La Audiencia Nacional ha dado un giro de enorme alcance político y judicial al caso Plus Ultra al citar como investigado al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, falsedad documental y blanqueo de capitales relacionados con el rescate público de 53 millones de euros concedido a la aerolínea durante la pandemia. 

El magistrado José Luis Calama, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4, sostiene en su auto que existen indicios de la existencia de “una estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias” presuntamente encabezada por Zapatero, cuya finalidad habría sido obtener beneficios económicos mediante la intermediación y el uso de relaciones políticas e institucionales. 

Según la resolución judicial, la investigación detecta la existencia de “contraprestaciones económicas” canalizadas a través de sociedades vinculadas al empresario Julio Martínez Martínez, considerado una pieza clave del entramado investigado y estrecho colaborador del expresidente. El juez sostiene que dichas operaciones podrían guardar una relación directa con la aprobación y desembolso de las ayudas públicas concedidas a Plus Ultra. 

Uno de los elementos más delicados del auto judicial hace referencia a la supuesta utilización de contratos de asesoría “elaborados ad hoc” y pagos directos e indirectos destinados tanto al propio Zapatero como a empresas vinculadas a su entorno familiar, entre ellas Whathefav S.L., sociedad relacionada con sus hijas y cuya sede fue registrada este martes por la UDEF. 

La investigación también apunta a una posible ramificación internacional de la trama. El juez afirma que, siguiendo instrucciones atribuidas al expresidente, se habría impulsado la creación de al menos una sociedad “offshore” en Dubái, presuntamente utilizada para canalizar operaciones económicas bajo sospecha. 

Además de citar a Zapatero para declarar el próximo 2 de junio, la Audiencia Nacional ordenó este martes registros en su despacho profesional de la calle Ferraz y en varias sociedades mercantiles relacionadas con la investigación. En los operativos participaron incluso unidades policiales especializadas en apertura de cajas fuertes y localización de documentación oculta. 

El auto judicial considera especialmente relevante que la supuesta influencia ejercida no perseguía una expectativa política genérica, sino una resolución administrativa concreta: la aprobación del rescate económico a Plus Ultra con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia creado durante la crisis sanitaria.

La investigación se inició tras diversas alertas internacionales relacionadas con posibles operaciones de blanqueo de capitales detectadas en Suiza y Francia. Según diversas informaciones conocidas este martes, el juez atribuye al expresidente el cobro presuntamente irregular de cerca de dos millones de euros procedentes de distintas sociedades investigadas. 

La imputación de Zapatero ha provocado un auténtico terremoto político en España. Mientras el PSOE ha cerrado filas en defensa del expresidente apelando a la presunción de inocencia, PP y Vox han exigido explicaciones inmediatas al Gobierno de Pedro Sánchez y han reclamado transparencia total sobre el rescate de Plus Ultra y las conexiones políticas investigadas por la Audiencia Nacional.