La pregunta habría parecido delirante hace apenas unos años. Hoy, sin embargo, ya no pertenece únicamente al terreno de la confrontación política o del exceso retórico. Ha entrado de lleno en el ámbito judicial. Y lo ha hecho de la peor manera posible para el principal partido del Gobierno de España: mediante un auto demoledor de la Audiencia Nacional que menciona expresamente indicios compatibles con delitos de organización criminal, tráfico de influencias, revelación de secretos, obstrucción a la justicia y actuaciones coordinadas para proteger intereses políticos y personales.

Conviene empezar por una precisión fundamental: el PSOE no ha sido declarado organización criminal. Ni siquiera está formalmente imputado como partido político. En un Estado de derecho, las responsabilidades penales deben individualizarse y la presunción de inocencia sigue siendo un principio irrenunciable. Pero sería igualmente irresponsable ignorar la magnitud jurídica y política de lo que está ocurriendo.

Porque el auto del juez Pedraz no describe simplemente comportamientos aislados de determinados individuos. Describe una estructura presuntamente organizada, estable y coordinada alrededor del partido y de su aparato dirigente. Y ahí es donde aparece la cuestión verdaderamente explosiva: ¿puede un partido político llegar a ser considerado una organización criminal? ¿Y podría, llegado el caso, ser suspendido o incluso ilegalizado?

La legislación española contempla escenarios extraordinarios de ilegalización de partidos políticos. La Ley Orgánica de Partidos Políticos de 2002 permitió ilegalizar a Batasuna, ANV o el Partido Comunista de las Tierras Vascas por considerarse instrumentos subordinados a la banda terrorista ETA. Aquellas ilegalizaciones se fundamentaron no solo en delitos concretos, sino en la utilización sistemática del partido como herramienta al servicio de una organización criminal y terrorista.

Sin embargo, trasladar ese precedente al PSOE resulta enormemente complejo desde un punto de vista jurídico.

Primero, porque la ilegalización de un partido político constituye una medida extrema que afecta directamente al pluralismo democrático protegido por la Constitución. El Tribunal Constitucional y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos han insistido reiteradamente en que solo puede aplicarse ante amenazas gravísimas al orden democrático y mediante pruebas extraordinariamente sólidas.

Segundo, porque el auto de Pedraz, pese a su enorme dureza, se centra por ahora en personas concretas y en conductas determinadas. El juez habla de un “grupo organizado” y describe actuaciones presuntamente coordinadas desde el entorno del PSOE, incluyendo reuniones en Ferraz, utilización de recursos del partido y acceso a estructuras internas. Pero eso no equivale todavía, jurídicamente, a afirmar que el PSOE como organización haya sido constituido para delinquir o que su actividad principal sea criminal. Ahí reside la frontera decisiva.

Para que pudiera abrirse un escenario real de suspensión o ilegalización deberían acreditarse extremos muchísimo más graves: que la dirección del partido conocía, amparaba o integraba estructuralmente esas actividades; que existía financiación sistemática vinculada a delitos; o que el aparato del partido actuaba de manera orgánica como instrumento de una red criminal estable. Y, aun así, el recorrido judicial y constitucional sería probablemente larguísimo y políticamente explosivo.

Ahora bien, el problema de fondo quizá no sea únicamente jurídico. Es moral e institucional.

Porque aunque el PSOE jamás fuera ilegalizado —algo hoy lejano e improbable—, el mero hecho de que la Audiencia Nacional autorice registrar Ferraz y acceder a servidores, correos, agendas, contratos, viajes y comunicaciones internas del partido supone ya, a pesar de lo que diga un idiota moral como Pedro Sánchez, un terremoto político de dimensiones históricas.

La democracia española entra en una zona extremadamente delicada cuando el partido que controla el Gobierno aparece relacionado en una investigación judicial con presuntas operaciones de influencia sobre procedimientos policiales y judiciales, campañas mediáticas coordinadas y utilización de recursos orgánicos para fines opacos. Porque el daño institucional no depende únicamente de una eventual condena futura. El deterioro comienza en el mismo momento en que millones de ciudadanos perciben que las fronteras entre partido, Gobierno y Estado empiezan a desdibujarse.

Y ahí es donde la cuestión adquiere una dimensión histórica.

España ya ha vivido grandes escándalos políticos: Filesa, GAL, Gürtel, los ERE, Pujol, Kitchen. Pero el auto de Pedraz introduce un elemento distinto y especialmente inquietante: la sospecha de que parte de las estructuras de poder político podrían haberse utilizado no solo para enriquecerse o influir administrativamente, sino para intervenir sobre el propio funcionamiento del sistema institucional y judicial. Eso explica la enorme gravedad del momento.

Porque las democracias no suelen derrumbarse de manera repentina. Se degradan lentamente cuando el poder empieza a sentirse inmune. Cuando los partidos dejan de verse como instrumentos al servicio de la nación y comienzan a comportarse como estructuras de autoprotección. Cuando la lealtad al aparato pasa a estar por encima de la lealtad a las instituciones.

La gran pregunta, por tanto, quizá no sea todavía si el PSOE puede ser ilegalizado. La verdadera pregunta es otra mucho más incómoda: cómo ha sido posible que el principal partido del Gobierno de España haya llegado siquiera a verse rodeado por sospechas judiciales de semejante magnitud.