A las seis de la mañana del 19 de mayo de 2026, varios vehículos de la UDEF avanzaban lentamente por las calles todavía húmedas de Madrid. Algunos agentes llevaban horas despiertos. Otros repasaban por última vez los nombres, domicilios y sociedades mercantiles incluidos en el operativo. No era una investigación cualquiera. En el centro del dispositivo figuraba el nombre de un expresidente del Gobierno de España: el socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Las órdenes judiciales autorizaban registros simultáneos, acceso a teléfonos móviles, incautación de documentación física y digital, apertura de cajas fuertes y análisis de dispositivos electrónicos. Incluso contemplaban la posibilidad de localizar criptomonedas y asegurar cuentas digitales antes de que pudieran ser borradas. La Audiencia Nacional sospechaba que tras años de relaciones empresariales opacas, consultorías ambiguas y sociedades interpuestas podía ocultarse algo mucho mayor: una estructura organizada para influir políticamente y mover dinero bajo apariencia legal.

El corazón operativo de aquella supuesta red, según el juez José Luis Calama, estaba en un despacho de la calle Ferraz. Allí, sostiene el auto, “se impartían instrucciones”, “se gestionaban comunicaciones sensibles” y “se articulaba la operativa financiera y societaria”.

Durante meses, los investigadores habían reconstruido mensajes, llamadas, contratos y movimientos bancarios. El dibujo que emergía resultaba inquietante: empresarios buscando rescates públicos en plena pandemia, intermediarios hablando abiertamente de contactos políticos, sociedades sin actividad real moviendo fondos y una red internacional que conectaba Madrid con Caracas y Dubái.

Todo comenzó en marzo de 2020. España acababa de paralizarse por el Covid. Los aviones permanecían en tierra, las compañías aéreas se asfixiaban y el Estado preparaba miles de millones de euros en ayudas públicas.

En ese contexto aparece Rodolfo Reyes, directivo de Plus Ultra, lanzando un mensaje que hoy figura incorporado al sumario judicial: “Necesitamos llegar a las ayudas (...). A ver qué se te ocurre a nivel político. Dónde tocar puertas”. La respuesta fue inmediata: “Tocamos a Ábalos”.

Aquellas conversaciones muestran una obsesión constante: abrir canales políticos, activar contactos, acercarse al Ministerio de Transportes y llegar al núcleo de poder que podía desbloquear rescates y financiación.

Días después surge otro nombre: Zapatero.

“¿Tú crees que podamos pedir ayuda a Zapatero?”, pregunta Rodolfo Reyes en uno de los mensajes intervenidos. La respuesta llega enseguida: “Voy buscando cómo llegarle a ZP”.

La investigación sostiene que, desde ese momento, comienza a activarse toda una red de intermediación política y empresarial. Aparecen empresarios venezolanos, operadores financieros, asesores, sociedades instrumentales y figuras conectadas con el entorno del antiguo presidente socialista.

Los mensajes reflejan un lenguaje crudo, casi obsceno en ocasiones. “Vamos a follar, aunque sea pagando un poquitín”, responde uno de los interlocutores al hablar de obtener acceso político.

En abril de 2020, según el auto del juez, los implicados celebran haber construido “el puente con ZP”. Poco después aparece otro mensaje clave: “Zapatero me va a llamar”.

La investigación describe entonces una maquinaria cada vez más sofisticada. Ya no se trata solo de llamadas o contactos políticos. Empiezan a aparecer sociedades mercantiles utilizadas —presuntamente— para mover dinero y emitir facturas de asesoría cuya actividad real resulta difícil de acreditar.

El juez identifica una red compleja de sociedades: Análisis Relevante, Whathefav, Sofgestor, Inteligencia Prospectiva, Voli Analítica o Idella Consulenza Strategica. Algunas, sostiene el auto, servían para “canalizar fondos”. Otras actuaban como “sociedades finalistas”. Varias habrían emitido documentación y contratos “ad hoc” para dar cobertura formal a operaciones bajo sospecha.

Whathefav aparece como uno de los nombres más sensibles del sumario. La empresa, vinculada formalmente a las hijas de Zapatero, habría recibido fondos procedentes de distintas sociedades conectadas con la trama investigada.

Pero quizás el momento más impactante del auto llega cuando aparecen referencias explícitas a comisiones y “mordidas”.

Uno de los directivos investigados habla de una “finance boutique” montada alrededor de la operación y añade una frase demoledora: “Por ahí vendrá la mordida”.

Los investigadores creen que aquella “boutique financiera” habría servido para canalizar pagos relacionados con las gestiones políticas realizadas para facilitar financiación y ayudas públicas a Plus Ultra.

Mientras tanto, la red seguía ampliándose.

Los mensajes muestran referencias constantes a José Luis Ábalos, a Koldo García —descrito como “la mano derecha del ministro”— y a reuniones con responsables del Ministerio de Transportes.

En julio de 2020, según el auto, directivos de Plus Ultra ya celebraban reuniones con altos cargos del ministerio mientras continuaban las conversaciones internas sobre cómo asegurar el respaldo político necesario para acceder al fondo estatal de rescate empresarial creado durante la pandemia.

La investigación sostiene que, paralelamente, comenzaba otra operación mucho más discreta: la internacionalización del dinero.

Ahí entra Dubái.

Según el juez, varias sociedades vinculadas al entorno investigado habrían servido para desviar fondos fuera de España mediante estructuras radicadas en Emiratos Árabes Unidos. El auto menciona específicamente a Idella Consulenza Strategica como vehículo para desplazar pagos relacionados con Plus Ultra hacia cuentas y sociedades situadas en la zona franca de Dubái.

El documento judicial habla de “canales financieros opacos”, “sociedades instrumentales” y “documentación simulada”. También describe comunicaciones constantes con operadores y autoridades de Venezuela, China y Emiratos Árabes Unidos.

Para cuando la UDEF de la Guardia Civil llamó a las puertas de Ferraz aquella mañana de mayo de 2026, los investigadores ya no veían simples irregularidades administrativas. Lo que creían tener delante era algo mucho más grave: una estructura estable de influencia política, dinero y poder que, presuntamente, habría operado durante años alrededor del rescate de Plus Ultra.

Ahora será la Justicia quien determine si aquellos indicios terminan convirtiéndose en condenas o se desmoronan durante el proceso judicial.

Pero el golpe político ya está dado.

Porque quizá la frase más devastadora de todo el auto no sea la que habla de Dubái, de las mordidas o de las sociedades pantalla. Quizá sea otra mucho más sencilla, escrita casi con frialdad burocrática por el magistrado instructor: “En el vértice de la estructura se sitúa José Luis Rodríguez Zapatero”.