerra desigual contra organizaciones criminales cada vez más violentas, más ricas y mejor equipadas.
No puede combatirse a mafias multimillonarias con medios insuficientes, embarcaciones envejecidas, plantillas agotadas y promesas políticas que nunca llegan a cumplirse. No puede exigirse heroísmo permanente a hombres y mujeres que salen cada día al mar sabiendo que enfrente tienen delincuentes capaces de mover toneladas de droga, disponer de tecnología de última generación y actuar con una sensación creciente de impunidad.
España lleva demasiado tiempo contemplando el narcotráfico como un problema periférico, casi folclórico en algunas zonas. Durante años se toleró socialmente la presencia de narcolanchas en determinadas costas, mientras asociaciones profesionales y sindicatos policiales advertían de que la situación estaba degenerando hacia escenarios propios de estructuras criminales cada vez más agresivas y organizadas. Y, como casi siempre ocurre, las advertencias fueron ignoradas… hasta que llegaron los muertos.
La imagen resulta tan vergonzosa como insoportable: guardias civiles jugándose la vida en persecuciones extremas mientras desde los despachos de ese indigente moral que es Fernando Grande-Marlaska se multiplican las declaraciones solemnes, los minutos de silencio y los mensajes institucionales perfectamente redactados para las cámaras. Pero las coronas de flores no sustituyen a los medios materiales. Las condolencias no reemplazan a las patrulleras adecuadas. Los homenajes no corrigen años de dejadez gubernamental.
Porque aquí ya no hablamos únicamente de narcotráfico. Hablamos de autoridad del Estado. Hablamos de la (in) capacidad real de España para controlar partes de su territorio marítimo. Hablamos de agentes que trabajan bajo una presión insoportable mientras observan cómo muchos de los delincuentes a los que persiguen regresan rápidamente a las calles. Y hablamos también de una clase política socialista que, demasiadas veces, parece más preocupada por el coste electoral de determinadas decisiones que por proteger de verdad a quienes sostienen la seguridad del país.
Resulta especialmente indignante que las reivindicaciones históricas de los agentes vuelvan a reaparecer únicamente después de cada tragedia. Se repite siempre el mismo ritual: muerte, conmoción, homenajes, promesas y olvido. Hasta la siguiente tragedia. Hasta el siguiente funeral.
Mientras tanto, las organizaciones criminales siguen creciendo. El narcotráfico ya no es únicamente una cuestión de droga. Es corrupción, blanqueo, violencia, infiltración económica y destrucción del tejido social. Allí donde el narco se consolida, el Estado retrocede. Y cuando el Estado retrocede, quienes quedan en primera línea son precisamente esos guardias civiles que hoy muchos elogian, pero a quienes durante años se ha dejado trabajar en condiciones que ellos mismos denuncian como insuficientes.
Hay algo obsceno en pedir sacrificios ilimitados a quienes patrullan el mar mientras se discute eternamente sobre presupuestos, competencias y cálculos partidistas. El Estado no puede exigir a sus agentes que actúen como héroes porque no es capaz de tratarlos como profesionales imprescindibles.
Jerónimo y Germán —los dos agentes fallecidos— no murieron únicamente en una persecución marítima. Murieron también en medio de una política de seguridad que lleva demasiado tiempo reaccionando tarde.
Y si después de este golpe todo continúa igual (que continuará), entonces la responsabilidad ya no será solo del narcotráfico. Será también de quienes, pudiendo reforzar medios, endurecer estrategias y proteger mejor a las fuerzas de seguridad, prefirieron mirar hacia otro lado.
La muerte de dos guardias civiles durante la persecución de una narcolancha frente a las costas de Huelva no es solamente una tragedia. Es también una acusación. Una acusación brutal contra años de abandono político, de discursos vacíos y de una irresponsabilidad institucional que ha permitido que el narcotráfico convierta determinadas zonas del sur de España en auténticos territorios de impunidad.
Mientras los funerales se celebran entre lágrimas, abrazos y banderas a media asta, conviene decir con claridad lo que demasiados responsables públicos llevan años evitando reconocer: los agentes de la Guardia Civil están librando una guerra desigual contra organizaciones criminales cada vez más violentas, más ricas y mejor equipadas.
No puede combatirse a mafias multimillonarias con medios insuficientes, embarcaciones envejecidas, plantillas agotadas y promesas políticas que nunca llegan a cumplirse. No puede exigirse heroísmo permanente a hombres y mujeres que salen cada día al mar sabiendo que enfrente tienen delincuentes capaces de mover toneladas de droga, disponer de tecnología de última generación y actuar con una sensación creciente de impunidad.
España lleva demasiado tiempo contemplando el narcotráfico como un problema periférico, casi folclórico en algunas zonas. Durante años se toleró socialmente la presencia de narcolanchas en determinadas costas, mientras asociaciones profesionales y sindicatos policiales advertían de que la situación estaba degenerando hacia escenarios propios de estructuras criminales cada vez más agresivas y organizadas. Y, como casi siempre ocurre, las advertencias fueron ignoradas… hasta que llegaron los muertos.
La imagen resulta tan vergonzosa como insoportable: guardias civiles jugándose la vida en persecuciones extremas mientras desde los despachos de ese indigente moral que es Fernando Grande-Marlaska se multiplican las declaraciones solemnes, los minutos de silencio y los mensajes institucionales perfectamente redactados para las cámaras. Pero las coronas de flores no sustituyen a los medios materiales. Las condolencias no reemplazan a las patrulleras adecuadas. Los homenajes no corrigen años de dejadez gubernamental.
Porque aquí ya no hablamos únicamente de narcotráfico. Hablamos de autoridad del Estado. Hablamos de la (in) capacidad real de España para controlar partes de su territorio marítimo. Hablamos de agentes que trabajan bajo una presión insoportable mientras observan cómo muchos de los delincuentes a los que persiguen regresan rápidamente a las calles. Y hablamos también de una clase política socialista que, demasiadas veces, parece más preocupada por el coste electoral de determinadas decisiones que por proteger de verdad a quienes sostienen la seguridad del país.
Resulta especialmente indignante que las reivindicaciones históricas de los agentes vuelvan a reaparecer únicamente después de cada tragedia. Se repite siempre el mismo ritual: muerte, conmoción, homenajes, promesas y olvido. Hasta la siguiente tragedia. Hasta el siguiente funeral.
Mientras tanto, las organizaciones criminales siguen creciendo. El narcotráfico ya no es únicamente una cuestión de droga. Es corrupción, blanqueo, violencia, infiltración económica y destrucción del tejido social. Allí donde el narco se consolida, el Estado retrocede. Y cuando el Estado retrocede, quienes quedan en primera línea son precisamente esos guardias civiles que hoy muchos elogian, pero a quienes durante años se ha dejado trabajar en condiciones que ellos mismos denuncian como insuficientes.
Hay algo obsceno en pedir sacrificios ilimitados a quienes patrullan el mar mientras se discute eternamente sobre presupuestos, competencias y cálculos partidistas. El Estado no puede exigir a sus agentes que actúen como héroes porque no es capaz de tratarlos como profesionales imprescindibles.
Jerónimo y Germán —los dos agentes fallecidos— no murieron únicamente en una persecución marítima. Murieron también en medio de una política de seguridad que lleva demasiado tiempo reaccionando tarde.
Y si después de este golpe todo continúa igual (que continuará), entonces la responsabilidad ya no será solo del narcotráfico. Será también de quienes, pudiendo reforzar medios, endurecer estrategias y proteger mejor a las fuerzas de seguridad, prefirieron mirar hacia otro lado.
